Según las versiones conocidas en los primeros días de diciembre, hubo un sorprendente apoyo del Fondo Monetario Internacional a la gestión del INDEC. Al margen de ello, es indudable que este año en lugar de la esperada recuperación de la mejor tradición de las estadísticas públicas en el país lo que hemos tenido es la consolidación de su estrepitosa caída.

Hacer un repaso en la materia no puede menos que producir congoja. No basta con recordar el maltrato a que se sometió al personal de la institución rectora en la materia, el INDEC, encubierto durante 2006 y desembozado desde el comienzo de 2007. Es necesario agregar el ocultamiento permanente de información o su manipulación en variados campos. Por empezar en el conjunto de las estadísticas directamente vinculadas con el Indice de Precios al Consumidor, como la pobreza y la indigencia y en las estimaciones referidas a la generación de riqueza que requieren de otros indicadores complementarios incluyendo al IPC.

En estos años, desde fuentes oficiales, se fantaseó con un número de empleos creados cuyo origen nunca pudo ser verificado (se habló de cinco y hasta de seis millones de empleos nuevos). Se imaginó un crecimiento del empleo industrial en la década del que se dijo, sin el menor rubor ni pudor, que sumaba una cuantía que en verdad rondaba la suma del empleo industrial actual (como si en 2002 no hubiese ningún trabajador en la industria). Se manipuló también la información del área de vivienda para “inflar” la cifra de nuevas unidades.

Lo que no se dibujó fue quitándose de la luz pública. Disminuyó sensiblemente la provisión de información estadística a partir de la estatización del sistema jubilatorio. Pese a eso, además, hace dos años que no se da información de la Secretaría de Seguridad Social. Fue pésimo el relevamiento agropecuario que debió completarse en 2008 cuyos resultados –dicen los especialistas- son poco menos que inutilizables. Fue preocupante la preparación y el desarrollo del Censo de Población de 2010 cuyos resultados también son motivo de serios reparos por parte de demógrafos y otros especialistas. Y la lista puede continuarse.

Este año a todo esto se le agregaron tres componentes en la dirección equivocada. En enero se anunció la desactivación del IPC y su reemplazo por el IPCNU. Con ello se eludía dar cuenta del desacreditado índice dibujado desde 2007 con la idea de empezar de cero. Los meses iniciales parecían despertar alguna esperanza. Sin embargo la ausencia de metodología e información básica elemental, como las canastas de los bienes y servicios incluidos y los precios iniciales de la serie tanto a nivel agregado para el país como a nivel de las seis regiones que lo componen, quitó seriedad a la novedad. Dos elementos adicionales terminaron de dar por tierra con este nuevo índice: fue presentado por las mismas autoridades que perpetraron la eliminación de la seriedad que era propia de las estadísticas públicas en Argentina; además, con el correr de los meses, las estimaciones se han alejado ostensiblemente de las que resultan de otras fuentes, tanto de carácter público como privado.

Un segundo aspecto relativo a las novedades estadísticas de 2014 se vincula con la información sobre la actividad económica y su dinámica. Durante años aparecieron dudas sobre las estimaciones oficiales en la materia que eran desestimadas por el gobierno nacional. También casi de la noche a la mañana se informó, primero, que las estimaciones sobre 2013, que venían girando en torno del 6% anual eran de apenas la mitad de tal magnitud. Ese anuncio fue considerado como el intento de evitar pagar el cupón PBI de la deuda externa antes que el reconocimiento de los grandes “errores de cálculo” previos.

Semanas más tarde se supo que había una nueva serie de Producto con base en el año 2004 que se iniciaba con una inexplicable elevación del 20% en el año base. Los datos del crecimiento desde entonces daban crédito de las críticas previas pues mostraron una baja de diez puntos porcentuales en el incremento acumulado en un decenio. La novedad carece también de una metodología que diese sustento satisfactorio a la nueva medición de las Cuentas Nacionales. En esa estimación aparece un supuesto 52% de participación salarial en 2013 cuyo detalle se desconoce en materia de empleo sectorial y de composición de los ingresos salariales públicos y privados y según se trate de trabajadores protegidos o precarios.

La frutilla del postre, hasta ahora, está en la información de la Encuesta Permanente de Hogares. No es este el lugar para una exposición técnica detallada. Digamos sólo que luego del desplazamiento del personal que históricamente llevaba adelante el operativo (el relevamiento, su procesamiento, su difusión) hubo un período de “secuestro” de la información que duró casi tres años.

Fue necesario que se hiciera una presentación judicial por parte de un amplio número de instituciones e investigadores encabezados por el CELS para que “aparecieran” las bases de microdatos. Según se supo luego con la recuperación de los datos de EPH, en ese lapso se habría producido un extraño incremento del empleo a fines de 2008 -luego de casi un bienio de estancamiento-, justo en momentos en que el gobierno operaba acciones para evitar la pérdida de empleo (facilidades para la compra de bienes de consumo –autos, motos, heladeras- y medidas para evitar despidos –REPRO). En los años posteriores, las sospechas sobre eventuales manejos de la información no sólo no desaparecieron sino que se acrecentaron cuando por ejemplo empezaron a proporcionarse datos según los cuales los trabajadores precarios (“en negro”) aparecían con incrementos en sus ingresos medios superiores a los de los trabajadores protegidos.

En los últimos trimestres informados, además, se da cuenta de una aparente traslación de los datos del Censo de 2010 para la estimación de los valores absolutos de diversas variables socioeconómicas como el empleo y el desempleo. Mientras se informa que hay caída en las tasas de actividad y de empleo (que implicarían desaliento y destrucción de puestos laborales) no hay bases ciertas para determinar la evolución del volumen absoluto del empleo o del desempleo.

La síntesis podría consistir en afirmar que tras ocho años no sólo no se ha perseverado en el camino de mejoramiento de las estadísticas oficiales sino que se siguen acumulando evidencias de tropelías mayores.

La tarea de reconstrucción de las estadísticas de los próximos gobiernos es de dimensiones insospechadas y pareciera que aún ni la población ni la dirigencia política han tomado debida nota al respecto.