Un borrador del proyecto de ley para regular a los criptoactivos genera curiosidad y rechazo en grupos de inversores. Para las empresas del sector, tener un marco legal para su accionar puede ser un beneficio. A varias startups les evitaría dolores de cabeza que no haya un vacío legal respecto de su razón social, ya sea frente a la IGJ como también frente a los bancos que en ocasiones les bloquean las cuentas mediante reportes de operaciones sospechosas al no reconocer la naturaleza de su actividad.

El proyecto surgió en el programa de Cambio de Roles donde estudiantes de universidades de todo el país asumieron el rol de legisladores, una iniciativa organizada por el Circulo de Legisladores en junio del 2019.

El proyecto llegó al Congreso este miércoles de la mano de Liliana Schwindt del oficialismo y contó con las firmas también de Marcos Cleri, Carlos Cisneros, Mabel Caparrós, Fernanda Vallejos, Ariel Rauschenberger, Nancy Sand y Blanca Osuna. El propósito de tener una regulación para el sector también cuenta con el apoyo de parte del bloque de Cambiemos.

"La idea es que crezca el sector, que se generen empleos y que se les dé seguridad a los inversores que quieran participar de esta tecnología para que no sean víctimas de avivadas, creemos que la regulación tiene que empezar a tratarse y que las voces del sector tienen que ser escuchadas en el Congreso", dijo Schwindt a este medio.

El objetivo que subraya el diputado por Chubut (Cambiemos), Ignacio Torres, quien también presentó un borrador muy parecido -y que tenía programado ingresarlo a la Cámara el viernes próximo-, es que se fomente el sector. Para él, es factible que se obtenga un rápido dictamen de Comisión para incluirlo dentro de la agenda de las sesiones extraordinarias de diciembre: "La idea no es burocratizar algo que funciona bien, sino fomentar y darle un marco legal básico a la innovación tecnológica en el ámbito financiero y seguridad jurídica al usuario", dijo Torres a LPO.

En cambio para el Frente de Todos seguramente recién se pueda darle el tratamiento que merece el tema el año próximo.

El diputado santafesino Marcos Cleri.

"Así como están las cosas se parecen más a los arbolitos de Florida que a un sector con potencial para seguir creciendo. Y la falta de un marco institucional es un obstáculo para las startups que se puede resolver si corregimos el vacío legal. Este es un momento bisagra y el derecho comparado nos muestra que en los países en los que se les dio un marco institucional, el mercado financiero creció mucho más", sintetizó.

Así como están las cosas, se parecen más a los arbolitos de Florida que a un sector con potencial para seguir creciendo. La falta de un marco institucional es un obstáculo para las startups que se puede resolver si corregimos el vacío legal

El proyecto de ley de Schwindt postula a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como autoridad regulatoria, mientras que el de Torres todavía no define cuál sería el ente regulador, si la CNV o el Banco Central, porque incluso dentro del sector están los que consideran que se trata esencialmente de monedas (por su función transaccional y de reserva de valor), los que advierten que las criptomonedas presentan variabilidades más propias de los activos financieros que de las monedas y consideran sesgada la definición de "criptomoneda" y los que creen que sus usos son más amplios, pueden servir como "ticket canasta" para promover el intercambio local de bienes y servicios, o para comprar metros cuadrados equivalentes mediante token y ser una unidad de cuenta alternativa a las UVAs para el mercado inmobiliario entre otros usos que hoy todavía no surgieron.

Los diputados esperan poder tener una reunión con la UIF, gente del Banco Central para seguir avanzando en este punto y algunos de ellos también otro encuentro pactado para las 18 con la cámara que representa a las empresas del sector para que sumen correcciones y aportes fundamentados al borrador. 

Así y todo, entre los usuarios de la tecnología blockchain la idea de un marco regulatorio les huele a impuestos sobre estos activos y desconfían de cualquier regulación como el puntapié para presionar a las empresas a informar de las transacciones a la AFIP.

"Nada de eso. El proyecto de ley en el que trabajamos no habla de impuestos. De hecho, los contribuyentes ya tienen la obligación legal de declarar sus activos por su equivalencia en pesos, eso no cambia con esta normativa", aclaró Torres. En esto coincide también la autora del proyecto que ingresó el oficialismo en la Cámara Baja: "Lo que se busca no es perseguir ni poner impuestos, sino darle al sector un contexto legal para que operen. El proyecto está abierto a recibir las opiniones de las empresas para enriquecer la propuesta para que se genere inversión y trabajo en el sector", dijo Schwindt.

La titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

Télam

Sin embargo, por la naturaleza de la tecnología blockchain las transacciones bilaterales no son trazables -sí como las transferencias bancarias- y en eso radica parte de su atractivo, a menos que se obligue a las empresas a informar quiénes compran las criptomonedas y sus tenencias, lo que no está contemplado en este borrador. Tampoco son reversibles: ante un giro erróneo, esos activos son irrecuperables y no hay banco al que hacer el reclamo. Todo es bilateral sobre una base de datos colectiva que almacena bloques de información simultáneamente por todo el mundo y, como tal, es infranqueable.

"Lo que se busca no es perseguir ni poner impuestos, sino darle al sector un contexto legal para que operen. El proyecto está abierto a recibir las opiniones de las empresas para enriquecer la propuesta para que se genere inversión y trabajo en el sector"

Incluso para los más entusiastas defensores de las libertades individuales, la tecnología es un sentencia de muerte a los bancos centrales porque les quita el poder de emitir sin respaldo, de financiar el déficit del sector público, o de alterar las decisiones descentralizadas mediante la tasa de interés, ya que estas monedas se emiten "solas" y viajan por el mundo sin controles aduaneros. Y cualquier intento por controlar estas transacciones va a ser en vano.

La normativa lo que sí exige es que las empresas que vendan bitcoins, ethereum y cualquier otra criptomoneda les informes a los compradores la naturaleza y los riesgos de los activos que están comprando porque su variabilidad puede traducirse en fuertes pérdidas que un inversor poco calificado tal vez no está en condiciones de soportar. Al fin y al cabo son activos que nunca duermen y de la noche a la mañana pueden mostrar tanto ganancias increíbles como pérdidas desesperantes.

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El proyecto también propone la creación de una licencia para las empresas del sector, como tienen los bancos o los agentes de bolsa para darles seguridad jurídica a los que compren criptoactivos. Y, en consonancia, también prevé sanciones y multas para las empresas que provean el acceso y la guarda de criptomonedas sin estar debidamente registradas.

Desde el bloque que va a promover este proyecto de ley no esperan que cuestiones partidarias impidan su promulgación. El interbloque Unidad Federal y los dos diputados que se separaron, Antonio Carambia y Beatriz Ávila, ya mostraron su apoyo. Lo que sí puede ser un escollo es el desconocimiento de este tipo de instrumentos: "Generacionalmente hay muchos que no conocen cómo funcionan las criptomonedas y va ser necesario explicarlo bien", concluyó el diputado.