La reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno Nacional ha recibido una avalancha de críticas de opositores y especialistas en temas jurídicos debido a diferentes irregularidades que podrían llevar a que la Justicia declare inconstitucionales las modificaciones.

Pero además de un intento de control a los jueces, la intención oficial fue plantear un escenario totalmente diferente para los comicios de octubre, que ya no serán solamente legislativas (por única vez la elección de los integrantes de la Magistratura coincidirá con la de diputados y senadores, según dispone el artículo 33 del proyecto).

Con la elección popular de los consejeros, lo que hizo el Gobierno fue nacionalizar los comicios y correrle el eje a la oposición, que comenzaba a articular acuerdos distritales pero muy lejos está de un entendimiento a nivel nacional. Además, una modificación de última hora prohibió que los candidatos estén en más de una boleta, por lo que si hay acuerdo deberá ser total.

Este rotundo cambio convierte a la elección de consejeros en la más determinante de la próxima cita electoral, ya que el kirchnerismo buscará conseguir un respaldo popular que le abra la puerta al objetivo real: continuar en el poder más allá del 2015.

La reforma del Consejo tiene otro condimento que le facilitará al oficialismo la “politización” de esa elección: a partir de las modificaciones, los requisitos para postularse como representarse del mundo académico y científico son mucho más sencillos.

Hasta ahora, el artículo 2 de la Ley 24.937 establece que habrá un “representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional”.

A partir de la reforma, y según el artículo 2 del proyecto que debate el Senado serán “seis representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal”.

La amplitud de esa consigna es fenomenal. Según explicó a LPO el constitucionalista Andrés Gil Domínguez el abanico es tan amplio que profesionales de cualquier carrera podrían postularse, aún si nunca ejercieron. “La amplia y reconocida trayectoria la determinan los votantes y nadie más”, afirmó.

Incluso, Gil Domínguez indicó que la norma deja la puerta abierta para que una persona que no tenga título universitario pueda aspirar al Consejo ya que sólo se habla de “representantes del ámbito académico”. Pero fue más allá: “Si inventaste algo y tenés la patente, podés considerarte un científico y postularte”.

¿Qué quiere decir esto? Que la puerta de entrada al Consejo de la Magistratura es cada vez más amplia. “La no formación jurídica es el criterio”, opinó el constitucionalista, que cuestiona que en la nueva norma “no hay parámetros objetivos” para la elección de los académicos.

“Un bioquímico, médico, veterinario, etc. va a determinar la selección y expulsión de los jueces. No hace falta ser abogado para decidir sobre los jueces. Con ese criterio, no haría falta ser abogado para ser juez”, afirmó.

Con este nuevo escenario, lo que hizo el oficialismo es habilitar la posibilidad de imponer a sus figuras políticos como candidatos, aún cuando sus antecedentes académicos o científicos sean nulos. Claro que la oposición también tiene esa oportunidad: el ingeniero Macri, por ejemplo, podría encabezar esta parte de la boleta sin importar su falta de trayectoria profesional.

La mencionada amplitud de la norma también habilitaría a algunos dirigentes que no concluyeron sus estudios universitarios. Así, el oficialismo -que como adelantó LPO maneja la posibilidad de postular a Carlos Zannini- ampliaría el abanico de posibilidades para poder imponer a sus candidatos con mejor imagen.