La nueva "estatización administrativa" de los ferrocarriles anunciada por la presidenta Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa planteó más dudas que certezas y, a priori, dejó la impresión de ser un proyecto sacado de la galera a último momento y que a partir de ahora los funcionarios del ministerio de Transporte comenzarán a darle forma.

Lejos de constituir una medida extrema para eyectar a todos los concesionarios privados de los servicios de pasajeros y cargas, el proyecto oficial abarcaría una “restatización parcial” de la operación de los trenes y una “reorganización interna” de las empresas estatales del sector que fueron creadas en los últimos años por la administración kirchnerista.

De acuerdo con las escuetas explicaciones que brindó del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo y la información suministrada por fuentes del ámbito ferroviario, la movida estatizadora del Gobierno comprendería las siguientes medidas:

-La cancelación anticipada de los “contratos de gerenciamiento” vigentes con las concesionarias privadas “Corredores Ferroviarios” –la empresa operadora privada del grupo Roggio que opera las líneas metropolitanas Mitre y San Martín-- y “Argentren”, la compañía del grupo Romero-Emepa que maneja los ferrocarriles urbanos Roca y Belgrano Sur.

Las cuatro líneas de pasajeros administradas por las firmas privadas pasarán a la órbita de la estatal “Operadora Ferroviaria” que preside el randazzista, Ignacio Casasola. Esta empresa estatal es la que actualmente presta los servicios urbanos de la línea Sarmiento, el Tren de la Costa, los regionales de Chaco y Salta y varios recorridos de larga distancia.

-La continuidad de las “concesiones integrales” que rigen desde mediados de la década del 90 con Metrovías—la empresa privada del grupo Roggio que opera la línea Urquiza—y Ferrovías, la firma del grupo Emepa-Romero que controla los servicios de pasajeros del Belgrano Norte.

Tal como había informado LPO, los contratos de estas líneas fueron renegociados en diciembre pasado por Randazzo, quien por medio de las resoluciones 1603/14 y 1604/14 les reconoció a las concesionarias privadas tres beneficios clave: la actualización de las compensaciones tarifarias, un mecanismo de ajuste automático de los subsidios que incorpora las subas salariales y el impacto inflacionario y el desembolso de más de $ 600 millones para cubrir las obras prioritarias y de mantenimiento previstas hasta mediados de 2016.

-Una reformulación contractual de las concesiones existentes con las compañías privadas de cargas Ferroexpreso Pampeano (del grupo Techint), NCA (que controla Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (del grupo brasileño Camargo Correa).

En estos casos, lo que está previsto es la “recuperación estatal” de las vías y la infraestructura ferroviaria que tienen a su cargo las concesionarias privadas. Con respecto a la ‘’operación” de los trenes, la idea inicial de los funcionarios sería dejarla en manos de las empresas privadas pero con nuevas pautas de manejo que incluirían una mayor disponibilidad de trenes para los productores de las economías regionales.

-El envío al Congreso de un proyecto de ley para crear una nueva empresa estatal denominada “Nuevos Trenes Argentinos”. Con esta movida, la administración kirchnerista apunta a reflotar la megaempresa que fue ‘’Ferrocarriles Argentinos” y que llegó a tener en su época de mayor actividad más de 90.000 empleados.

En la nueva compañía quedarían aglutinadas las siguientes empresas estatales que funcionan actualmente en el sector: ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), OF (Operadora Ferroviaria), Belgrano Cargas y Logística SA (BCYLSA), ARHF (Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios) y el CENACAF (Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria).

Más allá de los anuncios oficiales que dan cuenta de una ‘’toma inmediata’’ del control de las empresas privadas de pasajeros y cargas, los técnicos del área de Transporte estimaron que la concreción efectiva de esos cambios va a demandar entre 60 y 90 días, siempre y cuando las concesionarias salientes no se sientan perjudicadas y lleven sus reclamos a la Justicia.

Tras desmenuzar el anuncio efectuado en el Congreso, algunos analistas del sector advirtieron que el principal argumento que utilizó la presidenta para justificar la estatización no ha dejado bien parado a Randazzo.

Según la Jefa de Estado, con la medida el Gobierno va a ahorrar unos $ 415 millones por los ‘’gastos de gerenciamiento’’ que dejará de pagarle a los operadores privados de las líneas metropolitanas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. Estas líneas—destacó la presidenta—mostraron un aumento en sus gastos de hasta el 77% frente a una suba de sólo el 17% que tuvo el ferrocarril Sarmiento que está en manos estatales.

Ahora bien, esos mayores gastos que cuestionó Cristina Kirchner no salieron de la nada. Son los que figuran en los ‘’contratos de gerenciamiento’’ que la cartera de Randazzo suscribió en febrero del año pasado con las privadas Argentren y Corredores Ferroviarios al transferirle el manejo de las cuatro líneas urbanas.