La Fiscalía de Bolivia continúa avanzando con lo que se conoce como causa "Golpe de Estado" que busca determinar las responsabilidades y delitos de quienes formaron parte del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. 

En el marco de esta causa iniciada por una denuncia de la ex diputada del MAS, Lidia Patty, fue detenida en marzo de este año la ex presidenta, Jeanine Añez, quien aún está arrestada con un delicado cuadro de salud.

Dentro de las acusaciones que pesan sobre Añez en la causa denominada aparece el Decreto Supremo 4078, aprobado el 15 de noviembre de 2019 que eximió de responsabilidad penal a Fuerzas Armadas y policías ante los conflictos y que desencadenó 37 muertos, 800 heridos, 1.500 detenidos, 100 exiliados y decenas de procesados.

Según la fiscalía, el decreto constituyó una grave violación a la Constitución Política del Estado, normas y Tratados Internacionales, e incluso doctrinas nacionales de Fuerzas Armadas y policía, situación que creó un "Estado de Terror en Bolivia". Los otros cargos están vinculados al golpe de estado y el proceso irregular de su proclamación en la Asamblea Legislativa. 

Detienen a la ex presidenta Jeanine Añez que encabezó el golpe a Evo

En esta ocasión, la mirada está puesta en Carlos Mesa, candidato a presidente de Comunidad Ciudadana en aquella elección que terminó siendo anulada antes del exilio de Evo. 

Mesa se presentó ante el Ministerio Público  para declarar en calidad de testigo, luego de que Añez lo mencionara en su declaración informativa sobre los hechos acontecidos en noviembre de 2019.

"Él ha respondido unas tres preguntas y en relación a las demás preguntas, él ha hecho uso de su derecho a la abstención justamente por la posibilidad de que exista que esta respuesta pueda a llegar a tener responsabilidad de su persona en el hecho que estamos investigando", explicaron las autoridades judiciales de Bolivia. 

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un documento a los investigadores, en el que enfatiza que desconoce ese "proceso político", porque es utilizado para "manipular la verdad" y "blanquear el fraude". Sin embargo, fuentes del MAS lo ubican como participe necesario del derrocamiento, inclusi declinando la posibilidad de nuevos comicios que lo daban como favorito.

El ex candidato presidencial sostiene que se están manipulando pruebas y que cualquier declaración testifical será utilizada para "manipular e incriminar" a los actores de los hechos de 2019. 

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un documento a los investigadores, en el que enfatiza que desconoce ese "proceso político", porque es utilizado para "manipular la verdad" y "blanquear el fraude"

Uno de los giros que puede dar la causa es que Mesa pase de testigo a imputado y que la justicia también vaya por Luis Fernando Camacho, hoy gobernador del poderoso Departamento de Santa Cruz. "El señor Camacho ha sido denunciado dentro de la presente causa y se está analizando la posibilidad de su convocatoria", señaló la fiscal Lupe Zabala. 

Detienen en EEUU a un ex ministro de Añez y el gobierno de Bolivia pide su extradición

En su condición de presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho generó las condiciones de inestabilidad a través de la implementación de paros, movilizaciones y el fogoneo del acuartelamiento policial que permitió todo tipo de escraches y linchamientos. 

Luis Fernando Camacho.

EFE

Otra figura apuntada es el ex ministro del Interior de Añez, Arturo Murillo, que fue detenido en Estados Unidos en mayo acusado de lavado de dinero en la operación de compra de equipos antimotines para la Policía boliviana y el Gobierno boliviano pide su extradición.

Para el MAS y Evo Morales, el avance de esta causa es fundamental para juzgar a la primera línea de dirigentes que fueron parte del golpe y la feroz ofensiva que sufrió gran parte de la dirigencia masista. Por su parte, la oposición considera que este proceso formar parte de una política revanchista de Evo que esconde su intención de volver al poder. 

Otro frente que se le abre al MAS en este tema es con la Iglesia Católica que rechaza la acusación que indica que avalaron la destitución y destacan el rol de mediación cumplida entonces para un gobierno de transición. 

Para el MAS y Evo Morales, el avance de esta causa es fundamental para juzgar a la primera línea de dirigentes que fueron parte del golpe y la feroz ofensiva que sufrió gran parte de la dirigencia masista 

La Conferencia Episcopal publicó un informe titulado "Memoria de los hechos de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero 2020", que fue entregado al papa Francisco, a distintas instancias de la Iglesia y a la Fiscalía boliviana.

El texto menciona dos opciones que en ese momento se plantearon: "que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero (ambas del oficialismo). Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro" o la sucesión de Jeanine Áñez "para asumir la Presidencia". Tanto Salvatierra como Rivero niegan esto y resaltan que la decisión se tomó sin ningún tipo de consulta. 

"Lo que se hizo fue facilitar un complejo proceso de diálogo, buscando el bien común y la paz de todos", se defendió la institución religiosa. 

En paralelo al desarrollo de esta causa, el gobierno impulsa otra demanda judicial de carácter internacional contra el ex presidente de Ecuador, Lenin Moreno, por haber abastecido de gases lacrimógenos a las fuerzas de seguridad.  

Los hechos que terminaron con el exilio de Evo y la instalación de gobierno de facto sigue dividiendo las aguas entre quienes consideran que el momento de juzgar a los responsables y los ver en esta causa una actitud revanchista.