La estrategia de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera, de generar un "efecto dominó" con la salida de España de la Carta de la EnergÃa (TCE) empieza a surtir efecto. PaÃses Bajos comunicó en las últimas horas que seguirá el mismo camino y abandonará un tratado internacional que se ha transformado en un "grave obstáculo para la mitigación del cambio climático''.
La decisión del gobierno de Mark Rutt ocurre seis dÃas después del portazo de España. El anuncio lo hizo el ministro para el Clima, Rob Jetten durante un debate parlamentario.
"El mandato para la Comisión Europea era alinear el TCE con el acuerdo climático de ParÃs. A pesar de muchas de las modernizaciones que están ahora en el resultado de la negociación, no vemos cómo el TCE se ha alineado suficientemente con el Acuerdo de ParÃs", argumentó.
LPO habÃa adelantado que Moncloa, con su salida unilateral, buscaba generar una grieta en Bruselas respecto al respaldo a este pacto, vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que, básicamente, protege los intereses de la industria fósil y limita la transición energética.
El TCE habilita a las empresas a demandar a los paÃses ante un sistema de tribunales privados (eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.
Hasta el anuncio de Ribera, la mayorÃa de los paÃses apostaba por una "modernización" de la carta --en borrador desde hace cuatro años- para alinear el texto con los objetivos del Acuerdo de ParÃs, una votación que la Comisión Europea (CE) pondrá arriba de la mesa en las próximas semanas.
Ahora, los paÃses más crÃticos con este histórico tratado empiezan a analizar una "salida grupal" para forzar "cambios estructurales" en medio de dos crisis, la energética y la climática, que empiezan a solaparse. No es descabellado que otros gobiernos anuncien sus salidas en las próximas semanas.
Alemania y Francia, por ejemplo, ya han dado señales de disconformidad sobre lo "obsoleto" que empieza a quedar un tratado que se creó cuando la matriz energética global era exclusivamente fósil y cuando no existÃan los consensos actuales sobre la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático.
PaÃses Bajos fue vÃctima de este tratado. La aprobación de una ley para prohibir ele uso de carbón como fuente electricidad a partir de 2030, desencadenó una demanda judicial de la empresa alemana RWE por 2 mil millones de euros en compensación por el cierre de una de sus centrales.
El Estado español es, actualmente, el más demandado en Europa por el "paraguas protector" que ofrece el TCE: varios fondos de inversión reclaman un total de 8.000 millones de euros. Los litigios, en su mayorÃa, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.
Eso sÃ: España y Holanda -y el resto de los paÃses que se sumen- no se librarán fácilmente de este pacto. Deberán esperar un año para formalizar sus renuncias y podrán ser demandados por inversiones afectadas anterior a la fecha de salida y por un lapso de 20 años. Asà lo estipula la cláusula de "supervivencia" que se activa ante renuncias unilaterales.
En este sentido, Marta GarcÃa Pallares, miembro de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión", quien más ha indagado en España sobre este tratado, explica que si son varios los paÃses que abandonan el tratado, hay margen para anular esta cláusula.
"En medio de la profunda crisis climática que estamos viviendo, y ante una década decisiva para cambiar nuestra matriz energética, estas renuncias van a permitir hacer reformas más ambiciosas y estructurales", explica.
En su opinión, España -y ahora PaÃses Bajos- "abre la puerta" para dejar atrás "las medidas parches y a mitad de camino" que, en muchos casos, se estaban aplicando por este blindaje legal a las energéticas.
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