Alfonso Prat Gay mandó al caer la tarde a la Cámara de Diputados el "proyecto" de ley para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y pagarle a los fondos buitres lo acordado en el tribunal de Thomas Griesa, que representa una ganancia fenomenal para los denominados fondos buitres que lidera Paul Singer.

Sin embargo, el articulado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no detalla los contratos de emisión de bonos y le pide al Congreso habilitar endeudamiento sin límite. 

El texto llegó a los despachos de los diputados de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, que mañana fueron convocadas a las 11 para recibir a Alfonso Prat Gay con la "explicación" de esta propuesta. 

El proyecto de ley enviado por Prat Gay no contiene los contratos para la emisión de los bonos, ni el detalle de lo acordado con los holdouts y tampoco fija un techo a la emisión de deuda.

Pero los diputados que recibieron este articulado en sus casillas de correo electrónico no tenían claro si había sido presentado formalmente como proyecto de ley, sobre todo porque no estaba acompañado por anexos con el detalle de los gastos. 

O sea, nadie descartaba que se trate de un bosquejo que pueda modificarse desde el Poder Ejecutivo, algo imposible una vez que pasa mesa de entradas del Congreso. 

Como explicó LPO, el diputado del PRO Luciano Laspina intentó el miércoles convocar a la Comisión de Presupuesto para hoy, sin tener el proyecto sobre la deuda. El FpV le aclaró que el reglamento se lo impide y Prat Gay prometió que hoy estaría la documentación completa en el Congreso. Pero solo llegó en parte y a algunos despachos. 

Semejante negligencia enfureció a los diputados del FpV y a Sergio Massa, quien ayer le había pedido expresamente a Prat Gay incluir la letra chica en el proyecto. Parece que a Macri no le termina de convencer la idea.  

Massa y sus economistas luego de la reunión que tuvieron con Prat Gay.

Frente Renovador

El proyecto, como se conoce hasta ahora, plantea la derogación de la ley de Pago Soberano (Ley 26.984) y las leyes de Reestructuración de la Deuda (26.547 y 26.886) y también la modificación de la ley Cerrojo (26.017). Es el combo que necesita para poder emitir deuda con la que cancelar los acuerdos alcanzados con los holdouts.

La iniciativa otorga al Ministerio de Hacienda y Finanzas todas las facultades necesarias para "la normalización de los servicios de la deuda pública" y da por ratificados todos los acuerdos que, de ahora en más, Hacienda pueda pactar con los holdouts que aun no tengan sentencia ni preacuerdo respecto de la oferta presentada por el Gobierno el 5 de febrero en Nueva York. Es decir casi una carte blanche para que hagan lo que quieran.

A cambio, el Poder Ejecutivo se compromete a informar semestralmente al Congreso "el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación", sin mayores precisiones. A falta de Ley Cerrojo que diga que no va a haber mejor oferta para futuros juicios, el proyecto trata de fijar un límite al otorgar al Ministerio la potestad de ofrecer a "los Tenedores de Títulos Públicos Elegibles" el total del capital adeudado más un cincuenta por ciento, que denomina "oferta base", o bien a los bonistas "Pari Passu" el 70% del reclamo legal, tengan o no tengan sentencia a favor.

El proyecto de ley faculta al Ejecutivo a emitir deuda "hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses y/u otras monedas que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley", es decir que, formalmente, el endeudamiento no tiene techo. 

A su vez, el proyecto de ley, de ser aprobado, facultaría al Ejecutivo a emitir deuda "hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses y/u otras monedas que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley", es decir que, formalmente, el endeudamiento no tiene techo. 

Hasta ahora el Gobierno logró acuerdos por el 60% de la deuda defaulteada en 2001 y no reestructurada ni en 2005 ni en 2010. Son unos 7.550 millones de dólares a cancelar antes del 14 de abril.

De todos modos, el mismo proyecto faculta al Ministerio a aplazar los vencimientos de los acuerdos y a designar, sin concurso ni licitación, los bancos y entidades financieras que actúen como intermediarios.

Como ya trascendió, el JP Morgan, antiguo empleador de Prat Gay, será de la partida; así como el HSBC que metió funcionarios en varias áreas críticas del gobierno de Macri.

Llama la atención el artículo octavo que autoriza al Ministerio a "incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjero, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de la jurisdicción que se prorrogue", aunque luego enumere una serie de bienes que conservan la inmunidad soberana. Redactado así, parece un cheque en blanco.