"Al gobierno de Estados Unidos le interesa mantener una base trabajadora de once millones de indocumentados sometida por el constante temor a la deportación, mediante una burocracia que les reconoce como trabajadores en el país, pero no como inmigrantes", dijo a LPO el dirigente sindical Christian Ramírez.

Ramírez es el director político para el oeste de California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Desde ese lugar, representa a unos 30 mil trabajadores de limpieza de edificios públicos y privados que en su mayoría son mujeres migrantes, muchas de ellas madres solteras de México y Centroamérica.

En dialogo exclusivo con LPO, el líder laboral dijo que el gobierno mantiene una contradicción permanente en relación a los trabajadores indocumentados, porque les reconoce plenamente sus derechos laborales, pero no les permite integrarse completamente a la sociedad, aun cuando muchos son padres y madres de ciudadanos estadounidenses.

"Los inmigrantes contribuyen de manera desproporcionada a la innovación y el espíritu empresarial y son un beneficio para el gobierno"

Este mes, por ejemplo, el secretario Alejandro Mayorkas, anunció que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) otorgará protección ante deportación y permiso de trabajo por dos años a los trabajadores víctimas de abusos laborales que demanden a sus patrones por robo de salario y por amenazar con deportación para evadir pagarles a los trabajadores.

Para Ramírez, el gobierno tiene una contradicción permanente en relación a los indocumentados, porque les reconoce plenamente sus derechos laborales, pero no les permite integrarse completamente a la sociedad, aun cuando muchos son padres de ciudadanos estadounidenses. 

"Es como si el gobierno les dijera ‘sabemos que los trabajadores están ahí, les reconocemos sus derechos laborales, pero quién sabe en lo demás cómo les esté yendo y los dejamos que se las arreglen como puedan", explicó el dirigente.

Christian Ramírez,  director para el Oeste de California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

LPOManuel Ocaño

El trato a los indocumentados que llegan en busca de empleo a un país que los necesita como trabajadores ha sido así básicamente desde que grandes grupos de mexicanos cruzaban la frontera para sustituir a quienes iban al frente en la Segunda Guerra Mundial y, también antes, en sectores como la agricultura.

Por un lado, el Departamento del Trabajo defiende los derechos de los indocumentados, obliga a patrones abusivos a pagar robos de salarios o pagos reducidos que violan leyes federales y estatales, pero por el otro lado el DHS y sus agencias fronterizas y del orden criminalizan a los migrantes indocumentados.

Sin depender del Congreso, Biden le dio protección a casi un millón de inmigrantes durante 2022

Ramírez considera que se trata de un sistema que aporta al país trabajadores eficientes por el menor salario posible, pero que debe ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso lleva a que los indocumentados tampoco tengan servicios sociales como el acceso a la salud, excepto en algunos estados como California.

El líder sindical comentó que en el caso de su sindicato los trabajadores avanzan al aprovechar cada oportunidad que se les presenta de dar pasos valientes. Sucedió la semana pasada, cuando un grupo de trabajadoras de limpieza del edificio de gobierno del condado de San Diego obligó el cierre de esas instalaciones con una huelga contra el abuso laboral.

Unas 25 trabajadoras consiguieron que el consejo de supervisores del condado aprobara por unanimidad un reglamento que exige a empresas que le brindan servicios que otorguen contratos colectivos a sus trabajadores. Muchos de ellos cuentan con más de 20 años de servicio y todavía cobran el salario mínimo oficial.

Ramírez considera que se trata de un sistema que aporta al país trabajadores eficientes por el menor salario posible, pero que debe ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa.

Después de exigir tareas cada vez más difíciles a sus trabajadoras, la empresa Nova, contratada por 27 millones de dólares a cinco años, obligó a renunciar a tres de ellas trabajadoras y despidió a dos que resistieron sus exigencias.

"Me hicieron trabajar ocho horas consecutivas de rodillas, tallando a mano cera con disolventes peligrosos sin diluir, así que los respiré de cerca arrodillada todo el tiempo, y no me dejaron usar mi equipo de protección como mascarilla, guantes, o una rodilleras", dijo a LPO la señora Sofía Martínez, quien ha trabajado 30 años.

"Todo el mundo entiende que necesitamos a los migrantes, incluidos los políticos racistas que los usan para la campaña"

Cuando al día siguiente le ordenaron seguir el mismo trabajo, la señora les dijo que estaba bien, pero que le permitieran usar equipo de protección. Empleados de Nova se burlaron de ella y la despidieron por presunto incumplimiento del contrato.

Unos días después, el grupo de empleadas apoyadas en su sindicato llevó al cierre de gobierno del tercer condado más grande y poblado en California, y el consejo de supervisores se solidarizó con las huelguistas. La empresa tuvo que recontratar a las despedidas, pagar los salarios adeudados y ahora negociar un primer contrato colectivo.

"Tenemos ejemplos como este de valentía en que las trabajadoras se arriesgan porque las empresas, acostumbradas a abusar y a amenazar con deportación, hacen lo que les conviene a costa de gente a la que no consideran por completo como seres humanos", dijo Ramírez a LPO. "Cada paso que dan ha sido con ejemplo de valentía", concluyó.