Nicaragua está en el centro de la miradas del mundo luego de conocerse los arrestos del gobierno de Daniel Ortega contra dirigentes opositores. La serie de detenciones comenzó a principios del mes de junio con la periodista e hija de la ex presidenta, Violetta Barrio de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios.
Chamorro Barrios es la mejor posicionada para las elecciones de noviembre y ahora fue acusada de lavado de dinero. Con el correr de los dÃas llegaron los arrestos para otros candidatos: Arturo Cruz Sequeira por "atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ambos por "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos".
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La última detención es las más curiosa. Se trata de Dora MarÃa Téllez quien, además de ser dirigente de la Unión Democrática Renovadora, fue comandante guerrillera del sandinismo en 1970 y participó del primer gobierno de Ortega en 1984. Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres y VÃctor Hugo Tinoco son los otros dirigentes presos, los dos últimos sandinistas disidentes.
El régimen nicaraguense se aferra en un marco legal hecho a la medida de Ortega que contiene las leyes de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, que le dan luz verde para perseguir.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la SoberanÃa y la Autodeterminación para la Paz dice: "Todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurÃdico, serán 'Traidores a la Patria' por lo que no podrán optar a cargos de elección popular".
Daniel Ortega fue el primer presidente sandinista tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Gobernó de 1984 a 1990 hasta que perdió las elecciones. Luego volvió en 2007, reformó la Constitución e inició un viraje autoritario en el cual fue diseñando las instituciones a su beneficio.
De todas formas, la agudización de la crisis no comenzó con su segundo retorno victorioso al paÃs sino luego de lograr su tercer mandato con el 62 por ciento de los votos que le permitió el control absoluto de la Asamblea Nacional.
El punto de quiebre del régimen de Ortega fue en 2018 cuando quiso impulsar una reforma previsional que desató una crisis que terminó con más 300 muertos por la represión estatal.
Esto rompió el gobierno de "Unidad Nacional" que sostuvo Daniel Ortega desde 2007 y estaba compuesta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Iglesia Católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada. Estos dos últimos abandonaron la coalición y aislaron al presidente que los acusó de golpistas y, con el control de los resortes del Estado, reprimió con violencia.
También fracturó la relación con Estados Unidos que durante estos 12 años habÃa sido muy buena, bastante lejos de la retórica antiimperialista. De 2007 a 2015 el crecimiento de las exportaciones fue de 11 por ciento y el gobierno caribeño tiene firmados Tratados de Libre Comercio con EEUU, México, la Unión Europea y Taiwán.
"Nicaragua será el cuarto paÃs latinoamericano con mayor crecimiento y el segundo de la región", proyectaba la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 4 de agosto en 2017. A su vez, el FMI informaba por entonces que el paÃs centroamericano serÃa la segunda economÃa de mayor crecimiento en los próximos años, con 4.7% en 2018. ¿Cuándo publicó esto? El 18 de abril de 2018, el dÃa que se anunció la polémica reforma previsional que desató la crisis.
A su vez, el sector privado que invirtió cuatro mil millones de dólares a la economÃa desde 2008 y tuvo un papel en la atracción de inversión privada que robusteció el modelo de consenso pregonado por el gobierno y le garantizó una buena relación con los paÃses desarrollados y los Organismos Multilaterales.
La situación cambió sustancialmente, el gobierno centralizó su poder en Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo y puso fuerzas policiales y parapoliciales a limpiar el escenario de todo atisbo de disidencia.
Las denuncias de los organismos de Derechos Humanos como la CIDH, Human Right Watch y Naciones Unidas se repiten y las alianzas de Ortega se limitan a las sociedades históricas con Cuba y Venezuela.
EEUU, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones contra funcionarios y Julie Chung, subsecretaria asistente para América Latina del Departamento de Estado calificó los arrestos de arbitrarios y denunció una"campaña de terror".
Desde CancillerÃa argentina reconocieron a LPO que "están mirando con lupa" lo que está pasando y están predispuestos a aceptar el pedido del gobierno de Biden para que Alberto Fernández oficie de mediador, tal como contó este medio.
Este martes se pronunciará la OEA pero las chances de que las elecciones del 7 de noviembre se realicen con garantÃas y transparencia se aleja cada dÃa.
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