Amparos
El juez Gómez Fierro consideró probable que la Corte dé revés a la Ley Eléctrica
Se trata del juzgador que ha frenado los más importantes proyectos de la 4T. Defendió que sus fallos tuvieron dimensión social.

La política energética de AMLO vuelve a estar expuesta a un duro golpe, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista para atender las demandas de amparos del sector eléctrico y en opinión del juez Pablo Gómez Fierro, si no hay cambios en las posturas de las y los ministros, es esperable que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), quede sin efectos. 

El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa -y uno de los que más ha puesto freno a las iniciativas de la 4T-  explicó ante actores del sector energético y de infraestructura, que si se replica la votación a favor de empresas.

"Según mis cuentas y si todavía no ha habido ningún cambio, me parece que podrían salir los asuntos", señaló al ser cuestionado sobre este tema en el marco del Foro Nacional de Energía e Infraestructura del IMEF. Y si bien matizó que no es una regla y podrían pasar muchas cosas, al hacer un recuento de los votos, al menos seis ministros podrían apoyar los amparos.

Nuevo golpe de la Corte a la 4T: ahora también podrían fallar contra la Ley Eléctrica

"Es solo una análisis de lo que vi en el pleno", dijo al considerar que a favor de la constitucionalidad en la primera sala habría tres: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat y Jorge Mario Rebolledo. En la segunda mencionó a Luis María Aguilar y Javier Laynez Potisek. Sin mencionar la posición de la ahora presidenta de la Corte, Norma Piña.

Vale recordar que en abril del año pasado la Corte falló por la constitucionalidad de la ley -cuestionada por la oposición, sector privado y la Cofece- gracias a los votos a favor de Arturo Gutiérrez Ortiz-Mena, Yazmín Esquivel, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz.

A pesar de este fallo, la ley no obtuvo luz verde debido a los amparos recibidos por la justicia y sobre los cuales el juez Gómez Fierro falló a favor de los demandantes,  lo que lo puso en el centro de las críticas de la 4T, pues no solo llevó estos temas, sino también el proyecto en materia de comunicaciones conocido como PANUT y un amparo a favor de Iberdrola que la salvó del pago de una multa de hasta 10 mil millones de pesos a la CRE. Por estos y otros casos, López Obrador exigió una investigación en su contra.

El juez Gómez Fierro consideró probable que la Corte dé revés a la Ley Eléctrica

Durante su ponencia de este miércoles, el juez explicó ante empresarios y analistas, que el criterio para tomar el fallo a favor de las miles de demandas de amparo que asegura que recibió por la LIE y previamente contra el Acuerdo de confiabilidad, es que los motivos del gobierno "no eran razones válidas".

En ese sentido, explicó que las motivaciones del gobierno eran unos apagones y la falta de confiabilidad por la intermitencia, "nos dimos cuenta que no eran razones válidas para emitir esa medida porque los apagones no tenían fundamento en las centrales renovables; y en segundo lugar si bien esas centrales son intermitentes son predecibles y se puede saber en un grado de certeza muy alto cuánta energía se va a producir en determinado momento".

Además, defendió que valoró como derechos la libre competencia y concurrencia, además del beneficio a los consumidores finales, temas económicos y medioambientaes. "No es un derecho individual o propiamente de los agentes económicos, sino que tiene una dimensión social", dijo.

"Si la libre concurrencia tiene una dimensión individual; pero prioritariamente colectiva, porque protege al consumidor, debemos de poner en el centro al consumidor. Si yo concedo el amparo solo a un agente económico, yo mismo voy a producir el efecto adverso que quiero mitigar", dijo el juez, refiriéndose a no generar ventaja para un participante, como asegura que pretendía ley al beneficiar solo a CFE.

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Ahora que la Corte atrajo el caso para fijar sentencias, el juez detalló que una vez que se discuta, deberá regresar a los tribunales para que resuelvan en definitiva el total de las demandas, dejando sin efectos esta ley.

Por parte del gobierno, la alternativa que le quedaría sería volver a lanzar una reforma en la materia. En octubre del año pasado, López Obrador descartó la necesidad de lanzar otra iniciativa, confiando en que la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de la ley, era más que suficiente.

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