Veinticuatro organizaciones nacionales que trabajan para empoderar a las comunidades hispanas enviaron una carta al secretario Alejandro Mayorkas y al fiscal general Merrick Garland instándolos a utilizar las autoridades existentes para brindar el alivio, la equidad y la estabilidad a las familias inmigrantes en medio de la crisis migratoria que vive el paÃs.
La carta identifica consideraciones de polÃtica especÃficas, incluida la reducción del retraso en el programa de "exención provisional" y brindar una oportunidad para aquellos atrapados en la fila de esperar para solicitar una autorización de trabajo temporal, y establecer un proceso para hacer más accesible la cancelación de la expulsión para residentes permanentes no legales a aquellos que sean elegibles.
"Este es un tema de particular interés para muchos en la comunidad latina, comunidad que desempeña un papel vital en la estructura de nuestra nación. Hoy, la comunidad latina constituye una proporción significativa y creciente de la población estadounidense, y como organizaciones que trabajan estrechamente con la comunidad, ya sea directamente o como parte de grupos más grandes, estamos comprometidos a defender los derechos y el bienestar de nuestros miembros de la comunidad", destacaron las organizaciones entre los que están UnidosUS, Voto Latino Foundation, Mi Familia Vota National, Association of Hispanic Federal Executives, United States Hispanic Chamber of Commerce, entre otros.
Los firmantes piden que se exploren opciones administrativas. "Consideraciones que tienen particular importancia para muchos en nuestras comunidades que viven en hogares con estatus migratorio mixto. En primer lugar, instamos a la administración a no sólo tomar medidas para reducir el importante retraso en el programa de exención provisional, sino también proporcionar a aquellos atrapados en la cola la oportunidad de solicitar una autorización de trabajo temporal", apuntan.
A partir del 19 de julio de este año, cerca de 135.000 personas han estado esperando durante 43 meses, o aproximadamente 3,6 años, para tomar una decisión sobre su solicitud de exención. De hecho, este retraso aumentó en casi 7.000 casos en solo un trimestre.
"Estos retrasos prolongados, imponen incertidumbre y dificultades innecesarias a los solicitantes y sus familias, dejándolas en un estado de limbo e incapaces de proteger y mantener plenamente a sus familias", advierten las 24 organizaciones latinas en el pedido al gobierno de Biden.
También piden establecer un proceso para convertir a los residentes permanentes no legales en cancelación de expulsión más accesible para quienes son elegibles, basándose en una carta reciente a la administración escrita por los senadores Durbin, Cortez-Masto, Padilla, Menéndez y Luján.
"Ayudar a agilizar la cancelación de casos de deportación y aumentar el acceso a servicios legales permanentes de residente para inmigrantes elegibles que son contribuyentes vitales a sus familias estadounidenses y nuestras comunidades", dicen en la misiva.
"Los residentes indocumentados son fuertes candidatos para recibir alivio bajo la cancelación de deportación - tÃpicamente que son bajas prioridades de aplicación de la ley - a menudo les impiden acceder a esta poderosa forma de alivio que requiere que los solicitantes primero estén en proceso de deportación", agregan.
Para las organizaciones latinas, los cambios también ayudarÃan a abordar esta importante desigualdad en el sistema de inmigración, lo que resultarÃa en personas que permanecen indocumentadas innecesariamente durante perÃodos de tiempo más largos.
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