Los jueces de la Corte Suprema tienen el
ánimo de imprimirle velocidad a la resolución del conflicto judicial que
mantiene trabado el aumento de las tarifas, pero eso no significa que vayan a
saltearse algunos de los pasos que prevé la ley o el buen uso del derecho.
Por eso, esta semana girarán la causa que finalmente remitió la Cámara Federal de La Plata a la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que produzca su dictamen sobre el tema, paso habitual en los casos que llegan al máximo tribunal.
El Gobierno presentó sobre el final de la semana pasada un escrito para que la Corte cambie el sentido de la apelación concedida por la Cámara y el recurso pase de tener efectos devolutivos a suspensivos. Esto es que mientras se analiza el fondo del asunto, el tarifazo recobre vigencia.
Es muy improbable que la Corte asuma el formidable costo político de restablecer el tarifazo por esa vía. Si bien es consciente de la prisa del Gobierno, que tiene todo su programa económico –si es que lo hubiera- descalabrado por este tema, tampoco en el máximo tribunal creen que sea su función ser el fusible de las malas decisiones políticas de la administración Macri.
De manera que con el giro a Gils Carbó de la causa que suspendió en todo el país el tarifazo del gas, la Casa Rosada deberá realizar otro ejercicio de contención de ansiedad y esperar que la procuradora, a quien el propio Macri solicitó sin éxito varias veces la renuncia, se expida.
Ese tiempo, acaso permita al Gobierno avanzar con las audiencias públicas que todos los expertos del sector recomendaron antes de aplicar el tarifazo, bajo el riesgo de trabar toda la operación si se ignoraban, como anticipó una nota de LPO en enero de este año.
La doctrina Carrió y la interna del Gabinete
De hecho, fue una destacada integrante de la coalición oficialista Cambiemos, la que trazó la hoja de ruta para ordenar el caos en el que ingresó el ajuste tarifario. En una entrevista televisiva, Lilita Carrió explicó que Macri debería: emitir un decreto o resolución anulando el tarifazo, luego realizar la audiencia pública y por último aplicar un reajuste equilibrado y con topes.
La recomendación de Carrió –una destacada abogada constitucionalista- fue muy bien recibida en la Corte por su sensatez.
En el Gobierno sin embargo las aguas están divididas. El ala ceocrática que lidera Mario Quintana y a la que se pliega Juan José Aranguren, proponen esperar un fallo favorable de la Corte y mantener las resoluciones tal cual están.
Esta lectura, como es obvio enciende la oposición del ala más política que lideran Emilio Monzó y Rogelio Frigerio y a la que se sumó Alfonso Prat Gay. Que el ministro de Hacienda haya decidido ubicarse en el ala política, habla bastante de las rigideces de la administración Macri en la materia.
Este sector propone realizar de una vez las audiencias, en consonancia con Carrió, a quien Prat Gay visitó días atrás en su oficina del Instituto Hanna Arendt.
Macri según algunos columnistas habría empezado a resignarse a dar ese paso. Aunque según el diario Clarín el Gobierno estaría ensayando un nuevo galimatías, hacer una suerte de audiencia blue ya mismo –para destrabar el fallo de la Corte-; mientras se espera a Octubre para concretar las que fija la ley.
Lo cierto es que en su última resolución sobre el tema, antes que comenzara la feria judicial, la Corte había solicitado al Gobierno el giro de un informe que responda a una serie de preguntas sobre los elementos y argumentos que lo llevaron a confeccionar el tarifazo tal como quedó luego de tres correcciones sucesivas.
El Gobierno se tomó su tiempo para elaborarlo –pese a la celeridad que reclama- y recién la semana pasada lo giró al máximo tribunal. Los pocos privilegiados que accedieron al trabajo de 80 carrillas que la Casa Rosada no difundió, se sorprendieron por la ligereza del trabajo.
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La Cámara de La Plata concedió la apelación, pero el tarifazo sigue suspendido
