
Desde que asumió Joe Biden en la Casa Blanca, Estados Unidos viene posando sus ojos sobre el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Bukele arrasó en las elecciones de 2018 y rompió con la hegemonía de los dos partidos tradicionales: el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de centroizquierda y Arena, de centroderecha.
Su discurso anticorrupción, contra el sistema, y un perfil moderno con mucho anclaje en las redes sociales permitió que rápidamente aumentara el apoyo de la población y logró un apoyo mayoritario en las elecciones legislativas de 2020 que le permitió quedarse con el control absoluto del Poder Legislativo.
El 1 de mayo de 2021 entró en funciones la nueva Asamblea Legislativa y la primera medida aprobada fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Nayib Bukele sostiene que la reforma es para sacar a jueces y fiscales corruptos, los críticos del gobierno afirman que estas medidas acentúan el perfil autoritario del primer mandatario. El bitcoin y la avanzada sobre el Poder Judicial son las principales causas de las protestas en el país aunque están lejos de ser masivas.
Este conjunto de hechos provocó la respuesta del gobierno de Estados Unidos. "De nuestra posición estamos mirando muy de cerca porque consideramos que este paso, lamentablemente es un paso más que está realmente en detrimento de la separación de poderes en este país y en especialmente con el sistema judicial que es tan importante", dijo Jean Manes, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.
La vicepresidenta, Kamala Harris, hizo lo propio en mayo de este año cuando declaró al día siguiente de la remoción de jueces de la Asamblea Nacional que "la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte".
LPO entrevistó al abogado constitucionalista salvadoreño, Jonathan Sisco, explicó los alcances de la reforma judicial y alertó sobre una concentración de poder de parte del Presidente.
Sisco planteó que "el mismo día la Asamblea Legislativa entró en funciones, eligió a 5 abogados como magistrados, todos ellos responden a Bukele, uno de los nuevos magistrados fue asesor directo del presidente (José Ángel Pérez), otro había sido nombrado como Comisionado presidencial en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por el presidente". "Este comisionado fue uno de los que votaron a favor de mantener bajo reserva mucha información de la presidencia de la República, violentando el principio de máxima publicidad reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública ordena que la información se publique de forma oficiosa", agregó.
El abogado destacó que "al tener el control de las altas Cortes el presidente Bukele no tiene ningún freno, esto ha permitido que el Ejecutivo gobierne sin ningún tipo de control, ya que las violaciones a la Constitución quedan impunes. Pero el próximo paso es hacer una "depuración" del Judicial".
Con las reformas aprobadas todos los jueces y magistrados del país que tengan 60 años o más, quedan "cesados" en sus cargos, de forma inmediata y obligatoria; también quedan cesados los jueces que tengan 30 años de servicio independientemente de su edad.
Esto tiene que ser garantizado por la Corte Suprema de Justicia (controlada por Bukele) y los jueces y magistrados cesados de forma obligatoria estarán bajo un régimen de disponibilidad, por lo tanto la Corte Suprema de Justicia podría tomar la decisión de nombrar de forma temporal a los jueces para llenar alguna vacante.
Para Sisco, "el objetivo de estas reformas no es mejorar el Órgano Judicial, el objetivo es político y consiste en tener el control total del Órgano Judicial, poder trasladar o sustituir a jueces, a conveniencia y nombrar a jueces que respondan al Ejecutivo". "Es cierto que hay jueces corruptos en el país, pero con esta reforma se destituyen de forma fraudulenta a jueces honestos y capaces, por ejemplo: el juez que está conociendo el caso de la masacre El Mozote tiene más de 60 años, ese juez ordenó al presidente Bukele permitir el acceso a los archivos militares, pero el presidente incumplió esa resolución judicial", añadió.
Lo que observa la Casa Blanca es que el presidente ya tiene el control del máximo tribunal con 10 de 15 magistrados y con esta nueva reforma prácticamente destituye a 230 jueces y magistrados de cámaras de segunda instancia en todo el país, ahora podrá nombrar a jueces afines.
Sisco alertó que "desde el punto de vista legal se vulnera el derecho al trabajo y la estabilidad en el cargo de los funcionarios judiciales, establecido en el artículo 219 de la Constitución; pero también se vulnera el derecho a la protección judicial de las personas (derecho constitucional), así como el derecho a un tribunal imparcial, independiente y competente (derecho estipulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)".
En la práctica el presidente salvadoreño tiene el control de la Asamblea Legislativa (que ha destituido a los jueces), el Fiscal General de la República que tiene facultad para ordenar detención por 72 horas, también investiga y judicializa casos, pudiendo proteger al no acusar ciertos delitos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia (que nombra y traslada jueces) y se espera que se quede con el Consejo Nacional de la Judictaura (que propone ternas para nombrar jueces) y sus miembros son elegidos por la Asamblea Legislativa por 56 votos. Bukele tiene 64 votos de 84 en total.
Jonathan Sisco consideró que "debe restablecerse el orden constitucional. Desde el inicio de su mandato el presidente ha abusado del poder, utiliza las leyes a conveniencia, manipula la opinión pública y eso le ha permitido tener mucho poder político".
A su vez, denunció que "la persecución política no es física, pero sí se están utilizando las instituciones para ir contr opositores, al estilo de Maquiavelo, se busca un "castigo ejemplar" en contra de cualquier opositor o crítico del Gobierno, abusando el poder político y el control de las instituciones del Sistema de Justicia, policía y militares, incluso han detenido de forma ilegal a críticos de Bitcoin".
"Bukele no está verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupción, actualmente una sociedad propiedad de empresarios hondureños ligados al narcotráfico ganó un contrato por varios millones. Esos mismos empresarios fueron donantes en la campaña del Presidente, parientes del señor Miguel Facussé, un empresario ampliamente conocido por sus vínculos con el narcotráfico en Honduras", denunció el especialista.
Por último, Jonathan Sisco reiteró que "hay persecución política por medios modernos, pero también se instrumentalizan las instituciones para eso, pero al mismo tiempo el Gobierno tiene vínculos con financistas, presuntamente ligados a narcotráfico, en la pandemia se efectuaron compras a empresas de Sinaloa, dichas empresas son de dudosa reputación y podrían estar vinculadas a narcotráfico. El tema aquí es la manipulación, sí hubo corrupción en los Gobiernos anteriores, pero no se compara con la corrupción actual".
El partido Demócrata tiene un verdadero problema alrededor de la figura de Nayib Bukele. El primero es en el tablero internacional y está ligado es la excelente relación de El Salvador con China que lo llevó a ser recibido por Xi Jinping en enero de 2020, eso atenta contra la intensión de Washington de poner un frena a la influencia de Pekín en la región, algo que inauguró el gobierno anterior en el país centroamericano cuando dejó de reconocer a Taiwan para restablecer relaciones con Pekin. La feroz concentración de poder del Presidente podría pasar por alto si el alineamiento del Gobierno fuera otro.
El segundo es interno. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos apoya la gestión del Bukele y las críticas de la Casa Blanca acercan a los salvadoreños a la plataforma electoral del Partido Republicano.
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