Llevo un mes en Colombia, donde vine por trabajo, hablando con periodistas, empresarios y profesionales de la política. Esta columna fue escrita en Medellín. Esta ciudad fue la más violenta del mundo en los años 1990 y hoy es el mayor destino turístico del país que atrae a extranjeros a vivir aquí. Un recordatorio necesario de que las cosas pueden mejorar. Es bueno tenerlo presente ante los colosales desafíos que tiene nuestra Sudamérica.

Hay varios paralelismos entre los momentos actuales de Colombia y Brasil. Ambos Presidentes despiertan amores y odios. Ambas sociedades están polarizadas. Gobiernos de izquierda que deben lidiar con Congresos dominados por la derecha. Los países tienen desafíos similares en economía y seguridad.

Tanto Petro como Lula cuentan con el apoyo de aproximadamente un tercio de los colombianos y brasileños, respectivamente. La militancia de izquierda de ambos países deposita esperanzas en sus gobernantes, como si la simples voluntad de los líderes fuera necesaria para los cambios que buscan. Los de derecha miran todo con el temor de que sus países "se conviertan en una Venezuela". La polarización impide consensos mínimos.

En Brasil, la derecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro está llevando a cabo una campaña de desinformación contra la reforma fiscal que impulsa el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Brasil tiene un sistema fiscal confuso que dificulta la vida de las empresas que tienen que lidiar con las burocracias a nivel municipal, estatal y federal. La reforma es un intento de mejorar el confuso entorno normativo de Brasil. Todos saldrán ganando.

El poder del Congreso y la fragilidad de Lula

En Colombia, la derecha liderada por el ex presidente Álvaro Uribe insiste en negar los abusos sistemáticos de los derechos humanos perpetrados por el Ejército y las fuerzas paramilitares de derecha (las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC) durante el conflicto interno (que a mí me parece casi una guerra civil) en ese país. Tras los acuerdos con la guerrilla marxista de las FARC en 2016, se creó un tribunal especial para buscar la verdad sobre las atrocidades cometidas por ambos bandos. La reconciliación nacional pide a la sociedad que asuma que en la guerra no hubo buenos y malos, sino una violencia incalificable en ambos bandos.

En ambos países, los presidentes insisten en el relato de buenos contra malos, en la que los malos impiden reformas que serían "buenas para el pueblo". Lula dice que el presidente del Banco Central, nombrado por el anterior presidente Jair Bolsonaro, quiere sabotear su política económica. Petro dice que el Fiscal General, nombrado por el anterior Presidente Iván Duque, está en un complot para darle un "golpe blando". Son narrativas que sus electorados compran, pero que no resuelven los problemas de gobernabilidad.

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Lula y Petro son presidentes de izquierda que tienen que gobernar con Congresos donde la mayoría son de partidos de derecha. Lula tiene que negociar con el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, el conservador Arthur Lira, antiguo aliado de Bolsonaro. Nada pasa en el Congreso brasileño sin el apoyo del bloque Centrão, que pide dinero del presupuesto y cargos en la administración federal. 

Sergio Guzmán, CEO de la consultora Colombia Risk Analysis, dijo a LPO que a pesar de su discurso polarizador, "Petro distribuye cargos en la administración pública a aliados de partidos de derecha, lo que lo blinda de intentos de juicio político en contra de su gobierno".

El Centrao ya ganó

Tener un Congreso de mayoría conservadora impidió que el gobierno de Lula aprobara la regulación de las grandes tecnológicas y los ataques a la independencia del Banco Central quedaron sólo en la retórica debido al apoyo de la legislatura a la autonomía del Banco Central. Petro no pudo aprobar reformas en los sistemas de salud, pensiones y legislación laboral precisamente por la falta de apoyo de la derecha colombiana, que ve con preocupación las propuestas del gobierno para aumentar el gasto público.

En materia se seguridad, Brasil tiene 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo. En marzo, una facción criminal incendió autobuses y atacó comisarías y edificios gubernamentales en el estado de Rio Grande do Norte. 

Petro distribuye cargos en la administración pública a aliados de partidos de derecha, lo que lo blinda de intentos de juicio político en contra de su gobierno

El mayor grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC), originario de São Paulo, ya opera en toda Sudamérica, cruzando cocaína desde los Andes hasta Europa. Hasta ahora, Lula no parece tener una respuesta clara al respecto. El problema es complejo y tiene múltiples causas, pero la falta de capacidad de la izquierda brasileña para articular una política de seguridad deja espacio libre a la derecha de Bolsonaro y su solución de "criminales buenos son criminales muertos".

En Colombia, Petro quiere negociar una "paz total" con todos los grupos armados del país. Cientos de municipios del país están controlados por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cartel del Clan del Golfo (procedente de las AUC), así como por decenas de grupos con operaciones locales. Petro se sentó a la mesa de negociaciones con el ELN en La Habana, pero las perspectivas de éxito parecen difíciles. 

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La politóloga Tatiana Niño dijo a LPO que "el ELN es una guerrilla muy diferente a las FARC: la estructura es más descentralizada, por lo que las decisiones de los negociadores no serán necesariamente seguidas por sus comandantes. Además, las primeras etapas de una negociación de paz se hacen en secreto para definir qué se va a negociar. Petro no hizo esto y dio publicidad a las negociaciones desde el principio". 

La impresión es que Petro ha cedido demasiado ante el ELN, que ni siquiera se ha comprometido a dejar de secuestrar civiles. En cuanto al Clan del Golfo, no está claro qué tipo de negociaciones se van a llevar a cabo con un cártel narco que tiene miles de millones de dólares en activos. Niño cree que "Petro quiere abarcar tanto que el riesgo es no abarcar nada".

Un desafío de seguridad común a ambos países son las actividades ilícitas en la inmensidad de la selva amazónica. En Brasil, el gobierno de Lula consiguió expulsar a 20.000 mineros de las tierras de los indígenas yanomami. 

Un desafio de seguridad común a ambos países son las actividades ilícitas en la inmensidad de la selva amazónica . En Brasil, el gobierno de Lula consiguió expulsar a 20.000 mineros de las tierras de los indígenas yanomami

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in embargo, el PCC y otros grupos siguen explotando minas de oro ilegales, deforestando para vender madera y criando ganado en zonas deforestadas para blanquear dinero. Una dinámica similar se da en Colombia con el ELN, el Clan del Golfo, así como grupos disidentes de las FARC que se han retirado del acuerdo de paz firmado en 2016. La tala de la selva se ha convertido en un negocio lucrativo para el crimen organizado y bien armado. Se trata de una agenda bilateral para los gobiernos de Brasilia y Bogotá.

Otoniel, líder del Clan del Golfo, detenido.

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Brasil y Colombia son países de renta media con grandes desigualdades y, en consecuencia, con grandes demandas sociales de servicios públicos. Esto ejerce presión sobre el gasto público. Ambas economías han tenido una productividad casi estancada en las últimas tres décadas y sus tasas de ahorro son muy inferiores a las de los países asiáticos -que eran pobres hace 50 años y ahora son más ricos que los sudamericanos-. Lula y Petro hablan de reindustrializar sus países. 

Brasil y Colombia son países de renta media con grandes desigualdades y, en consecuencia, con grandes demandas sociales de servicios públicos. Esto ejerce presión sobre el gasto público

 Cerrar esta ecuación con múltiples variables será una tarea compleja y exigirá necesariamente un esfuerzo a largo plazo. Hoy, Brasil y Colombia no tienen suficiente ahorro interno para hacer todas las inversiones necesarias en infraestructura. Las mitades más pobres de ambos países viven sin alcantarillado y las grandes ciudades brasileñas y colombianas tienen déficits crónicos en transporte masivo. La falta de ahorro interno obliga a estas economías a financiarse en el mercado internacional de bonos o a intentar atraer la inversión extranjera.

El mercado financiero y los inversores internacionales condicionan la política económica nacional porque nadie prestará dinero a un país con riesgo de incumplir pagos - o prestará a una tasa de interés alta. Por eso es importante la política fiscal en los países emergentes: para proporcionar el espacio seguro en las cuentas públicas que permita mantener el crédito soberano. Los gobiernos de izquierdas suelen tener problemas con esta formulación. Esta será una tensión permanente en los próximos años para Lula y Petro.