El senador kirchnerista Oscar Parrilli denunció la inacción del gobierno nacional ante la expansión del empresario macrista, Nicolás "Nicky" Caputo, en el sector eléctrico, que lo ubica en el área metropolitana al borde de la posición dominante, como anticipó en exclusiva LPO.

Parrilli presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que de una respuesta sobre el "inesperado cambio de control de las empresas de generación eléctrica conocidas como Central Costanera y Central Dock Sud", ambas compradas por Central Puerto, empresa en la que tiene una injerencia determinante elñ hermanod el alma de Mauricio Macri.

El legislador neuquino consideró "alarmantes y graves" las informaciones sobre la venta de las principales generadoras eléctricas de la Argentina. 

Denunciaron a Nicolás Caputo por la compra a Central Costanera

El senador kirchnerista mencionó el anticipo de LPO sobre la operación de compra venta de Central Costanera.  Tal como contó este medio Caputo dio un paso central en su plan de expansión en el sector eléctrico al comprar las centrales que tenía la italiana Enel. Se trata de una jugada que le permite apostar a un regreso de Juntos al Gobierno que instrumente un tarifazo y multiplique varias veces el valor de activos que hoy logra sumar a precios de remate.

Central Puerto, la generadora que Caputo controla junto a Guillermo Reca, se quedó con la mayoría accionaria de Central Costanera y también con la porción accionaria que tenían los italianos en la Central Dock Sud. El gobierno intentó frenar la operación, pero como había anticipado LPO, no tienen margen regulatorio para trabarla.

Ni la comisión de Defensa de la Competencia ni el ENRE podrían ser ajenos a una transacción de esta envergadura y naturaleza, que por la concentración que produce en ese mercado, a todas luces impacta negativamente sobre la competitividad del segmento generación, convirtiéndolo en prácticamente monopólico o, al menos, con un grado de concentración pernicioso para el normal funcionamiento del mercado.

En su pedido,  Parrilli sostuvo que, de confirmarse estas transferencias, "se generaría una flagrante violación tanto a la Ley de Defensa de la Competencia como a los principios legales del Régimen de Regulación de la Electricidad, ya que se producirá una fuerte concentración con potencial de efecto negativo sobre el sistema y que, de verificarse, redundará en un seguro perjuicio para los usuarios de servicios eléctricos".

Para el ex secretario General de la Presidencia durante los 12 años kirchneristas, la situación "se agrava más aún por los hechos que rodean la transacción". En tal sentido, menciona que "la presunta compradora y nueva controladora" sería "una sociedad unipersonal controlada por Central Puerto S.A. y, por lo tanto, indirectamente por los accionistas de control de esta última, entre los que se mencionan recurrentemente a los señores Nicolás Caputo, la familia Miguens-Bemberg, el grupo Escasany y Guillermo Reca".

Además, denunció la posibilidad que "la transacción se dé por consumada y concluida, sin mención alguna a la actuación que le pudiera haber cabido a organismos de control de actuación obligatoria, como lo son esa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como así también el ENRE, de consulta obligatoria en este tipo de transacciones".

Los macristas Nicky Caputo y Gabriel Martino.

La consulta de Parrilli se dirigió a Defensa de la Competencia pero se extendió también al ENRE, así como a la Secretaría de Energía de la Nación. 

Fue primicia de LPO: Caputo se quedó con Central Costanera y lo denuncian en Defensa de la Competencia

Parrilli sostuvo que ni la comisión de Defensa de la Competencia ni el ENRE "podrían ser ajenos a una transacción de esta envergadura y naturaleza, que por la concentración que produce en ese mercado, a todas luces impacta negativamente sobre la competitividad del segmento generación, convirtiéndolo en prácticamente monopólico o, al menos, con un grado de concentración pernicioso para el normal funcionamiento del mercado".

Por ello, está convencido de que "con determinación y celeridad", esos organismos deben "requerir la totalidad de la información relativa a esta transacción, de la que poco se sabe más allá del escueto comunicado a la CNV ya referido, y a partir de contar con la misma ejercer las funciones que le competen por la Ley 25.156 basándose, entre otras consideraciones, en el criterio del ENRE respecto al impacto sobre la competitividad del segmento generación de la actividad eléctrica y sus potenciales efectos aguas abajo sobre los segmentos que le siguen, el transporte y la distribución".

Exigió finalmente Parrilli que la CNDC advierta "a las empresas involucradas que deben abstenerse de avanzar con la transacción hasta que la misma sea analizada y, en su caso aprobada o no por la CNDC en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia".