Un cambio de reglas a último momento le volvió a cambiar el panorama a la oposición, que aún intenta entender cómo deberá enfrentar la elección de los consejeros de la Magistratura, que se realizarán junto a la de diputados nacionales aunque será la única parte de la boleta que estará en todo el país.

Entre las más de veinte modificaciones que se agregaron ayer luego de que Cristina Kirchner aprobara el pedido de Ricardo Lorenzetti, se coló una con la que el kirchnerismo le puso una nueva traba a los partidos opositores.

El artículo 18 establece que "la oficialización de listas de candidatos a consejeros podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional".

Luego se añade que "a los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas".

En el texto que enviaron los senadores a la Cámara baja se exigía que los candidatos se postulen por "cualquier agrupación política reconocida en al menos cinco distritos". Es la misma cantidad que se les exige a los candidatos a los presidentes, según la ley electoral.

Este cambio fue uno de los puntos en los que coincidieron varios diputados en el inicio de la sesión especial del miércoles. Elisa Carrió denunció que esto es parte de un "acuerdo" entre el oficialismo y algunos partidos de la oposición. "Solo van a poder presentar candidatos a consejeros aquellos partidos que tengan representación en 18 distritos, a saber, el PJ, la UCR y el PRO", argumentó.

Con esta nueva forma se perjudica no solo a los partidos provinciales o menores sino también a aquellos que discuten alianzas en algunas provincias, ya que ahora deberán conformar un frente en al menos 18 distritos con idéntica composición. Por ejemplo, el sector de la UCR de Oscar Aguad negocia acuerdos con el PRO en dos provincias (Corrientes y Tucumán), mientras que en el resto del país el radicalismo está en tratativas con el FAP.

Antes de que las comisiones del Senado emitieran el dictamen de este proyecto, el kirchnerismo cambió de apuro el artículo 3º bis para incorporar la prohibición de que en la elección de consejeros “no podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política”.

Además, también se prohibió que se postulen candidatos por fuera de los partidos políticos: “No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura”.

Por último, el oficialismo impuso una flexibilización total de los requisitos para postularse como representarse del mundo académico y científico. Hasta ahora, se requiere ser “profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales”. A partir de ahora, se podrá aspirar a un lugar en el Consejo siendo “representante” de esos ámbitos con “amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente”. Con esto, los partidos podrán incluir a cualquier político con algún tipo de antecedente académico y de esta forma se politiza completamente el órgano que designa y destituye a los jueces.