Corrupcion
El kirchnerismo avaló la ley del arrepentido que provocó la caída de Dilma en Brasil
El bloque FpV se sumó a la iniciativa de Cambiemos y el massismo. Incluye a imputados por corrupción.

 Los diputados kirchneristas evitaron volver a ser acusados de apañar la corrupción y apoyaron la “ley del arrepentido”, que permite a un imputado reducir su pena si aporta datos sobre la investigación penal.

Esta figura penal permitió en Brasil destapar un escándalo de corrupción que le costó el cargo a la presidenta Dilma Rousseff.

En el país el proyecto, que aún debe tratar el Senado, fue una propuesta de campaña de Sergio Massa tomada esta semana por Cambiemos para un tratamiento express, en medio de la conmoción por el allanamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López.

Sorprendida por el acuerdo entre el oficialismo y el massismo para emitir dictamen y tratar el proyecto hoy mismo, ayer Diana Conti anunció en la comisión de legislación penal que por la noche enviaría un dictamen de minoría.

Pero el escándalo por López y la presión por el desafuero a De Vido no le permitieron imponer esa idea en la reunión de bloque. “Tuvo que ceder por respeto a mi bloque, donde dicen que soy paranoica”, admitió la diputada, durante el debate.

Su par Rodolfo Tahilade había justificado el respaldo en dos cambios: se eliminó la posibilidad de extinción de pena al arrepentido y se impidió la figura del arrepentido para los delitos de lesa humanidad, un reclamo que ya había hecho Victoria Donda.

El dictamen de mayoría, que ayer fue escrito sobre la marcha en la reunión de comisión, tuvo otras modificaciones en el recinto, como la eliminación de la figura del "colaborador eficaz", alguien que no está implicado en la causa donde aporta datos y que podría acceder a la reducción de pena y la suspensión de la acción penal al igual que el arrepentido, si se verifica su denuncia. 

De todos modos, la figura del arrepentido que bien amplia, aunque sólo el juez de la causa podrá habilitarla.

Podrá incluir a la persona “imputada o condenada, con o sin sentencia firme, por algún delito, cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea parte, brinde información o datos precisos y comprobables".

Como ya había adelantado LPO, habrá una condena de entre 4 y 10 años para el arrepentido que mienta, mientras que la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años.

“No estamos dando una patente de corso para terminar libre de culpa y cargo", se desligó el radical mendocino Luis Petri, presidente de la Comisión de Seguridad Interior.

La jujeña Gabriela Burgos (UCR) explicó que en la Argentina la figura del arrepentido "no es nueva", porque rige para los delitos de trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

Pero con esta ley se amplía a contrabando, prostitución, pornografía infantil, formación de monopolios y asociación ilícita, aplicable a delitos en la corrupción en la administración pública, por ejemplo, para la confesión de un ex funcionario.

Petri aclaró que "no podrán acogerse quienes fueron ministros de Estado, quienes fueron ministros de la Corte, quienes fueron presidentes de la República. Si cometieron delito tienen que tener las más severas sanciones penales".

O sea, el detenido José López podrá tener premios por confesar, pero nunca Julio De Vido si corre la misma suerte. Los funcionarios activos, en tanto, sólo pueden ser acusados por juicio político.

La ley, que tuvo infinidad de correcciones durante la sesión, un clásico de este año legislativo, fue aprobada con 194 votos positivos y 5 negativos, que correspondieron a los cuatro diputados del Frente de Izquierda y al kirchnerista José Ciampini.

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