La seguridad y el narcotráfico han sido históricamente dos de los principales retos en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Estos temas se encuentran bajo minucioso escrutinio debido al juicio en EE.UU. al ex secretario mexicano Genaro García Luna, un proceso que genera una gran expectativa ante las posibles revelaciones de información y cuyos alcances e implicaciones aún se desconocen.

Cuando el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", fue juzgado en el Distrito Este de Nueva York entre 2018 y 2019, el juicio representó horas de entretenimiento para los programas de cable norteamericanos. Los presentadores se mostraban fascinados con las historias de un Chapo que corría desnudo por un túnel para escapar de los marines y construía un zoológico privado con leones y tigres, mientras su amante lloraba en el estrado de los testigos y su esposa, la reina de la belleza, se reía desde la galería pública.

Ahora, otro megajuicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México tiene lugar en el mismo tribunal de Brooklyn. La cobertura estadounidense en esta ocasión está siendo más escasa y solemne. La mayoría de los periodistas que hacían fila en las gélidas mañanas para ingresar al juzgado pertenecen a medios de comunicación mexicanos. Lo mismo sucede con las personas que se concentraban para protestar ante la Corte en los días de selección del jurado, todos mexicanos.

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Este juicio contra García Luna puede servir como prueba de que el estado mexicano juega un papel tan importante como el de los líderes de carteles en la llegada de drogas que valen miles de millones de dólares a los usuarios estadounidenses y en crear un baño de sangre en México. Este juicio tiene una relevancia mayor incluso que el del Chapo, pero no el gancho mediático. Eso sí, lleno de paralelismos: el mismo juez, Brian Cogan, la misma corte, incluso dinámicas de procedimiento parecidas como la elección de un jurado conformado por 7 mujeres y 5 hombres en ambos casos.

García Luna, detrás del ex presidente Felipe Calderón.

Especial

En su declaración de apertura, el fiscal federal Philip Pilmar  contó que García Luna usó su posición como jefe del equivalente mexicano del FBI de 2001 a 2006 y luego como jefe de seguridad a nivel de gabinete hasta 2012 para proteger a los cárteles de la droga que afirmaba combatir. "Mientras se le encomendó trabajar para el pueblo mexicano, también tenía un segundo trabajo, un trabajo más sucio, un trabajo más rentable", dijo Pilmar. El policía superior no solo se estaba enriqueciendo con los dólares de la cocaína, sino que usó a la policía federal como una fuerza paramilitar para acabar con los rivales del cártel, dijo la fiscalía.

La mayoría de los periodistas que hacen fila en las gélidas mañanas para ingresar al juzgado pertenecen a medios mexicanos. Lo mismo sucede con las personas que se concentran para protestar ante la Corte en los días de selección del jurado.

Para los periodistas que han informado sobre la trágica guerra contra las drogas en México durante las últimas dos décadas, las denuncias de participación masiva de la policía con los traficantes no son sorprendentes. Como muestran los historiadores, los cárteles crecieron desde sus humildes comienzos como campesinos a través de redes de corrupción en las fuerzas de seguridad.

El primer testigo de la fiscalía fue un exoficial de policía que se convirtió en ejecutor del cartel que fue arrestado y en cooperador con el gobierno de los EE. UU. El corpulento Sergio Villarreal Barragán, conocido como "El Grande", describió haber visto pagos a García Luna de millones de dólares metidos en bolsas. García Luna había sido agente de inteligencia antes de ser designado para encabezar la Agencia Federal de Investigaciones en 2001 y las denuncias de que trabajó con cárteles se remontan a esa época, aunque podrían haber sido falsificadas antes.

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Sin embargo, aunque se ha reconocido ampliamente una corrupción tan profunda, llevar a un funcionario mexicano de tan alto rango ante un jurado estadounidense no tiene precedentes. El hecho de que los fiscales no solo persigan a los mafiosos ostentosos sino también a su protección política es un paso adelante y por eso este juicio tiene una relevancia especial.

Los agentes estadounidenses han escuchado acusaciones contra García Luna durante al menos una década. De hecho el ex funcionario se encuentra detenido desde 2019. Había sido detenido en Dallas, Texas, y acusado de aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, la organización criminal que fundó el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, también preso en EE.UU.

García Luna siempre se ha declarado inocente de todos los cargos. Su defensa afirma que el gobierno no ofrecerá ninguna evidencia física convincente de su trabajo con los cárteles, sino que se basará en el testimonio de los llamados testigos cooperantes como El Grande, que podrían haber hecho tratos por su testimonio.