Migración
Denuncian en Los Angeles a funcionarios de Mayorkas por liberar a migrantes moribundos
LPO accedió a la demanda contra la Oficina de Inmigración que presentó la Unión de Libertades Civiles. Cuatro casos de muerte que complican a la administración Biden.

La agencia encargada de detener a los indocumentados al interior de Estados Unidos está acusada en una demanda judicial de dejar en libertad a migrantes detenidos que mueren poco después de salir de centros de detenciones.

La Unión de Libertades Civiles en Los Ángeles presentó la demanda judicial contra la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que dirige Alejandro Mayorkas.

"La práctica de ICE de liberar a las personas de su custodia en el último momento, antes de su muerte, es inconcebible", dijo Eunice Cho, abogada directora del del Proyecto Nacional de Prisiones de la organización civil. El candidato de Biden para el ICE era el alguacil del condado de Harris, Ed González, y acaba de renunciar a hace algunas semanas sin explicar los motivos. Hoy la oficina está a cargo de una autoridad interna, Tae Johnson.

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La abogada advirtió que tuvo que recurrir a la ley federal de Libertad de Información para que se le proporcionada la información sobre migrantes moribundos "liberados". "La agencia mantiene registros invaluables sobre estas prácticas fuera de la vista del público, de acuerdo con su cultura de secreto", declaró Cho. "El público merece saber la verdad de lo que está pasando, y las personas detenidas por ICE merecen que esa agencia se responsabilice", afirmó.

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. 

En el documento de la querella, de 29 páginas, la organización legal mencionó que hasta recientemente solo a través de reportes de prensa se enteraba sobre migrantes que morían casi justo después de salir libres de centros de detenciones.

Pero con base en leyes federales demandó información precisa sobre cuatro detenidos que presuntamente alcanzaron su libertad poco antes de morir.

La práctica de ICE de liberar a las personas de su custodia en el último momento, antes de su muerte, es inconcebible.

Según la información a la que accedió LPO, la mayoría de los detenidos van a la cárcel por diferentres tipos de violaciones a las leyes de migración. En algunos casos se trata de delitos serios, pero lo que abundan son situaciones en que los migrantes son deportados por como conducir sin licencia o porque registran antecedentes lejanos de haber conducido en infracción hace una década o más. Si son citados por la orte de migración y, por temor no asisten, se convierten de inmediato en fugitivos con orden de detención para encerrarlos y ser deportados.

Martín Vargas Arellano, de 55 años, padecía de diabetes, hipertensión, gota y hepatitis cuando fue enviado a Descanso, un centro de detenciones cerca de Los Ángeles, donde se contagió de Covid 19, lo que complicó su salud y sufrió un derrame cerebral. Vargas estaba hospitalizado y así lo liberaron tres días antes de que finalmente muriera.

A los familiares de Vargas Arellano no les informaron sobre la muerte del migrantes. Cuando los familiares se enteraron de su "liberación", lo reportaron como persona desaparecida y fue entonces que alguien les informó sobre su muerte. Un juez dijo sobre ese caso en particular que el ICE "oculta activamente" información significativa sobre acciones de sus oficiales de gobierno.

José Ibarra Bucio, de 27 años, sufrió hemorragia craneal cuando lo detuvieron. Fue encerrado en Adelanto, en el condado de San Bernardino, California, pero casi enseguida lo hospitalizaron. Sobrevivía con ayuda de máquinas cuando lo "liberó" el ICE. Murió un par de semanas después cuando sus familiares, que no podían pagar el hospital, decidieron desconectarlo.

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Johana Medina León, una migrante transgénero de 25 años de edad, se quejó durante un mes de padecer de VIH, sin recibir atención, unas semanas más tarde informó sobre un fuerte dolor en el pecho, terminó hospitalizada en Nuevo México. El ICE la liberó al enterarse que padecía de neumonía y ella murió cuatro días después.

José Ibarra Bucio, de 27 años, sufrió hemorragia craneal cuando lo detuvieron en Adelanto y casi enseguida lo hospitalizaron. Sobrevivía con ayuda de máquinas cuando lo "liberó" el ICE. Murió un par de semanas después.

El migrante etíope Teka Gulema se contagió de una bacteria en un centro de detenciones en Alabama. Pasó años enfermo detenido hasta que cayó en coma y el ICE lo dejó en libertad poco después de hospitalizarlo. Murió cuatro semanas más tarde.

Por ley, cuando se invoca a la ley Acta de Libertad de Información para obtener registros y archivos, las agencias de gobierno tienen un plazo de 20 días para responder a la petición formal. La abogada Cho dijo que en este caso el ICE tomó por lo menos 60 días para proporcionar datos específicos que se le pidieron. La demanda la tendrán que responder el ICE y el DHS.

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