Como parte de la investigación sobre el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, detalló el funcionamiento del "Proyecto AMBA", una estructura de inteligencia montada en el Conurbano bonaerense.

Se trata de una derivación de la investigación sobre Marcelo D'Alessio y que vincula a unos 70 agentes de inteligencia a actividades ilegales en la provincia de Buenos Aires con la excusa de combatir al crimen organizado.

El Proyecto AMBA incluyó la instalación de seis bases de inteligencia en el Conurbano bonaerense, y otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia.

Quien coordinaba las bases era Pablo Gonzalo Pinamonti, desde la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires. Pinamonti tenía a su cargo el despliegue de esas nueve bases de inteligencia y actualmente se encuentra imputado en la causa.

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La resolución, de casi 350 páginas, sostiene que se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas Bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político.

"Durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires", agrega el texto.

Ramos Padilla destaca además que las distintas delegaciones de inteligencia -en particular la de Ezeiza- realizaron constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y comunitarios e información de las patentes de vehículos utilizados para el traslado de manifestantes.

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La estructura se conformó con bases en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza, esta última a cargo del imputado Ricardo Oscar Bogoliuk.

A ese dispositivo se le sumaron en aquel tiempo, además, las tres bases históricas con que contaba la Agencia en el territorio de la provincia (La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca).

En el texto, el juez asegura que se verificó que se fotografiaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes politicos, numeros de telefono, domicilios, resenas politicas y datos familiares, entre otra informacion sensible.

Además, explica que a partir de la documentacion aportada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se pudo acreditar que, aproximadamente entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de la agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia.

"Si bien para el discurso publico se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotrafico o la trata de personas, como veremos, en la practica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo politico", dice la resolución de Ramos Padilla.

El juez pudo observar que la mayor parte de esos informes presentan patrones identicos que permiten identificar una "matriz sistematica dispuesta por la superioridad". Según explica, abordan un tema prestablecido, con un objetivo particular, efectuan un desarrollo de las tareas de inteligencia realizadas y, por ultimo, agregan una serie de archivos adjuntos.

Entre las tareas desarrolladas, pudo advertirse la realizacion de labores de campo directas, con imagenes obtenidas por los agentes que integraban las bases. En otros casos, surge la utilizacion de tecnicas de "ciberpatrullaje", esto es la búsqueda de perfiles de redes sociales de diferentes referentes politicos, con las capturas de pantalla correspondientes y la identificacion de las personas que se observan en las fotografias obrantes en los perfiles compulsados.

Ademas, se pudo comprobar la compulsa de bases abiertas y publicas, tales como medios de comunicacion y sitios de internet, que tambien sirvieron de insumos para la produccion de dichos informes.

A partir de la investigación, se pudo detectar que la enorme mayoria de los informes de inteligencia relevados no refieren a situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigacion de delitos federales complejos. Por el contrario, las bases del Proyecto Amba estaban abocadas principalmente al relevamiento, acumulacion y produccion de informacion sobre personas, actividades politicas y gremiales.