Martina Fregoso arrastra deudas acumuladas desde que arrecia la pandemia en Los Ángeles y su mayor temor es que por tanto atraso en los pagos de su renta le exijan que entregue el departamento donde vive con su hijo, o aun peor, que puedan llegar a echarla de la vivienda.

"En marzo van a ser tres años que hemos estado acumulando deudas, y si quiero pagar, yo que más quisiera que quedar libre de todas esas deudas, pero, no le miento, es muy difícil alcanzar estabilidad todavía; la pandemia fue muy difícil", dijo en conversación telefónica con LPO.

Durante casi dos años tuvo protección contra desalojo por parte del gobierno del estado de California, como miles de residentes a los que le impactó la pandemia.

Qué estados son los que más se benefician del éxodo masivo de californianos por el costo de la vivienda"Lo más que me exigían era pagar al menos el 25% del total de renta cada mes y que formara un documento en que me comprometía a pagar el resto en cuanto pudiera, pero la verdad es que esas condiciones no han llegado", explicó la madre de una adolescente de 16 años.

El salario era suficiente antes de la pandemia pero ahora no. Gana unos $2.720 al mes, pero a esa cantidad le restan impuestos, y la renta actual es casi idéntica a sus ingresos brutos, $2.800 al mes por un departamento que describe como pequeño en el sureste del centro de Los Ángeles.

Homeless en una de las avenidas de Los Angeles.

"Como estuve desempleada por temporadas en los últimos tres años, de nuevo por la pandemia, tengo deudas de tarjetas de crédito como por $7.500, y ese es otro problema porque han aumentado mucho los intereses, creo que pago como $250 de puros intereses, dinero que bien nos caería para comprar comida", dijo.

Fregoso es una de aproximadamente un millón de inquilinos en el condado y principalmente en la ciudad de Los Ángeles que continúa con necesidad de ayuda para seguir en su vivienda a causa de circunstancias que esa población arrastra desde la pandemia.

Cuando terminaron las protecciones del estado y del condado ante potenciales desalojos en Los Ángeles, muchos inquilinos se protegieron con una Ordenanza de Estabilización de Alquileres aprobada en 1978 que solo permite aumentos anuales a la renta y desalojos cuando se tratara de "causa justa", por ejemplo que no paguen la renta o tengan actividades ilegales, para exigir viviendas.

Pero ese reglamento sólo protegió a viviendas construidas antes de 1979, lo que se traduce en unos 650.000 inquilinos, informó Ana Ortega, directora del Departamento de Vivienda de Los Ángeles.

La última ayuda y protección para quienes no quedaron protegidos por esa ordenanza concluyó en enero pasado, y en solo unos días ya llovían exigencias de desalojos.

Para algunos inquilinos fue muy tentador pedir departamentos con rentas más bajas que el actual promedio para enseguida rentarlas a precios sin precedentes que dominan ahora el mercado angelino: entre $2.700 y $5.000 mensuales.

En respuesta, el consejo de gobierno de la ciudad de Los Ángeles aprobó el 20 de enero un nuevo reglamento que entró en vigor el primero de febrero, para ampliar la ordenanza de 1978 de forma que queden protegidos cerca de 530.000 inquilinos en viviendas construidas a partir de 1978.

Pero la nueva medida solo puede proteger hasta cierto punto. Los propietarios pueden pedir las unidades sin que los inquilinos se atrasen o hayan cometido delitos, a condición de que paguen el traslado de los inquilinos a su nuevo domicilio.

"Y a dónde nos podríamos ir, en dónde nos van a aceptar como inquilinos nuevos si tenemos tantas deudas precisamente de vivienda", cuestionó Fregoso. "Esto ha sido una larga pesadilla que empezó por la pandemia", añadió. 

La miembro del Consejo de la ciudad Nithya Raman, una inmigrante de India activista en favor de los inquilinos que estudió planificación urbana en la Universidad de Harvard y en el prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahora propone con ayuda de cinco de sus colegas en el gobierno de Los Ángeles que la ciudad ofrezca asistencia legal caso por caso.

Raman dijo que el consejo de gobierno de la ciudad aprobó a fines de enero las protecciones más significativas para inquilinos en 40 años. Ahora propone que la ciudad proporcione asistencia de abogados sin costo para los inquilinos a quienes les pidan entregar viviendas. "Queremos una ciudad en la que si estás en peligro de perder tu vivienda, alguien estará allí para apoyarte", aseguró.