El senador provincial Armando Traferri, acusado de liderar una red del juego clandestino en Santa Fe, se definió como un "perseguido político" y cargó contra los "policías, fiscales y funcionarios implicados en la maniobra persecutoria". Lo hizo este jueves, en la última sesión antes del juicio que enfrentará como presunto líder de una banda dedicada al lavado de activos y al juego clandestino, en la que se presentó un proyecto de comunicación contra la decisión del juez que logró cosechar el apoyo del radicalismo.

La declaración consideró que al avanzar sobre los fueros de Traferri la Justicia actuó de forma "abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales y ha generado un innecesario conflicto de poderes".

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El Senado se refirió así a la decisión del juez José Luis Mascali, quien definió la inconstitucionalidad de los "fueros absolutos" que protegían a Traferri, argumentando que la provincia no puede mantener inmunidades parlamentarias mayores de las que existen a nivel nacional.

El Senado de Santa Fe cuestionó la decisión del juez Mascali de avanzar en el enjuiciamiento de Traferri. El magistrado dictaminó la inconstitucionalidad de los "fueros absolutos" que protegen a los senadores santafesinos.

El pronunciamiento, que tiene nulo valor legal pero fuerte peso político, llevó la firma de los compañeros de bloque de Traferri:  Joaquín Gramajo, Osvaldo Sosa, Rubén Pirola y de los radicales Rodrigo Borla, Lisandro Enrico y Orfilio Marcón, y fue votado por todos los senadores, exceptuando al bloque Lealtad, de Marcelo Lewandowski, alineado con el gobernador Perotti.

Rodrigo Borla, senador radical 

LPO Carolina Niklison

El respaldo de los radicales a Traferri no es nuevo: ese bloque ya había aportado sus votos para evitar su desafuero.

"Está claro quienes fueron socios durante doce años", chicaneó una fuente del oficialismo en alusión a la buena convivencia que tuvieron los senadores liderados por Traferri cuando gobernaron Santa Fe la alianza de socialistas y radicales.

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A Traferri se lo acusa de ser la "pata política" de una red clandestina dedicada al lavado de dinero y al juego ilegal. El "zar del juego" Leonardo Peiti, jefe de la banda de garitos clandestinos, tiene probados vínculos tanto con Traferri como con el líder de Los Monos, Ariel 'Guille' Cantero, quien por estas horas enfrenta un escandaloso juicio por los ataques a balazos a juzgados y otras instituciones.

Los fiscales que investigan la causa acusan a Traferri de ser la "pata política" de una red clandestina dedicada al lavado de dinero y al juego ilegal y tienen probados los vínculos del "zar del juego", Leonardo Peiti,  con el senador y con el líder de Los Monos, Ariel 'Guille' Cantero.

Este es un dato clave para los fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pretta, impulsores de las denuncias contra el senador de San Lorenzo.

Ambos fiscales fueron duramente criticados por Traferri en la sesión de este jueves, donde el senador también cargó contra la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo, fuerza policial de la que se habría valido para cometer varios de los delitos que se le atribuyen.

El senador radical Orfilio Marcón.

"Fui yo quien denunció en este Recinto las maniobras de narcotráfico, puertos secos y trata de personas, delitos que la única manera de que ocurran eran con la complicidad de la Unidad Regional XVII y de las fuerzas políticas", afirmó Traferri haciendo un llamativo repaso de las causas que lo involucran.

 Fui yo quien denunció en este Recinto las maniobras de narcotráfico, puertos secos y trata de personas, delitos que la única manera de que ocurran eran con la complicidad de la Unidad Regional XVII y de las fuerzas políticas 

También hizo una atrevida mención a la "desaparición forzada" de Paula Perassi, joven buscada desde septiembre de 2011, delito que el senador denunció en la Legislatura en varias oportunidades, pero por el que también se lo investiga.

Para los fiscales Edery y Schiappa Pietra, entender el vínculo de Traferri con la cúpula policial de San Lorenzo de los años bajo investigación daría muchas respuestas sobre la desaparición de la joven que, se cree, fue secuestrada por negarse a abortar un hijo del empresario Gabriel Strumia.

"Estamos en un estado policial y el MPA está en un descontrol total", cerró Traferri, atribuyendo su situación procesal a los "carpetazos" del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, funcionario que durante su corto mandato reactivó el avance de las investigaciones que hoy lo comprometen.

El debate de este jueves terminó con una sesión conjunta entre ambas cámaras, donde senadores y diputados resolvieron "remover e inhabilitar" por diez años al fiscal Rodrigo Germán González, quien se desempeñaba en la Fiscalía Regional de Reconquista.

A González se lo acusa de haber cajoneado expedientes relacionados con la misma causa de juego clandestino que vincula a Traferri, y por sustraer unos 700 legajos de su Fiscalía.