Mientras un juez federal acaba de bloquear la política de Joe Biden que limita los asilos a los inmigrantes que llegan desde México, un grupo de congresistas promueve una ambiciosa reforma. El proyecto de ley es impulsado por dos representantes de origen latino. Ellas son la republicana María Elvira Salazar, por Florida, y la demócrata de Texas Verónica Escobar.

El texto también lleva la firma de otros congresistas de estados y líneas políticas diversas: Jenniffer González-Colón, Hillary Scholten, Lori Chávez-DeRemer, Kathy Manning, Mike Lawler y Adriano Espaillat. Es una iniciativa bipartidista que busca colarse en la agenda zigzagueante de la Casa Blanca.

"Décadas de inacción del Congreso sobre la ley de Inmigración tiene consecuencias reales, y la crisis humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos requiere una solución bipartidista", plantea la representante Escobar. La demócrata de Texas agrega que "estos tiempos difíciles exigen compasión, acción y restaurar la dignidad de las personas que han tratado de navegar por un sistema roto durante demasiado tiempo".

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La medida contempla ayudar a aquellos que llevan más de cinco años viviendo ilegalmente en Estados Unidos sin antecedentes penales y, según sus promotores, llevaría tranquilidad a millones de familias. Les daría residencia y permisos de trabajo, con un programa denominado "estatus de dignidad", que costaría US$5000 de admisión. Tras siete años, los inmigrantes podrían optar por el "estatus de redención", que llevaría a la ciudadanía por otros US$5000.

Si bien lo presentaron semanas atrás, los representantes quieren aprovechar el contexto de debate para darle mayor visibilidad. En los Estados Unidos la inmigración se convirtió en un motivo de polémica permanente. Pero acumuló subtramas específicas en el último tiempo. Por ejemplo, el endurecimiento de las leyes migratorias en Florida. Las nuevas normas del gobernador Ron DeSantis están a punto de cumplir un mes.

Se están viendo familias de inmigrantes que se están mudando a otros estados. Y los empleos están sufriendo. Esto puede generar que suba la comida 

"Se están viendo familias de inmigrantes que se están mudando a otros estados. Y los empleos están sufriendo. Esto puede generar que suba la comida", se queja ante LPO la comisionada por el distrito 2 de Miami, la colombiana Sabina Covo. Y el pastor evangélico David Cantillo, el más popular entre los latinos de Florida y líder de la iglesia pentecostal Tampa para Cristo, calcula ante este medio que el 20% de los fieles de Tampa para Cristo abandonó el estado en las últimas semanas.

En paralelo, el juez federal Jon Tigar de California le acaba de quitar al gobierno de Biden una herramienta creada para limitar la entrada de migrantes. El fallo implica un duro golpe a la política de asilo del presidente. Se espera que el Departamento de Justicia apele la sentencia. La norma bloqueada por el juez permitía a las autoridades de inmigración denegar asilo a las personas que no habían presentado una solicitud online o no habían pedido protección en los países por donde pasaron rumbo a los Estados Unidos.

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El proyecto encabezado por Salazar y Escobar se titula Ley Dignidad 2023. Además de reforzar los controles en las fronteras, la iniciativa ensaya una suerte de blanqueo para millones de indocumentados que viven y trabajan en el país.

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"Le vamos a dar dignidad a aquella gente que está ya dentro de forma ilegal, pero que se cierren las fronteras para que no entre más gente, sumando desorden. Este proyecto pone orden, adentro y afuera", explicó Salazar ante LPO.

Le vamos a dar dignidad a aquella gente que está ya dentro de forma ilegal, pero que se cierren las fronteras para que no entre más gente, sumando desorden. Este proyecto pone orden, adentro y afuera 

La congresista de origen cubano afirma que se trata de una reforma migratoria completa y no "un parche" de tres meses. Respecto a las leyes que ya rigen en Florida, el estado por el que fue elegida, Salazar se diferencia del gobernador y precandidato presidencial DeSantis. "Es una ley un poco extrema, porque ha hecho que mucha gente no esté cómoda".

"El sistema de Inmigración de Estados Unidos está roto; el momento para el cambio de política es ahora. Como abogada de Inmigración, he visto las fallas en el sistema", dijo la representante demócrata Kathy Manning de Carolina del Norte.

El proyecto de ley Dignidad es exhaustivo, al punto de contar con 493 páginas. Entre sus múltiples propuestas, destina 25 mil millones de dólares para asegurar completamente la frontera con México y obliga a todas las empresas estadounidenses a utilizar el sistema E-verify para que contraten trabajadores legales.

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Busca acelerar la tramitación de asilo y agiliza la tramitación de las visas H-2A para los trabajadores agrícolas golondrina. Establece al menos cinco Campus Humanitarios para las personas y familias que lleguen a la frontera sur. Según el texto de la ley, los solicitantes de asilo permanecerán en un HC hasta que se resuelva su caso en un plazo máximo de 60 días.

Otro punto controversial es la creación de cinco centros de inmigración adicionales en América Latina. El objetivo es detener las caravanas de migrantes y evitar el agolpamiento en la frontera. Esas bases potenciales intentarán una preselección y asesoramiento laboral para determinar la elegibilidad para visas de trabajo. Así, el proyecto cuenta con dos caras: controles restrictivo para evitar o al menos administrar el flujo de nuevos inmigrantes y a la vez ofrece vías de legalización para los más de 13 millones de trabajadores sin papeles que viven en los Estados Unidos.

¿Cómo se financiaría esta ambiciosa reforma, que incluye potenciar la infraestructura fronteriza y los puertos de entrada, construir campus humanitarios y aumentar el personal? Según los autores, provendrá de una tasa del 1,5% sobre los sueldos de las personas a las que se les conceda el blanqueo denominado "dignidad" y "redención". "No tendrá costo para el contribuyente", promete Salazar.