La Cámara de Diputados aprobó la ley de extinción de dominio y repatriaciones de bienes, que de sancionarse le permitirá al Estado recuperar bienes obtenidos de actividades ilícitas.

La propuesta, adelantada por LPO, sufrió varias modificaciones en su debate en comisión, fue sancionada con 135 votos positivos, y el rechazo de 50 diputados del FpV y tres abstenciones, que correspondieron a Carlos Heller y a los representantes del bloque Compromiso Federal.

El macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, apuntó que la “norma es de carácter civil” y de esta manera trató de derribar los argumentos del kirchnerismo, que considera la ley inconstitucional.

Indicó que la ley apunta contra “los casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros delitos federales”.

“Además de la recuperación de los bienes para la sociedad, este proyecto tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la inseguridad”, subrayó Lipovetzky, quien remarcó que la norma “apunta a sacarles el dinero mal habido” a los organizaciones delictivas.

El kirchnerista Luis Cigogna dijo que “es una verdadera lástima que un objetivo tan noble se haya opacado por un mecanismo que es violatorio del mecanismo penal de la República Argentina”.

“Si esto se sanciona así, no se va a conseguir el objetivo porque los jueces la van a declarar inconstitucional a la ley y en consecuencia no habrá decomiso ni extinción de dominio”, insistió el legislador.

La massisma Graciela Camaño, autora del proyecto original, sostuvo que esta iniciativa, como la ley del arrepentido, aprobada un rato antes, representa “la puerta de entrada para una discusión más profunda como es un cambio integral en materia de seguridad”.

Al cierre, tras una larguísima lista de oradores, el jefe de Cambiemos Mario Negri resaltó que esta ley apunta a “devolverle los bienes obtenidos ilegalmente por aquellos que se los han robado, por eso elegimos dos caminos y dos normas: la figura del arrepentido y extinción de dominio”.

Para el diputado radical, ambas propuestas están orientadas a que “se agilicen los mecanismos procesales”.