La Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Laura Alonso, le recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que venda sus acciones en Shell para evitar un conflicto de intereses, al tiempo que no debe intervenir en temas que involucren a la petrolera.

En una resolución difundida este lunes, la OA le recomendó al ministro desprenderse de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o "adoptar alguna medida patrimonial", tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición. 

La OA sustenta su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad" y deben "evitarse acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

Además, la OA le hizo saber al ministro que "deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario".

"En caso que se presente una situación de este tipo, el Ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", consignó.

En una entrevista en radio Mitre, Alonso recalcó que también es un mensaje para el resto de los integrantes del Gobierno. "Se le dice enfáticamente al ministro, y esto es un dictamen testigo que debe ser leído por todos los funcionarios, que cada vez que se presente un asunto en el cual esté vinculada la compañía Shell, se excuse inmediatamente, tiene prohibido intervenir, y eleve esa situación al presidente de la Nación, quien es que tiene que designar al funcionario que tome cartas en el asunto", explicó.

También, el dictamen estableció "que no hay incompatibilidad o un conflicto de intereses por haber trabajado (Aranguren) antes en una compañía privada y ahora en el sector público", agregó Alonso.  

En ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la Ley 25.188 "no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas".

Según señaló la OA, esta disposición se encuentra "en sintonía" con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2003, que dice que "los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.

Además, recordó que la OCDE expresó en 2005 que "para un funcionario público, tener un aparente conflicto de interés puede ser tan serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir sobre la integridad del funcionario, y la integridad de la organización del funcionario”.