Con una fuerte presión de la Iglesia católica que denunció un "debate prematuro" e "imprudente" con "consecuencias sociales tan evidentes y dramáticas", la Legislatura de Córdoba tratará este miércoles la adhesión a la ley nacional de cannabis medicinal y a sus reglamentaciones.

El texto que terminará de definirse este miércoles a la mañana unirá los proyectos presentados durante los últimos dos años por parlamentarios del PJ, del Frente de Izquierda, del MST y del gobernador Juan Schiaretti, un combo inédito en la política cordobesa.

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La clave de la ley que será aprobada es la inclusión de la reglamentación dictada por Ginés González García en 2020, que permite el autocultivo y obliga al Estado a garantizar el cannabis medicinal. El compromiso es que sí, que la adhesión contemple esa reglamentación, que se permita el autocultivo y que las obras sociales o el Estado garanticen el aceite.

Luciana Echeverría, legisladora del MST e impulsora de uno de los proyectos, no baja la guardia: "Hay una fuerte presión de la iglesia católica y de otros sectores prohibicionistas con poder de lobby que se oponen a la adhesión de esta ley sancionada en 2017, con varias reglamentaciones. Esperamos que el oficialismo cumpla con lo acordado en comisión", dijo a LPO.

Se refiere a un comunicado de la Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba que emitió un comunicado bajo el título "¿Cannabis medicinal o legitimación encubierta?". En ese texto, la Pastoral sostiene su "asombro y disconformidad frente a la premura del tratamiento de la adhesión" a la ley sancionada durante el gobierno de Macri, en marzo de 2017.

El cannabis medicinal no es la marihuana, hay una ignorancia manifiesta al no hacer esta diferenciación. Le estamos garantizando un derecho a miles de cordobeses que transitan enfermedades angustiosas: el aceite de cannabis ya no será clandestino o un lujo, como ocurre actualmente.

"Nos sorprende que, frente a una decisión con consecuencias sociales tan evidentes y dramáticas para la vida de tantos jóvenes, se haya avanzado en un debate acelerado y con tan poca apertura al diálogo. Entendemos que quienes participamos activamente en el acompañamiento de personas con consumo problemático de estas sustancias debemos ser escuchados", dice el comunicado con el aval de la Arquidiócesis que comanda Carlos Ñáñez.

Y agrega: "La apertura irrestricta al autocultivo de cannabis o cultivo solidario pone en riesgo a una importante población vulnerable que se verá perjudicada frente a dicha ley. Entendemos, con preocupación, que esta norma puede convertirse en una legitimación encubierta de un consumo problemático. El acceso a dichas sustancias será cada vez más fácil".

El peronista Franco Miranda, uno de los primeros impulsores de la adhesión a la ley de cannabis medicinal, salió al cruce: "El cannabis medicinal no es la marihuana, hay una ignorancia manifiesta al no hacer esta diferenciación. Le estamos garantizando un derecho a miles de cordobeses que transitan enfermedades angustiosas: el aceite de cannabis ya no será clandestino o un lujo, como ocurre actualmente", dijo al ser consultado por LPO.

Al igual que en la Nación, funcionará un consejo asesor provincial, en el que estarían representadas las organizaciones cannábicas, la comunidad científica y el Ministerio de Salud. Según Miranda, "un consejo asesor local permitirá brindarle a los cordobeses un mejor control y una rápida resolución al momento de incorporar enfermedades para su tratamiento con cannabis, siempre que lo autorice un profesional matriculado".

Echevarría se suma a estos argumentos: "Hay una confusión del sector prohibicionista que dice que esta ley impulsa la automedicación con aceite de cannabis. Es al revés: ahora hay automedicación clandestina. La ley es clara respecto a la prescripción médica del cannabis medicinal".

Al fundamentar la adhesión, Schiaretti sostuvo que, al igual que en la norma nacional, se priorizará "la eventual industrialización" del aceite de cannabis en laboratorios públicos y se garantizará la "provisión" del aceite y sus derivados de forma gratuita para las personas inscriptas en el registro de pacientes que requieran el tratamiento.

Según Echevarría, durante el martes el oficialismo evaluó quitar de la adhesión la reglamentación nacional, lo que hubiese abierto la posibilidad de una ley restrictiva en la práctica. Sin embargo, Miranda confirmó que el despacho que saldrá de la comisión al recinto incluirá la adhesión a las reglamentaciones nacionales. "El prohibicionismo perdió la batalla", aseguró Miranda.