La Unión Europea abandonará en bloque el Tratado de la Carta de la EnergÃa, un histórico acuerdo internacional, vigente desde la década del 90 al que están acogidos 53 paÃses, que protege los intereses de la industria fósil y, por ende, limita la transición energética y los compromisos ambientales.
La resolución, impensada meses atrás, tiene un responsable polÃtico: España y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En octubre, el gobierno ibérico oficializó su salida del tratado, lo que rompió el inestable equilibrio de fuerzas que habÃa en Bruselas sobre el futuro de este reglamento.
España argumentó su postura -la imposibilidad de plasmar polÃticas ambiciosas para atenuar los impactos del cambio climático por las demandas millonarias que pueden presentar en los tribunales internacionales las empresas afectadas- e invitó a otros Estados miembros a seguir el mismo camino.
El efecto cascada fue casi inmediato: Francia, Alemania, PaÃses Bajos, Eslovenia y Luxemburgo se acoplaron a la decisión. Hasta el Parlamento Europeo se posicionó: solicitó también una "salida coordinada" al considerar que la Carta "daba mayor poder a los inversores energéticos privados para litigar contra los Estados miembro".
Presionada por los representantes de la industria fósil, un lobby muy fuerte en Bruselas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), intentó sin éxito promover una "modernización" de la Carta desde dentro del pacto.
En noviembre, la portavoz comunitaria de Comercio, Miriam GarcÃa Ferrer, llamó a una conferencia de prensa para advertir los riesgos y las consecuencias de abandonar este tratado.
Aclaró que los paÃses que formalicen sus renuncias seguirán sujetos sin cambios a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante otros 20 años.
"Tomamos nota del anuncio de varios Estados miembro de su intención de retirarse del Tratado. La Comisión Europea sigue pensando que el resultado de la modernización del proceso que se hizo en junio está plenamente en lÃnea con la transición energética y la causa del cambio climático", indicó, en aquel entonces, la portavoz.
Este lunes, sin embargo, la CE elaboró un documento interno, al que tuvo acceso LPO, asumiendo la "inevitable" retirada coordinada del Tratado de la Carta de la EnergÃa ante "la falta de una mayorÃa cualificada" entre los Veintisiete para aprobar el texto modernizado.
"El Tratado no modernizado no está en consonancia con la polÃtica de la UE en materia de protección de las inversiones ni con el Pacto Verde Europeo", explica el escrito. Y sentencia: "La renegociación del resultado del proceso de modernización no no parece factible".
El texto advierte que "la protección otorgada por el TCE no modernizado a las inversiones en combustibles fósiles, incluidas las nuevas inversiones, por un perÃodo de tiempo, no está en consonancia con el Acuerdo de ParÃs, por lo que socavarÃa claramente los esfuerzos de la UE para descarbonizar su combinación energética y lograr la neutralidad climática para 2050".
"Los servicios de la Comisión consideran la opción 1 (retirada coordinada) como la opción más adecuada, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de este debate", reza el escrito.
Desde hace años, los movimientos sociales y los colectivos ecologistas -determinantes por su obstinada lucha en este desenlace- vienen denunciando que la protección que ofrece este tratado se utilizó para litigar contra los Estados de la UE que más han intentado avanzar en polÃticas climáticas. Algunos ejemplos: la prohibición de extracción de combustibles fósiles, la denegación de nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energÃas contaminantes han sido objeto de demandas millonarias, en su mayorÃa en trámite.
El Estado español es, actualmente, el más demando en Europa por el "paraguas protector" que ofrece este tratado: varios fondos de inversión reclaman un total de 8.000 millones de euros. Los litigios, en su mayorÃa, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.
La salida de la Carta de la EnergÃa no libra al Gobierno de una millonaria indemnización a Toyota
La salida en bloque, de confirmarse, romperÃa la "cláusula de caducidad" (artÃculo 47.3 del TCE), que, aún en las "retiradas unilaterales", permite a las empresas seguir demandando a los paÃses por inversiones afectadas anterior a la fecha de salida y por un lapso de 20 años.
Un ejemplo: Italia, que abandonó este tratado en 2016 por cuestiones presupuestarias (para dejar de pagar el canon correspondiente), sufrió un duro revés judicial en agosto. Un tribunal arbitral condenó al paÃs vecino a pagar una millonaria indemnización a una compañÃa petrolera británica, afectada en 2015 por la prohibición de nuevos proyectos de petróleos.
"La cláusula en verdad sigue vigente. Pero la Comisión Europea recomienda que ante una salida en bloque se llegue a un acuerdo para que no se active entre los Estados miembros de la UE. Igual, como es algo inédito, reina un gran grado de incertidumbre sobre cómo se va a instrumentar esta salida", explica en diálogo con LPO Marta GarcÃa Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.
La nota de la Comisión sugiere que "las demandas futuras pueden ser limitadas porque la mayorÃa de las inversiones en energÃa en la UE son realizadas por empresas de la UE".
"La Comisión se ha quedado sola en sus intentos de modernizar el TCE. Ha llegado el momento de que acepte la realidad e inicie la salida coordinada del TCE, tal y como han solicitado algunos gobiernos, el propio Parlamento Europeo y el conjunto de la sociedad civil", subraya.
El documento de la CE detalla los pasos a seguir para formalizar la ruptura: la retirada de la Unión Europea del TCE requiere la adopción de una decisión del Consejo, junto con las bases jurÃdicas sustantivas pertinentes y la aprobación del Parlamento Europeo.
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