Ron DeSantis acumula enemigos. El gobernador de Florida y precandidato presidencial ensaya una estrategia riesgosa: mostrarse como el candidato más conservador de los republicanos, incluso por encima de Donald Trump. Esa hoja de ruta le hace ganar nuevos adversarios. Por ejemplo, colectivos de inmigrantes y de la comunidad LGBTQ+. Pero también, el gobierno de México y hasta un sector de los republicanos anti-trumpistas.

Tras la puesta en marcha de la ley que endurece la política migratoria en Florida, se multiplicaron las marchas, actos y declaraciones en contra de DeSantis. En Fort Lauderdale, miles de personas protestaron contra los "legisladores autoritarios" que habilitan "ataques contra inmigrantes, personas de color y la comunidad LGBTQ+". En Homestead, otro grupo se reunió en el Ayuntamiento para exigir la revocación de la SB 1718, la nueva ley de inmigración.

En paralelo, empezó la resistencia legal contra DeSantis. Un grupo de organizaciones civiles anunció que presentará en las próximas horas una demanda federal contra la norma. El colectivo está integrado por Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.

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La avanzada contra el precandidato republicano cuenta con el aval del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de condenar la ley de Florida en su habitual conferencia de prensa. Bajo ese paragüas político, los representantes de México en Estados Unidos también empezaron a mostrar los dientes a DeSantis.

Tras la puesta en marcha de la ley, se multiplicaron los actos contra de DeSantis. En Fort Lauderdale, miles de personas protestaron contra los "legisladores autoritarios" que habilitan "ataques contra inmigrantes, personas de color y la comunidad LGBTQ+"

México cuenta con una amplia red consular en EE.UU.: sobre 50 delegaciones, hay dos en Florida. El cónsul en Miami Jonathan Chait es quien lidera la campaña. Chait coordina la estrategia con el embajador en Washington Esteban Moctezuma.

"La ley afecta a los migrantes y a las empresas que se benefician del trabajo de miles de personas que llegaron a los Estados Unidos. Además genera un clima de miedo que atenta contra los procesos de integración", protestaron ante LPO desde la embajada en Washington. Y confirmaron que, además de reforzar las medidas de asesoría, la representación mexicana en tierra de Joe Biden se sumará a la demanda judicial.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. 

AP

Al tratarse de un tema sensible, porque México no tiene atribución legal para actuar a nivel individual, el gobierno se convertirá en "amicus curiae" de la presentación. Lo hará una vez que se formalice la demanda.

"La ley afecta a los migrantes y a las empresas que se benefician del trabajo de miles de personas que llegaron a los Estados Unidos. Además genera un clima de miedo que atenta contra los procesos de integración", protestaron ante LPO desde la embajada en Washington 

La presentación alega que la ley es discriminatoria y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el Estado de Florida. La demanda le apunta directamente al gobernador DeSantis. Y plantea que criminaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal. Un punto clave de la estrategia judicial es la posible inconstitucionalidad de la ley.

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Los críticos de la ley DeSantis sostienen que el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados. "El intento de DeSantis de crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración separado y rival administrado por el estado de Florida impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo. El efecto punitivo erosionará la seguridad pública y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación. Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos. Estamos comprometidos con garantizar que los inmigrantes sean tratados de manera justa, equitativa y con dignidad", opina el abogado Paul R. Chávez, integrante del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center. 

Así, el argumento central es que la reposabilidad para legislar sobre los inmigrantes le corresponde al presidente Biden y no al gobernador DeSantis. 

El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados. El intento de DeSantis de crear un sistema separado y rival administrado impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo. 

La directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justices, Shalyn Fluharty, agrega que "Florida tiene una orgullosa historia de dar la bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de que continuemos por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estado migratorio".

El cónsul mexicano en Miami plantea ante este medio que "la ley migratoria es competencia federal y no estatal". Chait anticipa que México se acoplará a la demanda y agrega que existen muchas lagunas en la normativa.

Uno de los puntos que genera mayor confusión es el que exige a las empresas con más de 25 empleados utilizar el programa federal E-Verify para determinar si sus trabajadores están documentados. "Muchas empresas están en contra o no saben cómo y cuándo corresponde aplicar el E-Verify", afirman ante LPO desde la organización Farmworker Association de la Florida, que nuclea a unos 20 mil trabajadores del campo.

Los camioneros, por su parte, amenazan con un paro y un boicot en Florida. La industria camionera diversificó su fuerza laboral en los últimos años, al emplear trabajadores nacidos en el extranjero.