La parainstitucionalidad en el ámbito de las estructuras del Estado no puede ser a esta altura de las circunstancias el capricho de todos los funcionarios de turno que, sin importar el color político de los que gobiernan, compiten en ver quién es el más malo y peor contra los intereses del pueblo. A la vez, tratan de instalar un juego perverso de ver hasta donde la paciencia de la ciudadanía aguanta. Todos ellos han convertido al Estado en un campo de batalla donde se libra una guerra de la política que afecta sobre manera a los intereses de la Argentina y a los que trabajan.

Hasta aquí, como queda a las claras, todos los políticos electos que manejaron lo público han mentido, incluso diciendo la verdad y no han estado a la altura del compromiso que la historia les exige y requiere. La convergencia de complicidades obliga a salir a la ciudadanía de esta virtualidad agobiante a la que entre todos la sometieron. La catequización ideológica que fuera una constante en el ingreso en la función pública la ha hecho añicos; en sí la cosa pública fue convertida en el reservorio donde muchos desplazados de la actividad privada fueron de a poco sobrecargando la administración pública hasta volverla inmóvil y alterando completamente el fin social para la que fue creada. Todo hecho deliberadamente con la complicidad de muchos para disociar al ciudadano del Estado, que de esta forma ha sido depredado.

La liturgia del fetichismo estatal generó un desprestigio de la profesión en el inconsciente colectivo de la sociedad (sketch del empleado público de Antonio Gasalla). Se instaló la política de llevar a la gente premeditadamente fuera del sistema, desplazando la cultura del servidor público e instalando la cultura de la radicalidad social, que tuvo como fin encubierto la de engrosar el número de sus prosélitos haciendo que todo dependa de él. Se han generando rehenes de los políticos de turno, alejándose abismalmente de las prácticas y costumbres que hicieron fuerte a esta nación, prescindiendo de igual manera de las pymes, creadoras y proveedoras del 80% del trabajo productivo del país.

El Estado nacional perdió su poder autárquico en al ámbito fabril e industrial. Nada tiene que ver con la iniciativa de Mosconi con YPF y otros. La disfuncionalidad extrema ha sido una constante y un vicio visible principalmente en las administraciones publicas provinciales.

Desde mi punto de vista, y como secretario general de un sindicato, siempre bregue por la división de la planta política de la administración pública de la de carrera, compartiendo el criterio del jurista Marienhoff, quien esgrimía el siguiente concepto: "un derecho fundamental del agente público es el derecho a la carrera administrativa. Comprende el estar constantemente bien 'encasillado' o ubicado en el escalafón, el de ascender en sus años de trabajo para llegar finalmente a la jubilación en condiciones satisfactorias o con un salario que le permita hacer frente dignamente a la vejez". Además, sostiene que: "básicamente, existen dos criterios esenciales: el de la antigüedad y el del mérito, reconociéndosele importancia a la antigüedad en los grados inferiores y al mérito (concursos, capacitación, examen) en los grados superiores de la administración".

Celebro que después de tanta discusión y propuestas oportunamente elevadas y hechas públicas, el ministro Federico Sturzenegger se haya volcado a lo que venimos bregando hace tiempo respecto de poner en vigencia la Carrera Administrativa. Pero debe tener presente ineludiblemente el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público, porque la drasticidad no puede ser siempre la solución.

También, es objetivo destacar que hace poco un grupo de empresarios paraestatales y lobbystas quisieron eliminar el aguinaldo. Fue en el marco de una reunión y debate con el diputado José Luis Espert, donde este coincidió que el aguinaldo es el sueldo número trece, el cual vengo insistiendo que como sufre aportes previsionales debe ser calificado y computado en el haber jubilatorio, cosa que hasta al día de la fecha no acontece.