El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que se hizo cargo de manera interina de la cartera de Transporte, tras el fallecimiento de Mario Meoni, tuvo que definir de manera urgente una salida provisoria para el contrato de mantenimiento y administración del Sistema de Navegación Troncal que vence el viernes.

Sobre la hora, Katopodis decidió extenderlo por 30 días a la actual concesión, la sociedad entre la belga Jan de Nul y la argentina EMEPA S.A., para tener tiempo de encarar una nueva licitación internacional.

Sin embargo, el tema no viene tan sencillo. Hacia adentro del oficialismo, el kirchnerismo duro redobló esfuerzos para avanzar en una estatización del activo logístico más importante del país, por donde salen el 80 por ciento de las exportaciones mientras que el polo agroexportador pretende que el estado de cosas no sufra demasiados cambios.

 [El Congreso interviene en la licitación de la hidrovía con una bicameral de control]

En esos tres meses de plazo, se deberán armar los pliegos y llamar a una licitación internacional ya que según los especialistas, Argentina no cuenta con infraestructura ni capital de trabajo suficiente para hacerse cargo del dragado y balizamiento que requiere el mantenimiento del canal navegable del sistema fluvial Paraná-Paraguay.

A su vez, en las nuevas condiciones se deberá determinar los niveles de calado que se les exigirá al nuevo contratista para las distintas zonas de la hidrovía, lo cual requiere de estudios técnicos y de impacto ambiental que no se consiguen de un día para el otro. El único estudio serio es el que hizo hacer la Bolsa de Comercio de Rosario en 2018.

En consecuencia, Katopodis deberá hacer frente a uno de los contratos más complejos que enfrenta la administración de Alberto, por fuera de la pandemia, y del cual dependerá en gran medida la competitividad del comercio exterior argentino.

 [Tensiones por la prórroga del contrato de la Hidrovía]

Por otro lado, dada las circunstancias, la vicepresidenta Cristina Fernández debió ceder en uno de los pedidos que hizo insistentemente cada vez que se hablaba del tema hidrovía: que la firma Emepa, de Gabriel Romero, que fue el único empresario que admitió haber pagado coimas cuando se lo indagó en la causa de los cuadernos, no estuviese un día más al frente de la Hidrovía a partir del 30 de abril.

Sin embargo, desde las oficinas legales trataron de encontrarle la vuelta para sostener a Jan de Nul en el dragado y desplazar a Emepa del sistema de señalización pero tampoco fue fácil y se corría el riesgo de que el Estado tuviese que enfrentar un juicio millonario. Por lo tanto, Katopodis optó por una extensión corta de solo 90 días, después se verá.