A través de una respuesta enviada a los diputados de la Coalición Cívica Juan López y Rubén Manzi, la ministra de Salud Carla Vizzotti desmintió parte del relato sobre la negociación con Pfizer que hizo este martes en ante los diputados el gerente general de la empresa en Argentina, Nicolás Vaquer. 

La funcionaria ratificó que la ley de vacunas tomó las solicitudes de todos los laboratorios y sólo Pfizer tuvo problemas después de su promulgación. Y que una de las contraofertas fue poner como garantía los bienes argentinos en el exterior.

La exposición de Vaquer, de esta manera, lejos de aclarar los sucedido, acrecentó la grieta: mientras que el Gobierno asegura que la empresa participó de las discusiones sobre la ley y luego de promulgada la cuestionó, para Cambiemos la redacción buscó que Pfizer no llegara al país, pese a que la fórmula tuvo un ensayo local con casi seis mil voluntarios.

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Vaquer, que es médico y no abogado, dijo ante los diputados que la ley "no es compatible" con "aspectos contractuales" propuestos por la empresa y aludió a cuestiones sobre "indemnidad". Pero no dio detalles de cuáles eran los artículos en cuestión. 

En diciembre, el Gobierno había señalado que se trataba del cuarto, que autoriza en los contratos cláusulas "que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones", pero establece como excepción los reclamos originados "en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos". 

Para el Ministerio de Salud, las dificultades con con Pfiezer radicaron en dos problemas: el planteo de excluir la negligencia del contrato y de la ley; y los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. 

"Negligencia", dijeron en la Rosada, era la palabra que usaron los abogados de Pfizer para cerrar las negociaciones, que este martes se supo que incluían una oferta por 13 millones de vacunas, 8 para el primer semestre de 2021.  

Pese a la insistencia del oficialismo, Vaquer no confirmó si el problema fue ese término y sólo habló de temas referidos a la "indemnidad" que no fueron resueltos. Y aseguró que la gestiones se retomaron entre los abogados de la empresa, el Ministerio de Salud y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. 

Además, el ejecutivo sostuvo que la empresa no participó del proceso legislativo, advirtió los fragmentos que no le agradaban recién cuando fue promulgada, el 6 de noviembre, y fue ahí cuando las gestiones se complicaron.

Para la diputada de la UCR Karina Banfi, es prueba suficiente de una intención de Alberto Fernández por no comprar la vacuna. "Vaquer dejó en claro que explicitaron los requerimientos de contratación y que el Gobierno decidió no invitarlos a participar del proceso legislativo. Cuando se incorporó la palabra 'negligencia' se sabía que dejaban afuera a Pfizer", reconstruyó.

En la carta enviada a los diputados de la Coalición Cívica, que realizaron un pedido de acceso a la información púbica, Vizzotti desmintió a Vaquer y ratificó la versión oficial. 

"Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas: el primero fue el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. Y el segundo se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo", señaló. 

En Diputados, Vaquer señaló que Pfizer nunca tuvo intereses en activos del Estado, que enumeró como "recursos naturales, reservas del Banco Central, activos militares, estratégicos y culturales". La ministra desmiente además que el laboratorio no haya participado del "proceso legislativo", como dijo su gerente general. 

"Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas. Fue por eso que el Congreso sancionó la Ley 27563 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19", explica.

"No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa", agrega. 

"Durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19", completa la ministra. La polémica continúa. Y la negociación también.