La decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, que anuló este lunes la prohibición de California de los centros de detención de inmigrantes administrados de forma privada, amenaza con generar un conflicto de grandes proporciones. El fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. con sede en San Francisco a favor del operador de prisiones privadas GEO Group Inc (GEO.N) consideró que una ley sancionada en California en 2019 le dio al Estado demasiado control sobre cómo el gobierno federal maneja a los inmigrantes detenidos. El tribunal argumentó que la ley de California "no tiene autoridad para interferir en decisiones federales".

Tras el fallo, las voces en contra de la decisión judicial ya comenzaron a oírse. Un experto respondió que el tribunal ignoró los reclamos de las organizaciones que trabajan en asistencia a los migrantes. "Los californianos no queremos pagar con nuestros impuestos a una corporación que hace negocio con el sufrimiento humano", explicó a LPO Pedro Ríos, el director del proyecto fronterizo del Comité de Servicios de los Amigos Americanos. Ríos se refiere a la corporación Geo Group, una empresa de Florida, que cotiza en la Bolsa con un capital de $2,256 millones en el 2021, y que a menudo financia campañas electorales para el Congreso y el Senado.

La empresa tiene al mismo tiempo "un largo historial de violaciones a los derechos humanos y negligencia" que llega a ser fatal, explicó Ríos. Sabe de lo que habla. La organización que preside ha luchado durante décadas para eliminar ese tipo de prisiones, a las que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene que entregar cuotas de detenidos de acuerdo a lo que establecen los presupuestos federales cada año.

La Ley Mandela de California busca frenar el encierro prolongado en la administración Biden

La Corte de Apelaciones en San Francisco determinó que es inconstitucional la ley de California que elimina gradualmente las cárceles privadas y centros de detenciones hasta que queden completamente fuera en el 2028.

Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, alrededor del 80% de los inmigrantes que esperan audiencias de deportación se encuentran en instalaciones privadas. La mayoría son operadas por GEO Group y su rival, CoreCivic Inc (CXW.N).

En 2019, el gobernador Gavin Newsom aprobó la ley AB32, "cuando las empresas de cárceles privadas aprovechaban para hacer ganancias la efervescencia antimigrante" del gobierno de Donald Trump, recordó Ríos. Al firmar la ley, el gobernador reconoció que era "un momento histórico" en que se demostraba que obtener ganancias al hacer sufrir a las personas "no va con nuestros valores" en California.

Los californianos no queremos pagar con nuestros impuestos a una corporación que hace negocio con el sufrimiento humano.

Pero la decisión de la Corte de Apelaciones fue clara: "California no puede ejercer este nivel de control sobre las operaciones de detención del gobierno federal", escribió la jueza Jacqueline Nguyen en la resolución. La sentencia argumentó que la ley estatal "AB 32 evitaría que los contratistas de ICE continúen operando centros de detención, lo que requiere que ICE transforme por completo su enfoque de detención en el estado o abandone sus instalaciones de California".

En otras palabras, sin esos centros de detenciones, el ICE, el brazo de redadas y persecución de migrantes dentro del país, tendría que dejar de operar en el estado de California, porque el sistema está construido de tal forma que el organismo otorga a las cárceles cuotas de detenidos y las corporaciones tienen ganancias multimillonarias. Ni el gobernador, el fiscal general de California, Geo Group o el ICE comentaron a lo inmediato tras la decisión de la Corte de Apelaciones.

Pedro Ríos

LPOManuel Ocaño

California aprobó la ley cuando el país atravesaba por un auge antiinmigrante en la era de Trump, cuando el estado democrata encabezaba la resistencia a las decisiones políticas de la administración republicana.

La ley AB32 tuvo más aceptación porque bajo el gobierno de Trump, las cárceles privadas tenían a cientos de detenidos sin mascarillas ni gel y encerrados en unidades llenas enfrentaban los embates de la pandemia.

El Grupo Geo presentó entonces una demanda contra California en la Corte Federal en San Diego, donde un juez falló en favor del estado. Como respuesta, la corporación llevó el caso a un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que decidió en favor de Geo y entonces la fiscalía estatal pidió una revisión del pleno de la corte, que reiteró el fallo.

Geo Group es una empresa con sede en La Florida que cotiza en la Bolsa y está encargada de la vigilancia en las cárceles. A menudo financia campañas electorales para el Congreso y el Senado. 

En diálogo con LPO, Ríos dijo que ahora California va a tener que evaluar si continúa al siguiente paso, que es la Corte Suprema del país, con una mayoría de jueces conservadores que lo más probable es que den el caso a Geo. "Esto sería precedente para otros estados como el de Washington, que siguió a California con algunas iniciativas similares a la AB32", dijo Ríos. Además, consideró que un posible cambio llegaría si más estados rechazan a los centros de detenciones y cárceles privadas en sus territorios y se deciden a unir fuerzas.

Pero el dirigente en San Diego criticó que las razones por las que se aprobó la ley AB32 durante la etapa de gobierno de Trump "han continuado sin cambios durante la administración del presidente Joe Biden, aunque (el mandatario) ha declarado que se opone a las cárceles privadas que hacen negocio con el sufrimiento".