El nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre Estados Unidos y Argentina (ARTI) es más que un pacto comercial y de apertura económica: aprovecha un momento político de alineamiento para impulsar una transformación profunda del sistema argentino de propiedad intelectual.

En líneas generales, el ARTI toca varios frentes: aranceles diferenciados para bienes industriales y agropecuarios, baja de distintas barreras no arancelarias, reglas para el comercio de alimentos, compromisos laborales y ambientales, cooperación en controles aduaneros y hasta la prohibición de impuestos discriminatorios a servicios digitales. Dentro de ese menú, la propiedad intelectual, herramienta fundamental para el desarrollo económico, se convierte en una pieza crucial.

El acuerdo incorpora una agenda ambiciosa y fija un calendario concreto de cambios y tratados que Argentina se compromete a implementar o al menos a someter al Congreso.

Así, nuestro país se obliga a robustecer la protección de la propiedad intelectual, con mecanismos efectivos de tutela civil, penal y aduanera, incluyendo el entorno digital. El acuerdo hace énfasis en priorizar la persecución de falsificación y piratería, reforzar la actuación en frontera y contar con herramientas concretas frente a las infracciones en línea.

Otro eje sensible son las indicaciones geográficas. El ARTI requiere procedimientos transparentes para reconocer indicaciones geográficas y una revisión de criterios respecto de la monopolización de términos genéricos para los consumidores locales.

Quizás el capítulo más transformador para esta materia sea el de tratados internacionales. El acuerdo obliga a la aplicación de convenios que Argentina ya suscribió y, más importante aún, fija plazos concretos para avanzar sobre otros instrumentos clave.

Antes del 30 de abril de 2026, el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ha sido resistido y cuestionado por algunos sectores locales. Además, antes del término de 2027 deberá también remitir un paquete que incluye, entre otros, el Tratado de Budapest, el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya sobre diseños industriales, el Protocolo de Madrid para marcas internacionales, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y la versión 1991 de UPOV sobre variedades vegetales, ya conocido por generar polémica. Si ese calendario se cumple, el mapa de la propiedad intelectual argentina cambiaría sustancialmente.

Finalmente, se acordó una suerte de "to-do list" para nuestro país. Argentina se compromete a derogar las Resoluciones Conjuntas 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015, que limitan la patentabilidad en áreas como biotecnología y farmacéutica; estudiar un régimen de protección de datos de prueba; reducir la demora en el otorgamiento de patentes y evaluar extensiones de plazo por demoras injustificadas. También deberá reforzar el enforcement mediante sanciones más efectivas, facultades aduaneras de oficio y estrategias específicas contra la piratería y la falsificación, especialmente en entornos digitales.

En síntesis, el ARTI abre oportunidades reales de integración y modernización, pero también reaviva debates de fondo: cómo equilibrar la atracción de inversión y tecnología con el acceso a la cultura, la salud, las semillas y el conocimiento. El texto ya está firmado; ahora queda esperar con qué ritmo y con qué límites Argentina decide cumplir aquello a lo que se comprometió.