La pelea entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli por la responsabilidad en levantar la toma de la autopartista Gestamp no terminó con la conciliación obligatoria dictada por la provincia.

Lo dejó claro la ministra de Industria, Débora Giorgi: “La conciliación obligatoria dictada por la provincia de Buenos Aires es una solución facilista que no tiene en cuenta lo que puede ocurrir el día después. Cuando los trabajadores que defienden sus propios intereses vuelvan a trabajar con aquellos a los que pusieron en riesgo”, afirmó.

El ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, dictó la conciliación obligatoria minutos después de que Cristina Kirchner acusara a Scioli de no tomar cartas en el asunto, durante un acto en Santa Cruz.

Lo curioso fue que el gobierno provincial informó de la decisión y a los pocos minutos hizo saber que había sido acatada.

“Es una solución para la foto, no mira lo que puede pasar mañana, no resuelve el problema medular. Las extorsiones permanentes no se pueden tolerar”, enfatizó Giorgi.

Afirmó que detrás del conflicto hay “una cuestión política” que queda en evidencia al ver “quiénes hacen los reclamos” y la “violencia de los mismos”.

“Alcanza con pasar por la puerta de Gestamp y ver las pancartas y las agresiones contra nuestro gobierno para saber quiénes está detrás del conflicto”, remarcó.

La ministra sostuvo que el conflicto está instigado por “espacios políticos con intereses propios” y remarcó: “No es sustentable la permanente extorsión de grupos minúsculos que defienden sus intereses en detrimento de la mayoría de los trabajadores que quieren trabajar”.

Recordó que el conflicto que afecta a unos 2.000 trabajadores de la empresa con sede en Escobar tiene su origen en la situación de 67 operarios que no aceptaron la suspensión “con 100 por ciento de haberes en el bolsillo”.

La situación se agravó esta semana cuando nueve empleados ingresaron a la planta de Gestamp por la noche, tomaron la grúa puente e impidieron que continuara la producción.

“Tomando la planta ponen en riesgo la seguridad de sus compañeros. Subiéndose a la grúa ponen en riesgo su vida y la de sus compañeros”, lamentó la ministra.

“Se trata de gente que quiere defender sus intereses particulares y no conquistas como el derecho a huelga que está garantizado”, sostuvo la funcionaria, quien llamó a “dar los debates políticos en otros lugares” como el Congreso.