Justicia
Nueva maniobra del Gobierno para colonizar Casación y garantizarse impunidad
Busca nombrar cuatro camaristas en el máximo tribunal para causas de corrupción. La complicidad de la UCR.

Cristina Kirchner está a punto de generar un nuevo escándalo en la Justicia con una maniobra destinada a controlar la Cámara Federal de Casación Penal con magistrados afines. Se trata de una artimaña que tiene como objetivo asegurarse la impunidad en el futuro ya que Casación es la máxima instancia para definir las causas de corrupción que acorralan a varios funcionarios.

La Presidenta empezó el año con la idea de acomodar la Justicia todo lo posible para aminorar los malos momentos que le esperan cuando deje el poder. Para eso nombró a los camporistas Eduardo "Wado" De Pedro y a Julián Álvarez en el Consejo de la Magistratura con el objetivo de destrabar el nombramiento de jueces -si es posible- en beneficio propio.

De Pedro y Álvarez son quienes tramaron la maniobra destinada a cubrir las cuatro vacantes que hay actualmente en la Cámara de Casación Penal, mediante una polémica y más que sospechosa elección de jurados para evaluar a los postulantes, donde además de Casación se cubrirán vacantes en juzgados de primera instancia Laboral, de Instrucción, Tribunales Orales y juzgados federales del interior.

La elección de los jurados para los concursos públicos se realizó mediante “sorteo público” el 12 de junio pasado en la Comisión de Selección y Escuela Judicial, que preside De Pedro. Según informó la Magistratura, “el sorteo se realizó sobre la base de la lista aprobada por el Plenario (…), que al momento cuenta con 1.595 profesores de universidades nacionales”.

A juzgar por los resultados, el kirchnerismo tuvo mucha suerte en la elección de los jurados del Concurso Nº 281, el que decidirá sobre los nuevos integrantes de Casación. De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial del Consejo y en el del Poder Ejecutivo, los elegidos como jurados titulares son Alejandro Slokar, Julio Virgolini, Vicente Aznar y Julio Diego Rodríguez Paz.

El primero es un reconocido militante kirchnerista, ideólogo de Justicia Legítima y muy cercano a Raúl Zaffaroni. El año pasado, el kirchnerismo intentó colocarlo como presidente de la Cámara de Casación, pero fracasó. Slokar es integrante de la Sala II de Casación, lo que supone otra irregularidad ya que deberá evaluar a sus futuros colegas. La suplente de Slokar es otra camarista cercana al kirchnerismo: Ángela Ester Ledesma. Ambos integran la “sala narco”, conocida así por los innumerables fallos a favor de acusados por narcotráfico.

En tanto, Virgolini es nada menos que el abogado del ministro de Planificación Julio de Vido, uno de los funcionarios nacionales más complicados en casos de corrupción, que acumula más de veinte causas penales. Aznar es un abogado cordobés de larga trayectoria, mientras que Rodríguez Paz es desconocido en la Magistratura.

La obsesión por Casación

La Cámara de Casación tiene una importancia estratégica ya que la Corte Suprema de Justicia decidió tiempo atrás que sólo tomará juicios penales para definir cuestiones de derecho pero no de prueba, donde se define la culpabilidad de los imputados. Es decir que todos los juicios de corrupción que se tramitan en tribunales orales y juzgados federales del país terminan en Casación para definir las cuestiones de prueba, las que finalmente pueden definir si un funcionario va o no preso.

Nueva maniobra del Gobierno para colonizar Casación y garantizarse impunidad

Actualmente, la Cámara tienen cuatro vacantes cubiertas por jueces de Casación y Luis María Cabral, integrante de un tribunal oral y ex presidente de la Magistratura, además de reconocido antikirchnerista. La mayoría anti K de la Cámara es la que decidió esa forma de integración y resistió la designación de jueces subrogantes que intentó en su momento el kirchnerismo, en su primer embestida para colonizar este tribunal clave. Es por eso que ahora Cristina quiere designar a los integrantes fijos, lo que le garantizaría injerencia en todas las causas de corrupción bastante más allá del final de su mandato.

Los jueces de Casación son los cargos más importantes del Poder Judicial después de los ministros de la Corte y en términos políticos la importancia es quizás igual o mayor ya que son el último filtro de las causas que pueden enviar a los funcionarios a la cárcel. Si el plan del Gobierno avanza y puede digitar el concurso para poner magistrados afines, el kirchnerismo estaría cerca de controlar por lo menos tres de las cuatro salas de la Cámara, designar a su presidente y conseguir así la llave de la impunidad.

Se trata, en definitiva, de un escándalo mucho mayor del que por semanas ocupó la atención de la oposición: el del fiscal José María Campagnoli.

Sospechas de un acuerdo

El Consejo de la Magistratura tiene desde hace años una paridad total entre oficialistas y opositores que lo condujo a una paralización casi total. La primera misión de De Pedro y Álvarez fue romper esa paralización a través de diferentes acuerdos con los legisladores de la oposición y los jueces y abogados que no responden a la Rosada.

Es por eso que en las últimas semanas se aceleró la designación de magistrados y hasta los procesos de juzgamiento. Incluso, se comenta que los camporistas intentaron sin éxito negociar con el radicalismo un jury contra Norberto Oyarbide a cambio de tener los votos para destituir a Claudio Bonadío, que acorrala a Amado Boudou, Ricardo Jaime y otros kirchneristas.

Lo notable de esta fracasada gestión es que revela el nivel de diálogo que los camporistas ya alcanzaron con sus pares del radicalismo.

En el caso del sorteo para designar a los jurados de los futuros integrantes de la Casación, donde el kirchnerismo logró poner a los jurados afines, también sobrevuela la sospecha de un acuerdo los radicales, que siempre atentos a las cuestiones "institucionales" en este gravísimo caso mantuvieron un silencio atronador. 

Son dos los legisladores de la UCR  que integran la Magistratura: el senador Mario Cimadevilla y el diputado Oscar Aguad. Ambos inicialmente negaron a LPO tener conocimiento del llamado a cubrir esas vacantes y la designación de Slokar y el abogado de De Vido como jurados, pese a que estas decisiones habían sido tratadas en el organismo que integran y publicadas en su página web. 

Luego, ante la insistencia de este medio que les hizo saber de la documentación pública que confirmaba estas desiciones, negaron de plano la posibilidad de un acuerdo con el kirchnerismo.

“No sólo no vamos a acordar nada sino que ni siquiera queremos que esos concursos pasen, porque luego no sabemos ni como fueron evaluados los aspirantes”, le dijo Aguad a este medio. En relación a la designación de Slokar como jurado, el cordobés afirmó: “No lo permitiremos de ninguna manera, porque no puede ser jurado siendo camarista”.

Aguad insistió ante la reiterada consulta de LPO que “no está seguro” que Slokar esté como jurado para el concurso de los integrantes de la Cámara de Casación porque al ser integrante de ese tribunal no puede juzgar a sus colegas. “Lo podemos impugnar”, adelantó el integrante de la Comisión de Selección que coordina los concursos.

El radical indicó que aún si el kirchnerismo digita a los aspirantes a integrar Casación “es casi imposible que le demos los dos tercios en el plenario para designarlos. Eso se tiene que decidir en el próximo Gobierno porque es la Cámara más importante del país”.

Más allá de eso, lo cierto es que las designaciones de Slokar y del abogado de De Vido como jurados del “Concurso Nº 281” ya se hizo pública e incluso fue publicada en el Boletín Oficial como indica la normativa.

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  • 1
    marcelov
    18/07/14
    18:37
    No tiene mayor importancia lo que hagan los KKs ahora, después del 10-Dic-2015 los van a sacar, limpiar y encarcelar, el futuro de esos Jueces y Fiscales traidores a su juramento es negro, muynegro
    Responder
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El kirchnerista Slokar y el abogado de Julio De Vido salieron sugestivamente sorteados para los dos jurados clave.