
En lo polÃtico, Moncloa logró lo que buscaba: un efecto dominó para tumbar la Carta de la EnergÃa (TCE), un acuerdo internacional vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que, básicamente, protege los intereses de las empresas energética, en especial la industria fósil.
Este jueves, el pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea que presente un plan coordinado para la salida de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembro después de que Bruselas haya retirado su propuesta de modernización. Francia y Alemania siguieron a España y también pegaron el portazo.
En lo económico, sin embargo, el Gobierno deberá pegar una nueva indemnización. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), corte de arbitraje del Banco Mundial, amparándose en este tratado, condenó a España a pagar una cifra millonaria (106,2 millones de euros) a Eurus, filial energética de Toyota, por los recortes a las primas de las energÃas renovables que se aprobaron en 2013.
Eurus tiene quince plantas eólicas en España en Asturias y Galicia. Demandó a España en 2016 por las reformas del sector de las renovables abordados por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2014, cuando se redujo las primas a la energÃa verde del 25% al 7%.
Según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el cambio en la ley, que avalaron el Tribunal Supremo y el Constitucional, supuso reducir en 1.700 millones de euros los beneficios de las instalaciones.
La multinacional pidió ser indemnizada por considerarse vÃctima de una expropiación indirecta, falta de trato justo y equitativo y denegación de justicia. El reclamó ascendió a 179 millones de euros por este cambio regulatorio, cifra mayor a la que deberá abonar el Ejecutivo. La indemnización, no obstante, es la segunda más onerosa a pagar a una energética (NextEra la primera, con 290 millones).
Vale recordar que España es el paÃs más demandado de Europa por multinacionales energéticas. La mayorÃa acudió a los tribunales internacionales con la Carta de la EnergÃa bajo el brazo. Como este tratado protege a todas "las fuentes de energÃa", fueron los fondos de inversión que apostaron por las renovables los que más se ampararon en este texto para exigir reparaciones económicas por el "cambio en las reglas de juego".
La salida de este pacto -que se formalizará un año después de que el Congreso lo corrobore-, no tiene consecuencias en los litigios abiertos. Tampoco papara próximas demandas. Al ser una salida unilateral (de ahà la importancia para España de que la renuncia sea de toda la UE), se activa una cláusula que se llama de supervivencia, que le permite a las compañÃas seguir reclamando por un lapso de 20 años.
Los juicios de las energéticas por las renovables son más puntuales (cambio de legislación) que estructurales. El Ministerio de Transición Ecológica proyecta cientos de demandas de petroleras y gasÃferas cuando se rompan contratos ante la necesidad de intensificar la descarbonización de las economÃas.
Moncloa cuestiona el "proceso de modernización" que Bruselas quiere aplicar a este convenio -"ha sido altamente insuficiente" y su espÃritu, a contramano de "los objetivos del acuerdo de ParÃs y el Pacto Verde Europeo".
A juicio de España, también son "insuficientes los avances para garantizar la defensa y la integridad del ordenamiento jurÃdico de la UE", en referencia al sistema de tribunales privados que contiene el tratado y que, básicamente, habilita a las las empresas a demandar a los paÃses si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.
En su carta de renuncia, adelantada por LPO, el Gobierno pide el paso que el Parlamento pidió hoy: "una retirada coordinada de la UE". "Seria la mejor opción", sostiene el Gobierno.
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