La oposición consensuó en Diputados un dictamen único para una nueva ley de alquileres que retorna los contratos a 2 años y permite subas trimestrales sin límite de precios, con incentivos impositivos para sumar oferta de propiedades. 

Lo presentó en la comisión de presupuesto y podría reunir una mayoría para aprobarlo en el recinto y enviarlo al Senado. Necesitarían garantizar el aval de los cuatro liberales, que piden la derogación plena de la ley de alquileres. 

El oficialismo sostuvo su propuesta de mantener el trazo grueso de la ley sancionada en 2020, con contratos a 3 años y subas anuales ajustadas a un índice que combina la inflación y la variación salarial. También incluye incentivos fiscales, tal vez el único consenso durante el debate que comenzó hace dos meses y tuvo 150 expositores. 

No hubo acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos para modificar la ley alquileres 

Las primeras reuniones fueron en la comisión de legislación general, pero la incorporación de medidas impositivas obligó a sumar la de Presupuesto y la oposición consiguió unir sus dos dictámenes: el de Juntos por el Cambio y el de Graciela Camaño, respaldado además por los bloques de Río Negro y Misiones, habituales aliados del Gobierno.

Ambos despachos bajaban los contratos a 2 años, pero no coincidían sobre cómo actualizar los precios: JxC quería que fueran libres y Camaño los ataba a la inflación, con la posibilidad de subirlo en cualquier momento. 

El consenso fue que no haya topes, pero que la actualización pueda ser de entre 3 y 12 meses. A modo de sugerencia, la ley recuerda que puedan usarse índices oficiales como la variación de precios o salarios. 

La actual ley de alquileres generó que los propietarios sólo se protejan con el precio inicial. Es lo que buscamos evitar. 

En la oposición explican que en la negociación por el escalonamiento de las actualizaciones quedará implícitamente incluido el precio inicial, convertido en la moneda de ajuste de los propietarios. Por caso, interpretan que los inquilinos podrán definir el plazo según la fecha en la que actualicen sus ingresos. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

"La actual ley de alquileres generó que los propietarios sólo se protejan con el precio inicial. Es lo que buscamos evitar", justificó las modificaciones Alejandro Cacace, de Evolución radical, uno de los artífices del consenso.

El dictamen opositor mantiene los beneficios de la ley actual a los inquilinos como el de no pedir depósitos mayores a un mes y la posibilidad de devolverlos al precio del último mes de contrato; o el menú de garantías para elegir, que además de propiedades incluye aval bancario o seguro de caución. No prosperó la presión de Mauricio Macri para borrar toda la norma. 

Se agregan beneficios impositivos para sumar oferta, como permitir a los monotributistas tener 3 propiedades en alquiler, eximir del impuesto al cheque a los contratos (que deberán registrarse en la AFIP) y desgravar bienes personales a viviendas de hasta 30 millones que estén el mercado. 

Además, se suma la posibilidad de rescindir el contrato en el primer semestre con parte de un acuerdo o después del año pagando un mes de alquiler. 

Para el oficialismo el texto es a medida de inmobiliarias y desarrolladores. "Dicen que puede ser actualizado por la inflación. O sea, ¿Puede ser la inflación más 10 puntos? No escuché a ningún sector pedir eso", se lamentó el salteño Lucas Godoy.

"Se quiere proponer que los contratos se pacten libremente entre las partes: está claro quién va a ganar y quién va a perder. Es como hacer discutir un zorro con una gallina. El sector más perjudicado en esto son los inquilinos. Nosotros, como representantes del pueblo, debemos defender los derechos de los inquilinos", sostuvo José Luis Gioja. 

El dictamen del oficialismo tuvo 40 firmas y el de la oposición 39, pero esas mayorías podrían revertirse en el recinto. A los 116 de Juntos, se suman 8 del interbloque federal de Camaño, aunque los 2 socialistas no están confirmados. Sí la dupla de rionegrinos a la de misioneros y tal vez el riojano Felipe Álvarez. 

Los cuatro liberales son la garantía de una mayoría que los referentes de Juntos por el Cambio buscarían en una sesión especial. 

Con este reparto de fuerzas, en el Senado la oposición podría sumar 36. 

Pero si se aprobara este año la ley podría sancionarse durante 2024, ya con otro Congreso.