"¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder?", se preguntó Mauricio Macri, horas después de que el Senado sancionara la ley contra los tarifazos de servicios púbicos aun sabiendo que sería vetada en lo inmediato.

"El mensaje", una palabra que los propios senadores peronistas repitieron en la sesión, es simple, pero no admite dilaciones: que Macri y sus aliados asuman el costo político de sus medidas incómodas, contengan a gobernadores y sindicatos cuando lo necesiten y, recién después, negocien leyes con los legisladores, sin prever de antemano obediencias debidas. 

Nada de esto ocurrió en la reforma previsional y apuntaba a pasar lo mismo en la novela de los tarifazos, cuestionados por la UCR y Elisa Carrió antes que por cualquier legislador de Argentina Federal, referenciados en gobernadores o en resabios del peronismo no kirchnerista y hartos de exponerse al cachetazo fácil.

Con la chispa de las tarifas encendida, en los bloques conducidos por Pablo Kosiner en Diputados y Miguel Pichetto en el Senado decidieron romper la imagen de aliado permanente, que en algunas provincias los complicó para enfrentar a Cambiemos en las últimas legislativas. Entendieron que ya empezó la campaña electoral de 2019.

La zaga en la Cámara baja fue rápida y sin reacción oficial a tiempo. Diego Bossio y elmassista Marco Lavagna intercambiaron borradores un lunes y avanzaron con un texto para prohibir aumentos de tarifas por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Decididos a inaugurar una mayoría opositora, negociaron con el kirchnerismo (con Cristina al teléfono de sus diputados) y aceptaron el polémico artículo para retrotraer las tarifas a noviembre, cuya implementación ni siquiera lograron imaginar.

La ley anti tarifas surgió como una resistencia del peronismo dialoguista a acompañar a ciegas al Gobierno. Pero Macri sólo quiere negociar con gobernadores y desconoce a los legisladores, que ahora piden negociar ley por ley. Habrá una dura pelea por el presupuesto. 

"Es imposible que las distribuidoras locales te devuelvan los costos del transporte de energía y  ninguna empresa volverá a invertir", advirtió una asesora. "Ya no podemos, esto no pasa por el Senado", minimizó Lavagna.

Por esas horas, Rogelio Frigerio y su secretario Sebastián García de Luca iniciaron su clásica ronda de llamados a gobernadores, una táctica que no es infalible, como lo demostró el primer intento fallido por sancionar la reforma previsional.

Los legisladores sólo sienten presión cuando una ley puede alterar las arcas de sus provincias, pero ninguno sacrifica su carrera por medidas de un Gobierno de otro signo político, mucho menos si ni siquiera son avaladas por los aliados reales de la Casa Rosada.

Macri no imagina una democracia de negociación diaria con diputados y senadores, pero su secuencia de papelones por creer en jefes gobernadores lo debería hacer recapacitar, si quiere mostrar robustez política en su negociación con el FMI. 

Fueron demasiados. Logró que Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el dúo de gobernadores dialoguistas, rechazaran la ley mientras se trataba en Comisión de Diputados, pero al día siguiente los representantes de sus provincias la aprobaron y sólo concedieron eliminar el artículo que bajaba el IVA de los servicios públicos.

En el Senado la historia no podía terminar bien. Presionado por sus pares,  Pichetto sólo cedió una semana de plazo a la espera de una propuesta alternativa de Cambiemos, que recién llegó minutos antes del debate en comisión y por televisión. 

La propuso Urtubey, recibido como jefe de Estado en la Casa Rosada, y consistía en volver con la reduccion de IVA desechada semanas atrás, pero sin tocar el programa tarifario. Schiaretti lo acompañó en un comunicado.

Si Macri intentaba ungirlos como enlaces preferidos con el Congreso, logró lo contrario: por estas horas, los senadores los defenestran, sobre todo a Urtubey, que el miércoles obligó a su hermano a votar junto a Cambiemos, una marca difícil de borrar entre sus pares.

"La mayoría fuimos a su acto, pero ya no lo queremos de candidato", afirmó a LPO uno de ellos el jueves, con cicatrices de una sesión que pudo terminar mal. Con la interna de gobernadores en su peor momento, en las próximas semanas se verá si el salteño tiene nafta para correr por la presidencia o si el miércoles se clavó un puñal.

"No fue una buena idea anticiparse a la interna peronista entre Urtubey y Sergio Massa, que quería la ley y lo enfrentará en la interna presidencial. Nos sobrepasó", interpretó a LPO un encumbrado legislador de Cambiemos. 

Tras escuchar el video rupturista de Macri, obra de Marcos Peña para anular cualquier negociación política y activar la grieta que tan cómodo le sienta, como ya se vio en el debate de Ganancias, en diciembre de 2016. 

Pichetto entendió el mensaje y jugó su mano a mano. Ignoró los llamados de Federico Pinedo y blindó a su bloque el martes al mediodía, en una reunión que duró una hora y fue "la mejor en mucho tiempo" según los senadores, sin reproches de díscolos contra mesurados, habituales desde 2016, y con mucha arenga contra el Gobierno. 

Los más eufóricos fueron el tucumano José Alperovich y el formoseño José Mayans, que desde el año pasado desafían el poder del rionegrino. Ya no lo harán. 

La presión a los gobernadores fue subiendo de tono minuto a minuto. El chubutense Mariano Arcioni, que por su abultada deuda tiene el 75% de su presupuesto comprometido en 2019, soportó las amenazas de "no poder pagar los aguinaldos" y habilitó a Alfredo Luenzo a votar la ley.

"¿Me queres cortar la obra pública?, Hacelo, es un cheque a dos meses, porque después discutimos el presupuesto 2019 y no lo vas a aprobar", le respondió uno de los gobernadores más duros a los alumnos del ministro del Interior.

El entrerriano Gustavo Bordet, otro dialoguista declarado, ni llamó a sus dos senadores, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino. Y para evitar presiones, se fue de gira a Tailandia con Schiaretti, que jamás tuvo autoridad sobre el senador Carlos Caserio.

Macri y Frigerio necesitaron que el legislador cordobés lo refresque en el recinto: "Les cuento que empezamos todos juntos: De la Sota, Schiaretti y yo. Y no nos damos órdenes", los orientó.

Los gobernadores de partidos provinciales, que hasta 2015 votaban las leyes enviadas por el presidente que fuera, ahora negocian una por una y algunos, como el santiagueño Gerardo Zamora, hacen equilibrio y en el mejor de los casos aportan sólo parte de su tropa legislativa. En la Rosada nunca supieron cómo amalgamar sus intereses al programa de Gobierno.

El desentendimiento que hubo con el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra merece preocupación. Fue junto a otros cuatro senadores a ver a Macri y según los voceros oficiales garantizó su voto en contra de la ley. Luego votó a favor y en la mañana siguiente llamó a un paro preventivo contra la firma Vista Oil & Gas, propiedad de Miguel Galuccio.

Historias como las de Caserio y Pereyra obligan a Gobierno, de mínima, a conocer en profundidad a cada senador así como dicen estar al tanto de las necesidades de los gobernadores.

De los 20 miembros puros del bloque Justicialista, 16 son de provincias con gobernadores, pero no todos les prestan atención.

El chaqueño Eduardo Aguilar y el propio Carlos Menem ni le hablan, el catamarqueño Dalmacio Mera tiene agenda propia, Alpreovich juega cerca de Cristina Kirchner; el fueguino Julio Catalán Magni se declara randazzista y su coterráneo José Ojeda es cercano a Rosana Bertone, pero no lo suficiente como para obedecerla siempre.

El santafesino Omar Perotti, el jujeño Guillermo Snopek y el Carlos Espínola no reportan a ningún gobernador, como tampoco el aliado chubutense Juan País. En la Casa Rosada no los ubican pero deberán negociar con ellos si quieren un presupuesto con los recortes que pida Cristian Lagarde. Los gobernadores no son una garantía plena. Aunque Macri no se resigne a verlo así.