Los dos bandos en pugna dentro esta batalla cultural se adjudicaron la victoria. Tanto la administración del republicano Ron DeSantis como los militantes de la causa LGBTQ+ interpretaron que al acuerdo alcanzado es positivo. Si bien los dos grupos tuvieron que ceder en sus posiciones de máxima, el arreglo implica una flexibilización de lo que parecÃa una legislación rÃgida en su moral ultra-conservadora.
En adelante, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes, el Estado de Florida debe detallar el alcance en las escuelas de la ley promovida por DeSantis en 2022. La norma se popularizó como "Don't Say Gay" por sus numerosos crÃticos. Pero a partir del consenso firmado en las últimas horas, el Estado se comprometió que la ley no prohÃba las referencias a personas, parejas, familias o temas LGBTQ+ en la literatura o las discusiones en el aula. En concreto, sà se podrá decir y visibilizar la temática gay. En ese punto, el excandidato a presidente tuvo que ceder.
"No me sorprende que haya retrocedido. DeSantis intentó vender sus polÃticas reaccionarias, racistas y anti-inmigrante en la vidriera nacional. Pero fracasó estrepitosamente como candidato presidencial, se vio obligado a regresar a Florida y ahora no quiere perder popularidad en su propio estado", analiza Rolando Barrero, el presidente de la Junta Demócrata para Florida de los hispanos. Este cubano-americano además es militante y representante del colectivo LGBTQ+.
"El poder de Florida es lo único que le queda a DeSantis. Está cediendo por eso. Con las restricciones que impuso al derecho al aborto pasa algo parecido. Muchas mujeres y jóvenes republicanas están en contra", opina Barrero ante LPO. Y agrega el gobernador subestimó el poder de los grupos que históricamente fueron marginados.
La historia alrededor del "Don't Say Gay" empezó en marzo de 2022. Firmada por DeSantis, la ley borró la instrucción sobre identidad de género y orientación sexual desde el jardÃn de infantes hasta tercer grado. Un año después, el Estado del Sol amplió la prohibición a las escuelas secundarias. DeSantis y los republicanos argumentaron que su objetivo no era detener las discusiones sobre la agenda LGBTQ+ en las escuelas.
Su misión era eliminar lo que llamaban difusamente ideologÃa de género. Esa ambigüedad derivó en una falta de pautas claras respecto a qué está permitido y qué no en las aulas. Los demócratas y los sindicatos docentes de Florida plantearon que en sus efectos la ley generó una mezcla de temor y autocensura entre los maestros. Sobre todo, al momento de hablar sobre las familias de los chicos o de citar libros relacionados con personajes y temas LGBTQ+. La alcaldesa demócrata del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, asà se lo dijo a LPO.
La norma "Don't Say Gay" desencadenó una resistencia y una demanda judicial. La presentación más importante fue presentada por la firma Kaplan Hecker & Fink LLP y el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas en nombre de los grupos Equality Florida y Family Equality. Ahà afirmaron que la ley es inconstitucional e implica una intrusión del gobierno federal en los derechos de libertad de expresión e igualdad en las escuelas públicas.
La demanda fue desestimada y apelada. Tras un año de batalla judicial (y cultural), las partes lograron un acuerdo en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos. Los funcionarios de DeSantis anunciaron que fue una "gran victoria contra los activistas y extremistas". El gobierno destacó que "la ideologÃa sexual y de género radical se mantendrá fuera de las aulas de los niños en las escuelas públicas".
"Luchamos arduamente para asegurarnos de que esta ley no pudiera ser difamada en los tribunales, como lo fue en la arena pública por los medios de comunicación y los grandes actores corporativos", dijo el abogado general de la administración DeSantis en un comunicado.
El Departamento de Educación del Estado deberá informar a los distritos escolares que serÃa una violación a la ley instruir que la heterosexualidad es superior a otras orientaciones sexuales. Además, el acuerdo establece que la ley no prohÃbe la "instrucción o intervención contra el acoso" basada en la orientación sexual o la identidad de género.
El grupo que demandó al estado alegó que el acuerdo "anula efectivamente las piezas más peligrosas y discriminatorias" de la ley. "Durante casi dos años, ´Don't Say Gay' ha generado una inquietante ola de miedo, ansiedad y confusión", dijo el grupo que impugnó la ley. "Al proporcionar una claridad muy necesaria, este acuerdo representa una gran victoria para los muchos miles de estudiantes, maestros, padres y sus aliados LGBTQ+ en toda Florida".
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