La Auditoría General de la Nación (AGN) comenzará a evaluar en detalle el crédito que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a Mauricio Macri en 2018 y los cuatro representantes oficialistas sospechan que el trámite podría estar flojo de papeles, con maniobras similares a las que detectaron en los documentos de deuda de 2017 que se negaron a avalar.

El estudio de la AGN será clave para la causa judicial que investiga supuesta "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de Macri por haber solicitado un crédito bajo condiciones que al poco tiempo no pudo cumplir. Por orden de Alberto Fernández, el Gobierno se constituyó como querellante. 

Además, el resultado de la auditoría se sumará al reclamo que Cristina Kirchner y los senadores hicieron en el FMI sobre una presunta violación de su carta orgánica, al no prevenir que los dólares que prestaron podían fugarse al exterior. La vicepresidenta confía en que, de comprobarse, se podrían negociar mejores condiciones para devolver el crédito. 

La Auditoría no avaló la deuda que tomó Macri en 2017 y lo complica en la justicia 

La operatoria cuestionada de la deuda de 2017 tiene como protagonista una planilla de Excel, la hoja de cálculo preferida de la administración de Cambiemos, que hiciera famosa el ex ministro de Energía Juan José Aranguren cuando dijo usarla para contabilizar los tarifazos de luz y gas de su primer año de gestión.

Como relató LPO, a la AGN llegó otro Excel con las emisiones de deuda pública de 2017 que, según señalaron directores del oficialismo en el dictamen al que tuvo acceso LPO no habían quedado plasmadas en el Sistema de Gestión de la Deuda Pública (SIGADE).

Sólo aparecieron en un decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri el 12 de diciembre de ese año y en el Excel que, tal como llegó, bien pudo retocarse hasta minutos antes de enviarse. No parecía encriptado. 

Los auditores no cuestionaron que Macri haya autorizado deuda con un decreto pero si su  posible uso retroactivo. Significaría que colocó bonos sin autorización del Congreso. Con el crédito del FMI se detectó una maniobra similar.

El dictamen que impuso la mayoría oficialista lo deja bien claro. "El auditado contestó que la base de datos utilizada para tener un control de la numeración es un archivo Excel no especificando que sea este un registro único y general. Tampoco se hace referencia a la existencia de un mecanismo de seguridad que evite que sea vulnerado", señala. 

Los auditores identificaron que el monto no registrado en el Sigade es parte de la deuda tomada por encima de la autorizada en el Congreso en la ley de presupuesto. Sólo con el DNU de diciembre, el 1013; y el 595 de unos meses antes, se colocaron bonos por 390.043 millones de pesos, 22 mil millones de dólares a la cotización de esos días. Fue sólo el 23% del endeudamiento de 2017.

 La deuda se contrajo en su mayor parte en dólares. Sólo ese año aumentó un 18% en esa moneda y pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Con los saltos devaluatorios de 2018 engrosaron la carga de intereses y llevaron a Macri a pedir ayuda al FMI, también en moneda estadounidense.

Los auditores no cuestionaron que Macri haya autorizado deuda con un decreto pero sí el posible uso retroactivo del instrumento, como se desprende de la documentación recibida. De comprobarse, significaría que colocó bonos en el exterior sin autorización del Congreso y luego fabricó un aval por las suyas. 

Martín Guzmán con Kristalina Georgieva. 

"No es creíble que haya habido tantas emisiones de deuda los últimos 20 días del año y por eso no avalamos esos trámites", explicaron a LPO fuentes de la AGN cercanas al Gobierno.

El Congreso evaluará el informe de la AGN con la abstención en el capítulo de dueda y si el Frente de Todos consigue mayoría en Diputados le dará validez jurídica definitiva así como está. Es uno de los motivos que llevan a Macri a pedir a gritos una estrategia electoral que le impida al Gobierno conseguir los votos que le faltan para dominar esa Cámara.

En la cuenta de inversión de 2018 la AGN estudiará la deuda contraída con el FMI y el resultado se sumará al expediente judicial que la investiga. Además, el organismo abrió un expediente específico sobre la operatoria que se encuentra en estudios preliminares.

Y entre los papeles que rastrearon los auditores oficialistas detectaron una modus operandi similar al de la deuda de 2017. Es que si bien el primer desembolso del FMI de US$ 5.631 fue en octubre, recién en noviembre se firmó un decreto para ampliar el presupuesto con ese ingreso y el de la segunda cuota. 

En uno de sus anexos se estimó un aporte del FMI de 420 mil millones de pesos, poco más de 11 mil millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha. El acuerdo firmado por Macri contemplaba que recibiera US$ 7.700 en diciembre y US$ 11.000 en marzo de 2019. 

En el resto del año se deberían completar los US$ 57 mil millones pautados, pero después de la victoria de Alberto Fernández en las primarias los giros se interrumpieron en casi US$ 45 mil, porque Macri no cumplía los requisitos necesarios para recibir el resto. El contrato que firmó tiene un cronograma de devolución hasta 2024 con intereses, unos US$ 53 mil millones.

En aquel momento, el ex presidente justificó no haber pedido autorización al Congreso para negociar con el FMI en la legislación vigente, que le permitía ignorarlo si recibía dinero de organismos internacionales. 

Así lo contemplaba la ley de administración financiera, recién modificada este año para eliminar esa posibilidad.

Además, por decisión de los senadores, se le prohibió al Gobierno tomar deuda en dólares para gastos corrientes. Pero los auditores oficialistas no encuentran argumento para que el ex presidente haya incorporado un peso de deuda por encima de lo avalado en la ley de presupuesto del año en curso. 

Si fuera así, aclaran, tampoco avalarán el crédito del FMI y Macri y sus ex ministros de Hacienda y Finanzas deberán aportar datos más precisos en la justicia, si son convocados a explicar sus planillas de Excel.

La razón por la que el ex presidente no autorizó el desembolso del Fondo con otro DNU no habría sido la falta de una planilla de Excel a mano, sino la imposibilidad de aprobarlo en la bicameral de trámite legislativo, encargada de revisarlos y por entonces sin mayoría de Cambiemos, que en esos tiempos de tuebuleni había perdido la rosca para conseguir aliados eventuales. 

Un dictamen negativo de esa comisión no era definitivo, porque faltaba la definición del Congreso, pero hubiera creado el clima para llevar el debate al recinto justo los días en que se realizaba la cumbre del G20 en Buenos Aires. Demasiado inoportuno.   

El FMI también sigue de cerca esta investigación y en noviembre la misión que envió al país se reunió con el presidente de la AGN, el radical Jesús Rodríguez. Su papel es decorativo, porque la oposición sólo tiene 3 de los 7 auditores y pierde todas las votaciones. 

Las otras espadas de Macri son el radical Alejandro Nieva y Miguel Pichetto, elegido por los diputados del PRO. A través de un comunicado, el trío anunció que defenderá la deuda que tomó el ex jefe de Estado. "Los auditores no deben ni pueden juzgar los criterios políticos de gestión ni las decisiones de política económica, ya que ello es materia exclusiva del Congreso de la Nación", señalaron.

El Gobierno tiene cuatro directores fieles y de orígenes diversos: Javier Fernández, conocido por sus contactos en la justicia, es el representante fijo de los senadores del PJ, que también sumaron a la formoseña Graciela de la Rosa, leal a Gildo Insfrán. 

Por la Cámara baja permanecen desde 2016 y con mandato hasta 2024 Juan Ignacio Forlón, con orígenes en La Cámpora; y Gabriel Mihuara Estrada, cercano a Sergio Massa. 

El Frente de Todos cuenta además con mayoría en la bicameral que evalúa las auditorías, pero no termina de garantizarla en Diputados, donde se acumulan leyes congeladas como la reforma del ministerio público, que provocaría la salida del procurador Eduardo Casal. Pronto llegarán las cuentas de inversión de Macri.