Asesores de la Unión Industrial Argentina (UIA) y analistas del sector energético han comenzado a seguir con cierta inquietud el accionar que viene desplegando el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para tratar de revertir la crítica situación que enfrenta la generación eléctrica.

De acuerdo con los informes oficiales de la CAMMESA (la administradora del mercado eléctrico que está bajo el control del Estado), en el corto plazo el país necesita ampliar la capacidad de generación térmica en unos 3.000 MW para poder atender los picos de demanda del orden de los 25.400 MW que se esperan para el próximo verano.

Pero lejos de encaminarse a ese objetivo, las medidas adoptadas hasta ahora por el equipo de Aranguren no permiten vislumbrar una mejora y una rápida solución al problema que arrastra la oferta de generación.

Tal como se perfila el panorama, en lo que resta del año sólo se podría sumar una cuarta parte de la generación adicional que requiere el sistema para poder cubrir la totalidad de la demanda prevista para el próximo período estival.

Según la visión que comparten varios técnicos del sector, hay dos cuestiones clave que impiden trazar un horizonte medianamente optimista en materia de suministro eléctrico.

Uno de ellas es la decisión de Aranguren de frenar hasta nuevo aviso las obras de las usinas eléctricas que dependen de la transferencia de fondos estatales.

A la situación planteada con la central nuclear de Atucha III cuyos trabajos se paralizaron hasta 2017, se han sumado los casos de las centrales térmicas de Ensenada, Brigadier López, Vuelta de Obligado y Almirante Brown

En los casos Ensenada y Brigadier López –que dependen de la estatal Enarsa—se interrumpieron las obras que estaban en curso para el cierre de los ciclos combinados de ambas usinas. Tras la última reprogramación efectuada a principios de 2015, se había previsto que las obras de ampliación para sumar unos 540 MW entre las dos centrales iban a estar finalizadas en el primer semestre de este año.

Pero, tras haber heredado varios certificados impagos de la administración kirchnerista, Aranguren ordenó una revisión de las obras que aún no ha concluido y que podría extenderse varios meses más.

A eso se agrega otro factor que estaría demorando aún más una definición. La UTE que lleva adelante los trabajos en ambas usinas está encabezada por Iecsa, la empresa fundada por Franco Macri que conduce Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente de la Nación.

Según parece, en el caso específico de la central Ensenada, Aranguren no quiere reconocerle a Iecsa una redeterminación de precios del orden de los 800 millones de pesos que ya habría sido convalidada por los técnicos de Enarsa, la empresa responsable de la adjudicación y el pago de la obra.

En lo que respecta a las usinas Vuelta de Obligado y Almirante Brown, lo que está atrasado son los desembolsos del FONINVEMEM, el mecanismo que había creado la administración kirchnerista para canjear el pago de las deudas estatales por nuevas inversiones en generación.

En la central Vuelta de Obligado, está en juego es el cierre del ciclo combinado para añadir 270 MW a los 540 MW del ciclo abierto que entró en servicio en 2014. En tanto, en la usina bahiense de Almirante Brown, lo que está pendiente es el agregado de una turbina de 270 MW a la primera de igual capacidad de generación que fue habilitada en los primeros meses de 2015.

Por las demoras en la remesa de los fondos estatales, el aporte de 540 MW adicionales que iban a efectuar éstas dos usinas térmicas durante este año está cada vez más en duda y lo más probable es que se retrase hasta los primeros meses de 2017.

La segunda cuestión clave que incide sobre el futuro de la oferta eléctrica es la reciente licitación que lanzó a la calle Aranguren con el fin de ampliar la capacidad de generación con un mecanismo muy particular que prevé el alquiler de pequeñas y medianas usinas por un plazo de 10 años y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.

La convocatoria—que es piloteada por la CAMMESA—apunta a incrementar la oferta de generación en distintos puntos del país “para satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el próximo verano 2017, el período invernal 2017 y el verano siguiente de 2018”.

Según las reglas de juego que fijó la cartera de Energía, las ofertas para cada punto de conexión tendrán que ser, como mínimo, de 40 MW y con unidades generadoras no inferiores a los 10 MW de potencia neta.

Pese al atractivo que significa contar con los valores dolarizados y garantía de que los nuevos contratos tendrán prioridad de pago para la CAMMESA, la respuesta de los oferentes estaría por debajo de las expectativas oficiales.

Si bien la apuesta del Gobierno es incorporar por esta vía unos 1.000 MW, las primeras proyecciones que se manejan en el sector estarían indicando que no sería posible llegar a esa meta porque hay muy pocos oferentes en condiciones de poder garantizar el suministro requerido para el verano que viene.

Además, para la mayoría de los interesados en el negocio, resulta muy corto el cronograma fijado para el armado de las ofertas.

En principio, la presentación de las ofertas está agendada para el 9 de mayo. Pero ante los pedidos de prórroga de varias empresas, lo más probable es que los funcionarios de Energía terminen estirando el plazo hasta los primeros días de junio.