Ante la ola de cuestionamientos de republicanos y demócratas que rechazan el fin del Título 42, la administración Biden decidió salir a mostrar su plan B. El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer este martes un documento de 20 páginas firmado por el titular del área, Alejandro Mayorkas: allí anticipa su política ante la masiva llegada de inmigrantes que se espera a partir del próximo 23 de mayo y sugiere la puesta en práctica de un programa de expulsión acelerada de extranjeros.

Un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esboza un plan más robusto para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos sin usar el Título 42, la normativa que Donald Trump desempolvó al inicio de la pandemia y Joe Biden mantuvo vigente durante el último año y medio.

El plan incluye el aumento de personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de otras agencias federales en la frontera, la ampliación de la capacidad de detención con el uso de instalaciones temporales y la expulsión acelerada para deportar a los migrantes que no califican para el asilo.

Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Biden. 

Los funcionarios de la secretaría de Seguridad anunciaron que están listos para detener hasta 18.000 migrantes por día en el próximo verano, cuando expire la política instalada por Trump en la frontera con México.

Según el plan, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aumentaría la capacidad de retención diaria de extranjeros a 18.000, por encima de las 13.000 que fueron detenidas hace un año.

El Departamento de Seguridad también dice que planea aumentar el uso del recurso de deportación acelerada o expedita, en lo que para algunos constituye un giro de Biden, defrauda a los inmigrantes que piden asilo y limita el debido proceso.

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"Cuando se levante la orden de salud pública del Título 42, prevemos que los niveles de migración aumentarán, ya que los contrabandistas tratarán de aprovecharse y obtener ganancias con los migrantes vulnerables", advierte Mayorkas en el memorando difundido un día antes de que el secretario de Seguridad comparece ante el Congreso.

El objetivo de la administración Biden es elevar el uso de la deportación rápida e imponer consecuencias policiales a largo plazo a quienes buscan cruzar sin respaldo legal.

De acuerdo a los datos del documento firmado por Mayorkas, unos 23.000 agentes y oficiales de CBP ya están trabajando en la frontera suroeste, incluidos 600 de otras agencias que fueron enviados en las últimas semanas

El diagrama se apoya en las nuevas iniciativas del Departamento de Seguridad Nacional diseñadas para agilizar la evaluación de las solicitudes de migrantes, entre ellas el mayor despliegue de funcionarios de asilo en la frontera para ayudar a determinar si se debe conceder o no a la residencia legal temporal hasta que un tribunal de inmigración se pronuncie.

La norma del Título 42 se ha aplicado a casi 2 millones de migrantes desde que fue emitida por Trump. Según cifras oficiales, en marzo pasado, las autoridades de inmigración detuvieron a migrantes 221.303 veces a lo largo de la frontera suroeste, un 33% más que en el mes anterior.

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El gobierno de Biden considera que la expulsión expedita es un arma disuasoria porque declara inadmisible a las personas rechazadas por un plazo de cinco años y les advierte que pueden ser acusadas de un delito grave si intentan regresar al país. Bajo el Título 42, en cambio, no hay consecuencias legales y muchos reinciden en el intento de cruzar.

El fin de la política migratoria que instauró Trump recibió dos impugnaciones judiciales y se espera sobre todo el pronunciamiento del juez federal en Louisiana, Robert Summerhays. El magistrado fue designado por el antecesor de Biden y anunció el lunes que piensa emitir una orden de restricción temporal para detener el final del Título 42 en un caso presentado por 21 estados con gobernadores republicanos. La audiencia por el caso está fechada para el próximo 13 de mayo.