Mauricio Macri dio un giro de 180 grados y después de semanas de negar una crisis en el empleo, firmó un acuerdo con empresarios con el objetivo de suspender los despidos por unos 90 días, una iniciativa que el mismo había ridiculizado.
Unos 200 empresarios se acercaron esta tarde a Casa de Gobierno y luego de que los hicieran esperar formando fila en el patio del edificio, se sumaron a una coreografía similar a los tan criticados salones de aplaudidores que disfrutaba Cristina Kirchner.
Una vez adentro, los empresarios subieron al Salón Blanco en donde firmaron una hoja simple faz en la que se comprometían a “no reducir” los “planteles de empleados durante los próximos 90 días”. El Gobierno no difundió la lista de los empresarios al cierre de esta edición.
Uno de los ministros del gabinete anticipó a LPO que el acuerdo no planea penalidades para las empresas que incumplan el entendimiento, ya que se trata de "un compromiso moral".
En tanto que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió públicamente que el acuerdo era “simbólico” y que lo habían redactado los propios sectores empresariales.
Llamativamente, el ministro no fue quien convocó a los empresarios sino que lo hicieron su jefe de gabinete, Ignacio Pérez Riba; el secretario de Industria, Martín Echegoyen y el subsecretario de Industria, Fernando Grasso. Cabrera argumentó que él no invitó a las empresas porque hoy padeció una intoxicación tras comer pescado.
Luego de firmar el acuerdo, los empresarios, entre los que se encontraban Eduardo Elsztain (Irsa), Alfredo Coto, Luis Betnaza (Techint), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Cristiano Rattazzi (Fiat) y Luis Pagani (Arcor), esperaron durante casi una hora que Macri saliera de la reunión que mantuvo a metros de allí con los sindicalistas en el Salón de los Científicos.
Diez minutos gremiales
El gran ausente de ese encuentro paralelo fue Hugo Moyano, líder de la CGT Azopardo. Su hijo Facundo, en tanto, fue la primera voz en salir a cuestionar el acuerdo y aseguró que confiar en la palabra de los empresarios “es poner al lobo a cuidar el rebaño”.
En tanto que Antonio Caló, líder de la CGT Balcarce, aseguró que la idea de los gremios sigue siendo que la prohibición salga por ley y sea por 180 días, el doble de tiempo que dispone el acuerdo del Presidente con empresarios.
El titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, llegó tarde y se sumó sobre el final. Luego se lo volvió a cruzar a Macri entre los granaderos que custodiaban al presidente paraguayo, Horacio Cartes, que había venido a visitar a su amigo una vez más.
Macri pasó sólo 10 minutos por el salón de los Científicos y evitó hablar de la ley de la oposición ante los sindicalistas. Allí dijo estar cansado de los sectores políticos que dicen que lo apoyan pero finalmente no lo hacen, en una clara alusión a Sergio Massa y Miguel Pichetto.
Los sindicalistas permanecieron en la Rosada reunidos con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. Habían llegado a la reunión sin conocer los detalles del "acuerdo" y se escaparon de la prensa al retirarse del palacio.
Volantazo
Con esta maniobra, el Gobierno busca reducir el costo político del potencial veto que haría Macri de la ley antidespidos que la oposición busca sancionar en Diputados esta semana, con la incógnita todavía de si lo hará sin modificaciones respecto a la media sanción del Senado o con cambios que obligan a retrasar la aprobación definitiva.
La Casa Rosada había intentado por todos los medios tratar de frenar la aprobación de la norma, pero siempre negando la existencia de "una ola de despidos" -en palabras del presidente- y asegurando que en el último tiempo incluso había crecido el empleo.
Así lo hicieron saber en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, donde dijeron contar con datos de la Encuesta de Indicadores Laborales y del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) que mostraban un crecimiento del 0,5 por ciento en el empleo respecto a febrero del año pasado.
Ese argumento fue repetido insistentemente por ministros y dirigentes de Cambiemos, como Cabrera que aseguró la semana pasada que el empleo privado formal creció 1,4 por ciento en el interior en el primer trimestre de 2016.
Incluso, anoche Marcos Peña desafió a los sindicalistas que presenten datos concretos para respaldar la supuesta existencia de unos 140 mil despidos, y repitiendo los indicadores oficiales que descartarían esa situación.
Hoy mismo, el diputado nacional Eduardo Amadeo afirmó que “con 150.000 desempleados la Argentina sería una Ratazzi, hoguera, la calle no refleja el nivel de conflictividad laboral que dicen estas estadísticas”. “No aumentaron los juicios laborales, no tenemos una crisis laboral”, insistió el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.
Esta mañana, el Gobierno había sumado el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural (SRA), que salieron a presionar para que la Cámara de Diputados frene la aprobación de la norma, pero al mismo tiempo dieron un respaldo tibio al compromiso para frenar los despidos.
