El gobierno de Kicillof apura en la Legislatura un proyecto para regular a las empresas Rappi, Pedidos Ya y otras apps de delivery. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado y ahora el Frente de Todos apura su tratamiento en comisiones de Diputados.

A última hora del viernes, la Cámara Baja convocó a cuatro comisiones en conjunto para este martes. Son Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La estrategia del oficialismo es lograr allí un dictamen para bajar el proyecto al recinto en la próxima sesión.

El proyecto -impulsado en el Senado por Omar Plaini- establece la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en Aplicaciones. Allí, las empresas empleadoras tendrán la obligación de inscribir tanto a sus trabajadores, como los vehículos utilizados.

En tanto, a partir de ese registro el gobierno podrá identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores. La idea es poder controlar los derechos laborales de los miles de personas que circulan en moto o bicicleta .

Esto obliga a los empleadores y prestadores (aplicaciones móviles incluidas) a inscribir a sus trabajadores, quienes deberán poseer un certificado para realizar la actividad.

Gustavo Menéndez, Omar Plaini y Francisco Echarren.

Aglaplata

Además les exige a las empresas contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para sus trabajadores. Incluso le permitirá al gobierno conocer el horarios de trabajo de los repartidores.

"Nos hubiese gustado que desde el gobierno tomen en consideración nuestra opinión sobre el tema. Somo muchos los compañeros que intentamos organizar el sector. Sin embargo, no nos tuvieron en cuenta", dijo a LPO, Mauro López, secretario general de la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI)

Ese armado sindical está en plena etapa de formación y ya realizó las presentaciones ante el ministerio de Trabajo para lograr la personería gremial. El problema, explica, es que el propio gobierno se resiste a considerar como trabajadores a los repartidores.

"Nos sorprende que no nos hayan invitado a la reunión de comisiones en la Legislatura. Junto con el Estado y las empresas, somos una pata más del sector", dijo López y agregó que el Estado desconoce la situación que atraviesan los trabajadores.

Diputados liberales salieron a cuestionar el proyecto. "Apoyamos totalmente a los repartidores. La ley que quieren aprobar y tratar es completamente delirante, dejaría a más de 20.000 personas sin trabajo", dijo el diputado Nahuel Sotelo, quien responde a Javier Milei. Por el mismo camino fue Guillermo Castello: "El proyecto es un ejemplo de odio a la libertad y amor a la burocracia. Extermina los deliverys y va a dejar 25.000 pibes sin trabajo. Vamos a intentar pararlo", dijo.

En 2021, el gobierno provincial avanzó con controles en vía pública y detectó que más del 50% trabaja más de 9 horas por día y que el 70% lo hace casi siete veces a la semana.

Para el gobierno la relación entre las empresas y trabajadores debe encuadrarse en una relación de dependencia. Hoy, quienes realizan las entregas están inscriptos en el monotributo.

Sin embargo, desde ASRI cuestionan ese trabajo porque aseguran que no tuvieron en cuenta a las organizaciones sindicales que se están conformando y que podrían haber aportado su estructura para que la cantidad de entrevistados sea muy superior.

"Lo hicieron solos y apenas encuestaron a 172 trabajadores. Nosotros podríamos haber sumado muchos más", explican.

Días atrás, el gobierno provincial denunció a Rappi y Pedidos Ya por un "gasto oculto" que esas dos empresas cobran a sus clientes. Según la cartera de Producción, se trata de un "costo" adicional empresario que se traslada a los consumidores y que viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Se trata de la llamada "Tarifa de servicio", que suele ser menor a $ 100, pero que se suma al precio del producto solicitado por el cliente, como también al costo de envío.

Desde provincia aseguran que ese cobro adicional resulta una "práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios". Además de una presentación judicial, el gobierno les impuso -tanto Rappi como Pedidos Ya- una multa de $ 400 millones en territorio bonaerense.

Las empresas explicaron que la tarifa por servicio corresponde al mantenimiento, desarrollo y actualización tecnológica de la plataforma por la cual los clientes realizan los pedidos en los comercios.