El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demuestra nuevamente que no tiene en consideración la voluntad de los vecinos, sino que solo opera a favor de los grandes negocios de sus amigos de siempre. Hace pocos días, la Legislatura porteña dio un paso en la aprobación del proyecto de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca, que busca construir torres de hasta 45 pisos sobre un humedal lindero a la Reserva Ecológica y al Barrio Rodrigo Bueno.

De seguir adelante, este proyecto traería complicaciones como mayores inundaciones, problemas ambientales, y aumentaría los déficits habitacional y de espacios verdes de la ciudad. Se trata de un negocio inmobiliario y no de políticas integrales habitacionales y ambientales.

Entre los años 2009 y 2019 bajo las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta respectivamente, se vendieron más de 150 hectáreas de tierras públicas, propiedad de todos los porteños y porteñas. En la presidencia de Cambiemos, se vendieron casi 80 hectáreas, las cuales podrían haber servido con una buena estrategia ambiental y habitacional para la construcción de viviendas para más de 100 mil personas e incrementar los espacios verdes. En este punto, Larreta es la continuidad de Macri, son lo mismo.

Son muchas las irregularidades que maneja el Gobierno porteño con respecto a este proyecto, que fue presentado el 20 de julio y que en tan sólo siete días ya tenía dictamen de comisión en la Legislatura. Sin discusión en las principales comisiones, negando su tratamiento en la Comisión de Espacio Público y de Ambiente. Además, no cuenta con un informe de impacto ambiental, no se realizó una evaluación para conocer cómo impactaría este desarrollo en la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno, no se consultó a los vecinos ni a las autoridades de la Comuna 4, hoy gobernada por la oposición.

Estas tierras fueron cedidas en 1964 a Boca Juniors con el objetivo de construir una ciudad deportiva. El Grupo IRSA las compró por 50 millones de dólares, y actualmente se estiman ganancias por más de 1.200 millones de dólares. Un negocio inmobiliario redondo del que el Gobierno porteño participa y es cómplice, sin preocuparse por el bienestar de los ciudadanos ni el de las generaciones futuras.

La alternativa es la ciudad que soñamos y por la que trabajamos, que necesita que se incorpore al río, para que todos y todas podamos disfrutarlo. Las tierras costeras deben ser de libre uso y circulación, y no un lujo de pocos.

Sin ir más lejos, el Código Urbanístico de la Ciudad prohíbe los barrios privados y el artículo 8 de nuestra Constitución Nacional señala que los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos, de libre acceso y circulación. Lo que Rodríguez Larreta pretende vulnera los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a tener un espacio de recreación y bienestar.

Pese a la media sanción, el proyecto deberá ser debatido por la ciudadanía en una audiencia pública, y se deberán escuchar a las autoridades de la comuna, organizaciones sociales, vecinos y vecinas que alzan su voz en contra de este proyecto para unos pocos privilegiados.

En estas elecciones está en juego algo muy importarte que va más allá de los candidatos. Es una forma de gobernar, si seguimos con un presupuesto destinado a las encuestas, estudios de opinión, que el diseño ambiental y las políticas habitacionales las determinen los desarrolladores inmobiliarios amigos de acuerdo a sus intereses y no a los intereses comunes, que los enfermeros no sean profesionalizados, que los médicos no sean valorados, que a los docentes no se los tengan en cuenta, que la infraestructura escolar y hospitalaria no sea una prioridad, y que los emprendedores y comerciantes sean abandonados como ocurre desde el inicio de la pandemia del Covid.