Un sector del Frente de Todos en la provincia busca estatizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), un negocio que genera 10.000 millones a las empresas concesionarias, pero apenas 500 millones le quedan al Estado bonaerense.

Quien impulsa el proyecto es el diputado Walter Abarca y en el texto propone que la Provincia y los Municipios se hagan cargo del servicio. El proyecto establece además la creación del Fondo de Desarrollo Vial integrado por las utilidades producidas por la prestación del servicio de VTV.

De la recaudación, el 60% corresponderá a la provincia, mientras que el 40% corresponderá a los municipios. El destino de esos recursos sería mantenimiento, reparación y pavimentación de rutas y caminos en la provincia.

"Es la misma postura que teníamos cuando gobernaba Vidal. En ese entonces, junto con los intendentes del interior, pedíamos que sean los municipios quienes tengan a su cargo al verificación y que ellos coparticipen a la provincia", explicó Abarca a LPO.

La licitación se venció en 2014 y desde entonces todos los años se hace una prórroga. Lo hizo Daniel Scioli en su último año de gestión, lo hizo María Eugenia Vidal y lo sigue haciendo Axel Kicillof.

El mes pasado, Kicillof decidió volver a extender los contratos de concesión. En principio será una prórroga hasta julio con posibilidad de extenderlo por seis meses más.

El mes pasado, Kicillof decidió volver a extender los contratos de concesión. En principio será una prórroga hasta el mes de julio con posibilidad de extenderlo por seis meses más.

Desde el ministerio de Transporte afirman que habrá una nueva licitación aunque no dan detalles de fechas, plazos, ni formatos. La estrategia -explican- es que haya nuevas plantas para descentralizar de algún modo el servicio.

Respecto de la posibilidad de estatizar toman cierta distancia. "Si la Legislatura y el Gobernador así lo disponen, así se hará", afirman desde el ministerio gestionado por el massismo. La respuesta da cuenta de las diferencias hacia el interior de la coalición de gobierno.

Jorge D'Onofrio y Ricardo Lissalde.

En la provincia existen actualmente unas 45 plantas de verificación. Algunas son fijas y están ubicadas en los distritos con mayor población del Conurbano. Mientras que en el interior se trabaja con plantas móviles que van recorriendo los municipios. Los bonaerenses pagan desde 675 pesos para el caso de motocicletas, hasta 3.800 para los automóviles más pesados.

El territorio bonaerense está dividido en once zonas, en la que operan ocho empresas privadas bajo el sistema de concesión con pago de canon al Estado bonaerense.

Pero, a pesar de ser ocho las firmas concesionarias, la realidad es que sólo tres empresarios son los dueños del negocio. Se trata de Alejandro Mosquera, Aitor Retes Aguado y Arnaldo de Marzi.

El último de ellos, por caso, tiene a su nombre tres: Iteveba, Concesionaria Zona 5 y Verauto La Plata, que administran tres zonas y que comprenden 31 distritos. De Marzi es el presidente de SGS Argentina, una empresa multinacional de inspección, verificación, ensayos y certificación. Además ocupó diversos puestos en la Cámara de Comercio Suizo-Argentina y en la Cámara de Empresas de Control de la Argentina.

Alejandro Mosquera, en tanto, es presidente de VTV Norte, concesionaria de las plantas verificadoras de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Campana y Zárate. Hasta 2004, la sociedad anónima estaba integrada, entre otros miembros, por Guillermo Fernández Boan, quien actualmente se desempeña como uno de los vocales de Applus, la tercera compañía concesionaria de las VTV.