El Partido Popular también quiere montarse en la enorme burbuja del hidrógeno verde, el vector renovable al que se aferran España y Europa en sus planes de descarbonizar para 2030 de sus sistemas productivos e industriales.
Los populares exigen aprobar una "Ley de Hidrógeno" para poder disponer, cuanto antes, de "un marco jurÃdico claro, concreto y preciso que dote de seguridad jurÃdica y certidumbre a los inversores".
En las últimas horas, registraron dos proposiciones no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a promover los gases renovables en España y promocionar la generación eléctrica renovable con biomasa forestal.
En su propuesta, el Grupo Parlamentario Popular insiste en la necesidad de aprobar un proyecto de ley de hidrógeno, una iniciativa que, sin éxito, viene reclamando desde mediados del año pasado.
Además del encuadre legal -argumentación principal para justificar la necesidad de esta ley-, la normativa que Génova pretende sacar adelante tiene fuertes estÃmulos al sector privado.
El borrador de la proposición de ley que en los próximos dÃas se debatirá en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Cámara Baja contempla exenciones fiscales para las empresas qua apuesten por el hidrógeno verde y más ayudas públicas para acelerar su (incipiente) producción.
El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere, por ejemplo, que el Gobierno fomente proyectos pilotos con fondos europeos, tanto en lo que se conoce como "blending" (inyectar un porcentaje de hidrógeno en la red actual de gas natural para su uso en las actuales aplicaciones) como para el desarrollo de los "valles de hidrógeno", los ecosistemas necesarios para concentrar producción y almacenamiento.
El PP también quiere que las redes que se construyan, exclusivas para el almacenamiento, transporte y distribución del hidrógeno, queden exentas de peajes, cánones y cargos, "sobrecostes" que sà asumen las redes gasistas ya existentes. La iniciativa también contempla reducir al máximo -con posibilidad de hasta evitar- las autorizaciones administrativas para su uso.
Los populares pretenden que Enagás asuma el papel de ‘gestor técnico' del uso energético del hidrógeno. Proponen, además, la creación de una sociedad mercantil que ejerciese de operador del sistema, y en la que pudiera participar como accionista cualquier persona fÃsica o jurÃdica.
Entre las "medidas de fomento" para la producción y el uso de este vector energético, la proposición de ley estipula "exenciones fiscales", una red de "hidrogeneras" (el equivalente a las gasolineras) en zonas estratégicas de movilidad y ensayos de viabilidad -con fondos públicos- de trenes de pila de combustible de hidrógeno, asà como la adaptación de las infraestructuras ferroviarias y portuarias a este vector de energÃa.
"Para impulsar el hidrógeno verde no basta con una Hoja de Ruta aprobada en octubre de 2020. Hay que aprobar una ley que dé seguridad jurÃdica y fomente la cadena de valor en España. Eso es lo pretendemos", defiende el diputado y portavoz de Transición Ecológica, Diego Gago.
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Por el momento, el PP tiene poco respaldo parlamentario para su "Ley de Hidrógeno". En junio, cuando puso su proyecto arriba de la mesa, cosechó muchas crÃticas, incluso de formaciones aliadas.
"Estamos hablando de una proposición de ley para una fuente de energÃa futura, muy futura. Hay que adelantarse y crear un marco jurÃdico para dar seguridad a las inversiones, pero por querer adelantarse han perdido toda perspectiva porque en realidad no existe un mercado del hidrógeno y crear un marco jurÃdico deprisa y corriendo puede crear confusión", cuestionó el diputado Julio Utrilla, de Vox.
Pilar Calvo, parlamentaria de JxCAT, criticó la "confusión" de la normativa sobre los distintos tipos de hidrógenos. En el reglamento del PP, este vector "podrá producirse a partir de electricidad procedente de fuentes renovables, asà como a partir de cualquier otra fuente energética", extendiendo el marco regulatorio al llamado hidrógeno gris, que conlleva emisiones de gases de efecto invernadero.
"Pareciera que se pretende regular y fomentar la producción con energÃas fósiles, que precisamente se busca superar", planteó Calvo, quien también cuestionó la "liberalización total" de este futuro mercado que promueve el PP.
A juicio de la formación catalana, esta ley podrÃa dar lugar a un nuevo "oligopolio" energético y ser un "peligro" si prospera la idea de reducir al máximo o evitar autorizaciones administrativas para su uso.
"Estamos hablado de un gas explosivo. En qué cabeza cabe que se prescinda de una autorización administrativa. Como si fuera poco, da vÃa libre si una gasista quiere crear una nueva entidad para un oligopolio", arremetió Calvo en aquel momento.
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