Las nuevas experiencias políticas que llegan a los gobiernos de un día para el otro no sólo encuentran dificultades en el ejercicio de la buena administración del Estado, sino que mayores son los desafíos cuando pretenden compatibilizar las ansias de cambio en las que sustentan su aparición, con los tiempos y las instituciones del sistema internacional.

El pasado viernes 5, la policía ecuatoriana, en un hecho casi sin precedentes en la historia reciente, irrumpió en la embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador durante los gobiernos de Rafael Correa y su sucesor Lenin Moreno, condenado por delitos de corrupción. Pertrechados con armas de asalto y encapuchados, las fuerzas de seguridad ingresaron en horas de la noche a la misión diplomática atentando contra la integridad física y la dignidad del funcionario a cargo de la Embajada, Roberto Canseco, primero en las instalaciones del edificio y luego en la vía pública, donde se ven los videos del funcionario ultrajado y a gatas durante el lamentable episodio.

Este incidente se da en un contexto en el que, como pocas veces antes, se observan en la región no sólo la convivencia de administraciones nacionales de signos políticos muy disímiles, sino que incluso las experiencias de los espacios que se alzaron con los gobiernos por sufragio popular, presentan trayectorias muy acotadas y procedencias variopintas, en ocasiones, de orígenes ajenos a la habitual arena política clásica. El caso del presidente Daniel Noboa, de 35 años, no es el único, y a algo por el estilo se refirió en conferencia de prensa días atrás el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al decir que estas son las consecuencias de esta nueva política que fabrica candidatos sin ninguna experiencia previa y que llegan a la presidencia "como si la política fuese cualquier cosa".

Históricamente, las formas de construcción de legitimidades en el frente interno de la política en general, la latinoamericana en particular, se inclinaron hacia formas a veces más ortodoxas, otras más heterodoxas, de persuasión de las masas populares; más recientemente, lo vemos con un cierto relajo en las formas, una pretensión de mayor cercanía con la ciudadanía que obliga a incurrir en vulgaridades y mal gusto por conducto de un supuesto carisma de exagerado histrionismo. Sin embargo, esos modos de proselitismo vernáculo eran puestos a un lado en materia de política internacional, donde los intereses permanentes de los Estados, los compromisos internacionales asumidos y las constantes históricas, han predominado por sobre la demagogia del político y las inestables coyunturas de la política doméstica. Esto también parece haber cambiado.

En los años 2000 se acuñó un nuevo tipo de diplomacia, para algunos más dinámica y efectiva (o efectista, según el caso), que se conoció como "diplomacia presidencial". Este fenómeno no fue algo exclusivo de la región latinoamericana, y sin dudas se potenció en un contexto de afinidad ideológica y buenas relaciones personales entre los jefes de Estado. Eran los años en que, frente a una conmoción interior (en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, entre Venezuela y Colombia, en Honduras) los presidentes se subían a un avión y en cuestión de horas se encontraban en alguna ciudad suramericana para neutralizar en el acto desbordes insurreccionales o institucionales que atentaban contra el gobierno legalmente constituido del que se tratase, o distendiendo tensiones bilaterales que en cuestión de horas habían escalado, amenazando con salirse de control. Esa mecánica intentó superar las relaciones bilaterales o regionales que descansaban en el monopolio de las cancillerías, a las que se consideraban lentas y burocráticas, en ocasiones capturadas por las elites, donde los usos y costumbres propios de la practica diplomática profesional tenían ritmos mucho más cansinos y plazos de resolución de conflictos que no respondían a las velocidades que la hora de ese momento histórico en teoría reclamaba.

Es indudable que esos procesos, vistos en perspectiva, cuyos logros en su momento se creyeron irreversibles, descansaron mucho más en esa sintonía interpersonal que sobre las rudimentarias institucionalidades que entonces se crearon y que, salvo excepciones, no lograron sobrevivir al clima de época del que fueron producto. Las condiciones organizacionales regionales no estaban dadas para vencer al tiempo, y el cambio de signo político, la caída de algunos gobiernos o la muerte de los liderazgos fundantes dieron pie a otro tipo de coincidencias personales que se volvían contra lo actuado precedentemente o bien, lisa y llanamente, mostraban desavenencias que resultaron irreconciliables. A este respecto, está bastante estudiada la relativa limitación que tienen los liderazgos fuertes para materializar en estructuras sólidas y prácticas institucionales robustas que los puedan sobrevivir y trascender.

De un tiempo a esta parte, no es infrecuente ver el trato que varios presidentes de la región se dispensan entre sí. Pionero en esta práctica un tanto desfachatada se destaca Donald Trump cuando contaba públicamente las infidencias de cómo humillaba a su homólogo mexicano López Obrador en diversas circunstancias, pasando por las referencias que el brasileño Jair Bolsonaro hacía del hijo del presidente argentino Alberto Fernández (exabruptos de los cuales tampoco estuvo exenta la esposa del presidente de Francia, Brigitte Macron), y las del presidente Nicolás Maduro, prolífico en hacer todo tipo de referencias personales a líderes de otros Estados que observaban con preocupación el devenir de la realidad venezolana. Más acá en el tiempo, las inquinas por la red social X entre el salvadoreño Nayib Bukele y el colombiano Gustavo Petro, entre este último y Javier Milei, y entre el presidente argentino con Lula Da Silva o López Obrador, describen un cuadro de relaciones circulares bastante caprichosas en el que está inmersa la región en materia nada menos que de relaciones internacionales, haciendo retraer a los sempiternos canales de la diplomacia formal de las cancillerías vínculos interestatales de intensidad moderada, sin que de ellas vayan a surgir grandes avances, pero tampoco desbordes que lamentar. En este sentido, no debe perderse de vista que los hechos del pasado viernes 5 representan un exceso de innegables consecuencias internacionales, pero que tienen su origen en una decisión política de un liderazgo inexperto.

En efecto, el episodio vivido en la embajada de México en Quito importará consecuencias para el Ecuador. Buscar en la historia contemporánea de América Latina los episodios en los que los Estados receptores han violentado la inmunidad de la que gozan los locales diplomáticos nos llevaría al lamentable ejercicio de tener que indagar en los momentos más oscuros y dramáticos de nuestra historia común. Incluso durante esos períodos ímprobos, casos como este no dejan de ser realmente excepcionales. Uno de ellos, el de Elena Quinteros durante la dictadura de Uruguay, es quizás el más dramático, cuando el 26 de junio de 1976 fue arrancada de la puerta de la embajada venezolana en Montevideo durante el gobierno militar de aquel país. Al día de hoy se encuentra desaparecida. O el rol desempeñado por el cuerpo diplomático argentino asentado en Santiago de Chile a inicios de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se acogió en la sede de la embajada a casi un millar de perseguidos por las fuerzas represivas logrando con ese asilo, y la posterior gestión de salvoconductos, muy probablemente salvarles la vida.

El espíritu normas como el Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889), la Convención de La Habana sobre el Derecho de Asilo (1928), la Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933), el Tratado sobre Asilo y Refugio Político (Montevideo, 1939) y la Convención sobre Asilo Diplomático y Convención sobre Asilo Territorial y la Convención de Viena de 1961, junto con los prinicpios del derecho internacional y las prácticas consuetudinarias que rigen la materia, prescinden de hacer distinciones entre diferentes ordenes políticos o constitucionales. La garantía de un estándar por todos conocidos provee un entendimiento común y límites taxativos en la relación entre Estados de cualquier geografía del orbe y no puede ser obviado por ninguno que tenga verdaderas intenciones de integrar la comunidad internacional. Esto garantiza que exista un orden basado en normas, caso contrario, estaríamos frente a la ley del mas fuerte y, en un tal escenario, países como Ecuador se verían en aprietos. Prueba de ello es, paradójicamente, la defensa que a ese respecto hizo el Estado del Ecuador en 2012 cuando abrió las puertas de su embajada en Londres a Julian Assange para concederle, durante los próximos siete años posteriores a esa fecha, asilo diplomático. Entonces, el gobierno británico desplegó un sin fin de mecanismos de presión en las cercanías de la sede ecuatoriana, con presencia policial inclusive, pero en modo alguno amagó a introducirse en ella. Son recordadas las conferencias de prensa que brindaba el hacker australiano en el balcón de la misión que daba directamente a la vereda de la calle. Cuando en 2019 el gobierno de Lenin Moreno revocó la protección diplomática que recayó sobre Assange, Scotland Yard ingresó a la embajada en Londres para detenerlo, permaneciendo desde entonces preso en Inglaterra. Todo esto ocurrió previa autorización del entonces jefe de la misión, en cumplimiento de las previsiones del artículo 22 de la Convención de Viena.

La campaña internacional llevada a cabo en todos los foros multilaterales por parte del entonces gobierno del presidente Correa, invocando los instrumentos de consenso internacional en materia de inviolabilidad de locales diplomáticos y de los institutos del asilo y la protección internacional de personas refugiadas, ponen a prueba las habilidades de los funcionarios de la cancillería ecuatoriana, que desplegaron, "como gato panza arriba", una defensa que saben improbable toda vez que los instrumentos en cuestión forman parte del derecho internacional por todos conocidos.

Entre los días 9 y 10 de abril pasado, sesionó en la ciudad de Washington el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocado por la presidencia pro tempore a cargo de Bahamas y a pedido de los dos países implicados. El asalto a la embajada mexicana en Quito recibió la reprobación enfática y casi unánime de los Estados Miembros, traducida en la adopción de una resolución en cuya votación de abstuvo El Salvador y contó con el único voto en contra del propio país implicado. En ese sentido fue también la intervención del Secretario General del organismo, el uruguayo Luis Almagro, que condenó en muy duros términos y calificó de inadmisible la conducta del gobierno de Ecuador.

Sin embargo, lejos estamos de ser optimistas que la casi unanimidad del rechazo al accionar del gobierno ecuatoriano derive en un cambio de conductas de los mandatarios de la región en el manejo de las relaciones exteriores en la vecindad. Por el contrario, este tipo de actitudes individualistas y rupturistas de las normas internacionales tiende a acentuarse con consecuencias impredecibles para países como los nuestros con una institucionalidad por lo menos débil y sin contrapesos suficientes para equilibrar las decisiones de los presidentes. En este sentido, los mandatarios suelen tener un manejo preponderante de la cuestión internacional, siendo los cancilleres prácticamente auxiliares con poca o nula autonomía para tomar decisiones amparadas por la institucionalidad, si estas chocan con la voluntad del jefe de Estado. El avance de las redes sociales, a este respecto, no ha hecho más que acentuar esta dependencia funcional que compromete, naturalmente, a todo el cuerpo diplomático que ve muchas veces derrumbado por un posteo una construcción que llevó tiempo y esfuerzo consolidar.

La verdadera política es la política internacional, el resto es simple administración. Lejos de los cantos de sirena que a principios de siglo alentaban abordar las relaciones internacionales desde perspectivas posmodernas, presuponiendo que consolidado el capitalismo como sistema económico único e interdependiente solo quedaba espacio para batallas culturales, los conflictos armados en Ucrania y Palestina, la disputa violenta por los recursos naturales en África y América Latina, el ascenso de las tensiones en Taiwán y el avance del narcotráfico también en nuestro región (por nombrar solo algunos ejemplos que hoy representan verdaderos desafíos en la agenda internacional) presumen que el sistema internacional sigue siendo lo que siempre fue y no lo que algunos imaginan que es, y a la vez representa uno de los "atributos de estatidad", por lo cual se impone abordarlo con una decidida vocación profesional y de defensa de intereses propios y compartidos.

Por lo tanto, en un mundo de frágiles e inestables equilibrios, donde la violencia recrudece visiblemente (nunca dejo de ser parte del escenario internacional, sólo que ahora recobra escala e intensidad), resulta indispensable más que nunca apelar a los mecanismos de probada eficacia para encauzar los conflictos entre países. En este caso, el ejercicio del multilateralismo y el respeto por el derecho internacional es además un campo ideal para naciones como Argentina, que no tienen poder militar ni económico disuasivo. En Latinoamérica tenemos en ese sentido una gran ventaja: Hablamos (casi) todos el mismo idioma y le rezamos (casi todos) al mismo Dios. No es poco.