Los hechos siguen demostrando que el desembarco de Sergio Massa en el gobierno es parte de una decisión que va mucho más allá de un mero reordenamiento ministerial, y que entraña una profunda reorganización y redistribución del poder en el oficialismo. Un fuerte golpe de timón con el objetivo de, en el corto plazo, evitar la catástrofe económica y social, y, en el mediano plazo, relanzar el gobierno con vistas a mantener vivas las chances electorales del peronismo en las presidenciales de 2023.

Si el tigrense ya había asumido dotado de amplios poderes, no sólo por su volumen político sino por haber absorbido en su cartera las competencias de agroindustria y desarrollo productivo, en las últimas horas avanzó un paso más que le garantiza el manejo casi total de la "botonera" de la gestión económica, reforzando su carácter de "superministro".

En este sentido, la salida del gobierno del Secretario de Energía Darío Martínez y del subsecretario Federico Basualdo no sólo le permitiría a Massa el control del hasta entonces esquivo sector energético sino que daría cuentas, en el plano simbólico, del respaldo de la vicepresidenta a la gestión del flamante ministro.

Es que desde que Argentina suscribiera el acuerdo con el FMI, el área energética se había convertido en uno de los terrenos privilegiados de la feroz disputa interna entre los funcionarios que respondían al presidente y a su vice. Todavía resuenan, en este sentido, las palabras de otro ministro echado por el Presidente, Matías Kulfas, quien definió el área como de un "internismo exasperante".

Debe decirse que, por cierto, se trata de un área compleja desde antes de este gobierno, en tanto el crecimiento exponencial de los subsidios desde el primer gobierno kirchnerista fue creando una madeja que resultaba casi imposible de desarmar sin pagar altos costos políticos. No es casual que la gestión energética haya sido motivo de pelea entre Néstor Kirchner y su vice Daniel Scioli, que haya coadyuvado al alejamiento de Lavagna como su ministro, que haya llevado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a recurrir a medidas de emergencia como cepos y otras restricciones, que llevó al propio Mauricio Macri a reconocer en el manejo del área -el "gradualismo"- como uno de los grandes errores de su gestión, y que finalmente llevó a Alberto Fernández a enfrentarse con su vice.

No se trata de una concesión menor. El compromiso de reducir el déficit fiscal es uno de los puntos nodales del acuerdo con el FMI y el recorte de los crecientes subsidios a la energía era una de las claves para alcanzarlo. Sin embargo, las pujas internas y la resistencia de los funcionarios que respondían al kirchnerismo a aplicar ajustes profundos en el esquema de subsidios condicionaba cualquier medida. Lo sufrió Martín Guzmán -que ni siquiera pudo echar a Basualdo pese a haberlo anunciado públicamente-, y lo aceptó sin miramientos Batakis durante su efímera gestión.

Por ello, una primera lectura indicaría que Massa concentra cada vez mayor poder para llevar adelante su plan de reducción del déficit fiscal y fortalecimiento de las reservas del Banco Central, ya que podrá avanzar sin condicionamientos en el esquema de segmentación que permitiría reducir el gasto público a la vez que fortalecer las reservas a partir de una baja en las importaciones energéticas. En segundo lugar, la llegada a la Secretaría de Flavia Royón, hasta ahora secretaria de Minería de Salta, también puede interpretarse como un gesto a los gobernadores, que apoyaron el desembarco de Massa.

Ahora sí está claro que vamos hacia el aumento de tarifas. El interrogante será otro: no sólo si el nuevo equipo económico lo podrá implementar con éxito sino qué efectos políticos tendrá. La clase dirigente es muy consciente de que es una fibra muy sensible, como lo dejaron en evidencia los estallidos sociales que se produjeron en varios países de la región. El desenlace del gobierno de Dilma Rousseff empieza con el problema de los precios de servicios públicos, los estallidos en Ecuador y Chile, al igual que en Colombia, también estuvieron ligados a un aumento de tarifas. En todos los casos, vale subrayar, los acontecimientos desencadenaron crisis que derivaron en cambios en el signo político de los gobiernos.

Por ello, no son pocos los que señalan, con suspicacia, que más que un gesto de apoyo de Cristina a Massa se trata de un repliegue estratégico para que quede él como el principal artífice del ajuste. Parece igualmente poco probable que, a esta altura de los acontecimientos, la suerte del kirchnerismo no quede -al menos en el corto y mediano plazo- atada al destino de Massa y el gobierno. La foto de Alberto, Massa y Kicillof de este martes en Lomas de Zamora parece ser evidencia de este razonamiento pragmático.

Así las cosas, lo cierto es que Massa ya controla los principales resortes de la economía argentina. Ahora será tiempo de encarar los titánicos desafíos que tiene por delante. Por lo pronto, este jueves se conocerá el índice de inflación de julio, que estará probablemente entre los más altos de las últimas décadas, y que permite proyectar una inflación que superaría el 90% para este año. Todos datos que conspiran contra el nivel de expectativas que logró generar Massa desde el anuncio de su ingreso al gobierno.

En ese sentido, para sostener ese clima de expectativas, que ya se vio matizado por la tibia recepción que tuvieron las primeras medidas anunciadas entre los actores del sistema financiero local y en Wall Street, será vital que el gobierno proyecte una imagen de cohesión detrás del discurso y el programa de Massa. Una condición necesaria, aunque seguramente no suficiente, para empezar a asomar la cabeza.