La reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional podría recibir un duro revés ya que, según el diario El Cronista, la Corte Suprema de Justicia está analizando impedirla de oficio. El Tribunal podría hacerlo mediante una acordada, sin esperar a tener un caso sobre el cual fallar.

Esta posibilidad de no tener que esperar a que llegue un caso a la Corte fue planteada a Ricardo Lorenzetti por los presidentes de Cámaras de Apelaciones en una reunión que mantuvieron los magistrados el martes de la semana pasada.

Los camaristas hicieron cálculos y prevén que Lorenzetti podría encabezar las firmas de la acordada y que lo acompañarían Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Carlos Fayt. Además, según El Cronista, creen que podría sumarse Elena Highton de Nolasco. En tanto, se descuenta que Eugenio Zaffaroni mantendrá su postura cercana al Gobierno y que Enrique Petracchi buscará evitar confrontaciones debido a que ya está en edad de retirarse y sólo lo sostiene en el cargo una medida cautelar.

Los presidentes de Cámaras sostienen que la reforma impulsada por el Gobierno pone en riesgo la independencia del Poder Judicial ya que le quita a la Corte las atribuciones de manejo de la política salarial y del Presupuesto que las nuevas normas transfieren al nuevo Consejo de la Magistratura.

Los magistrados plantean que el hecho de que los jueces y los abogados ya no serán quienes elijan a sus propios representantes en el Consejo de la Magistratura, romperá el debido equilibrio en ese órgano.

El medio recordó que hay cuatro importantes antecedentes de acordadas contra leyes que pretendieron recortar poder de la Corte, la más reciente cuando ya estaba constituida por sus siete integrantes actuales.

El 1 de noviembre de 2005, con las firmas de Petracchi, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay, actuó respecto de una ley que había dado competencias de los Tribunales Orales del Crimen a las Cámaras Federales del interior, que eran funciones de la Corte como órgano de superintendencia. El anterior antecedente es del 9 de febrero de 2000, cuando declaró inaplicables varios artículos de la Ley de Ética Pública.

Como explicó LPO en varias ocasiones, el objetivo del Gobierno con la reforma del Consejo de la Magistratura es cambiar radicalmente el escenario electoral de octubre nacionalizando una elección que originalmente era distrital. Modificiaciones como la prohibición de que los candidatos puedan presentarse por más de un partido o la flexibilización de los requisitos para postularse como académico, fueron maniobras del oficialismo destinadas a politizar totalmente esos comicios, donde el kirchnerismo buscará un respaldo popular que mantenga con vida su sueño de permanecer en el poder más allá de 2015.